Unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este jueves 22 de octubre por el centro de Madrid para defender la enseñanza pública y exigir al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una negociación sobre las reivindicaciones del profesorado. Docentes, estudiantes y familias han vuelto a salir a la calle en la séptima jornada de huelga indefinida, con una marcha que ha partido de Atocha a las seis de la tarde y se ha dirigido hacia la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá. La cifra oficial ha sido difundida por la agencia EFE.
La protesta ha contado con un coro rociero como respuesta al desprecio de Ayuso, que utilizó esa expresión para descalificar a los docentes movilizados. El profesorado ha convertido sus palabras en una forma de reivindicación para dejarle claro que no se amilana ni se dejará amedrentar por las descalificaciones de la presidenta o de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, cuya dimisión han exigido. La respuesta mantiene el foco en las reivindicaciones pendientes: respeto a la comunidad educativa, más recursos para la enseñanza pública y una negociación con el comité de huelga.
La movilización mantiene la presión sobre el Gobierno regional después de una semana de paros, protestas y enfrentamiento institucional. Desde el inicio de la huelga, el pasado 14 de octubre, los convocantes reclaman cambios en las condiciones de trabajo y en los recursos de los centros que consideran imprescindibles para mejorar la atención al alumnado. UGT Servicios Públicos Madrid, CCOO y las demás organizaciones del comité sostienen que los compromisos de la Administración resultan insuficientes.
«Es hora de sentarse a negociar»
El manifiesto del Comité de Huelga ha situado en el centro de la protesta la exigencia de diálogo con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. «consejera Zarzalejo, nuestras reivindicaciones siguen sobre la mesa. Es hora de sentarse a negociar», recoge el texto, que agradece el esfuerzo de quienes sostienen los paros y el acompañamiento de familias y estudiantes.
El comité cifra el seguimiento de la huelga en un 50 %, una estimación de los convocantes que corresponde a la participación en el paro laboral y debe distinguirse de las 20.000 personas contabilizadas por Delegación del Gobierno en la manifestación de esta tarde.
Para sus representantes, la continuidad de las movilizaciones demuestra la capacidad de organización de la comunidad educativa pese al desgaste que supone una huelga indefinida. El manifiesto califica la lucha de «histórica» y reconoce expresamente el sacrificio de quienes dejan de percibir parte de su salario para mantenerla.
«Es una lucha por nuestras condiciones de trabajo, pero también por el derecho de toda la sociedad a una educación pública, digna y de calidad», señala el comité, que llama a ampliar la participación y preservar la unidad.
Las reivindicaciones que siguen pendientes
El documento reclama una reducción de las ratios y de las horas lectivas, salarios dignos y recuperación del poder adquisitivo, más plazas públicas y plantillas suficientes. También exige reforzar la atención a la diversidad, disminuir la burocracia e incorporar más personal de apoyo.
Las infraestructuras ocupan otro lugar destacado: los convocantes piden centros seguros, dignos y bien climatizados, junto con una educación inclusiva, sin segregación y con igualdad de oportunidades.
Son las demandas sobre las que desde el comienzo del conflicto: una jornada lectiva de 17 horas en Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Infantil y Primaria, una mejora salarial de 600 euros mensuales y más medios para atender las necesidades educativas. Las organizaciones vinculan estas medidas con el tiempo disponible para preparar las clases y acompañar al alumnado.
Del «coro rociero» a una nueva respuesta en las calles
Las descalificaciones de Ayuso han tenido también respuesta durante la marcha. Algunos participantes han llevado castañuelas, peinetas y panderetas en alusión a la expresión «coro rociero» utilizada por la presidenta para referirse a los docentes movilizados. La protesta ha vuelto a reunir camisetas verdes y mensajes de defensa de la escuela pública.
Este periódico recogió el 20 de octubre la denuncia de UGT Servicios Públicos Madrid contra el trato dispensado al profesorado. La organización reprochó a Ayuso sus acusaciones contra los manifestantes y reclamó respeto institucional, la retirada de las amenazas de expedientes y la convocatoria del comité para negociar. El lema «Somos docentes, no delincuentes» resumió aquella respuesta sindical.
La manifestación de esta tarde ha incorporado asimismo el rechazo a las cargas policiales de jornadas anteriores. El miércoles, la Delegación del Gobierno anunció una investigación sobre la intervención de la Policía Nacional durante la protesta del lunes 19 junto al Palacio de Santoña. La responsabilidad de esclarecer esa actuación corresponde a la Administración estatal, mientras las reivindicaciones educativas se dirigen al Gobierno autonómico.
El comité ha cerrado su manifiesto con un llamamiento a sostener la movilización: «Que no decaiga la fuerza y que no se apague la movilización». Después de otra marcha multitudinaria, su petición a la Consejería sigue siendo la misma: abrir una negociación que aborde las condiciones laborales del profesorado y las necesidades de la enseñanza pública madrileña.
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