El milagro español se transforma en pesadilla. El horrible accidente de Adamuz y los sucesivos descarrilamientos de trenes de Rodalies en Cataluña han puesto sobre la mesa las graves carencias en las infraestructuras de nuestro país. Que Óscar Puente haya dado la orden de reducir la velocidad en el AVE, de 300 kilómetros por hora a 160 por razones de seguridad, lo dice todo y es un síntoma claro de que España avanza al tran tran o incluso retrocede en el tiempo. Y lo peor es que todas esas goteras no solo se manifiestan en los transportes públicos, también en la sanidad, en la escasez de vivienda, en las carreteras principales y secundarias llenas de baches, en la educación y en otros pilares esenciales del Estado de bienestar. Han saltado todas las alarmas.
Durante décadas, la marca España se había proyectado como uno de los grandes logros de la Europa democrática: un modelo político descentralizado capaz de garantizar movilidad, salud, educación y servicios públicos universales. Sin embargo, en los últimos años han empezado a aparecer fallos sistémicos cada vez más visibles. Sobre todo, después de la pandemia. La plaga de coronavirus supuso un recorte importante en todos los departamentos y, pese a la caída del jugoso maná de los fondos europeos Next Generation, la triste realidad es que el Estado español no ha conseguido alcanzar los niveles de bienestar de los tiempos de prepandemia. El Gobierno de Sánchez ha hecho un esfuerzo importante, pero no ha sido suficiente para reparar las grietas y fisuras, los desconchones, las goteras.
El resultado es una sensación creciente en la opinión pública de que el modelo, tal como fue concebido, ya no responde con la misma eficacia a las necesidades de una sociedad que se ha transformado a un ritmo de vértigo. Una sociedad más necesitada de un Estado fuerte y potente, más exigente. Más allá del discurso de la extrema derecha, que con su demagogia populista para alimentar el odio y la rabia intenta trasladar la percepción de que vivimos en un Estado fallido donde nada funciona, es cierto que el país adolece de un urgente y ambicioso programa de inversiones públicas para ponerse al día. La España de hoy ya no es la España de los prodigiosos años noventa, cuando las Olimpíadas de Barcelona y la Expo de Sevilla nos colocaron a la vanguardia de Occidente y el mundo rico. La población ha crecido notablemente, las grandes ciudades han aumentado de tamaño, la vida en la sociedad del intercambio y la información es mucho más compleja y los servicios no se han reforzado en la misma proporción. El ejemplo de la infrafinanciada Cataluña, donde miles de personas sufren a diario los rigores de un transporte público obsoleto y deficiente, es el paradigma perfecto de lo que está ocurriendo. El reciente pacto de financiación para garantizar el apoyo del independentismo catalán a la estabilidad del Gobierno no parece ser la solución, más bien otro parche para seguir tirando. Es cierto que todas las comunidades autónomas ganan porque reciben más dinero, pero de alguna manera el principio de ordinalidad (quienes más aportan en función de su población, de su PIB y de la renta per cápita no deben quedar por detrás de las que menos aportan en el ranking general de financiación) viene a romper con el de solidaridad y justicia social que debería inspirar la ideología socialista o socialdemócrata. El asunto ha sido politizado al extremo y ya han aflorado las viejas guerras territoriales de siempre. Mientras tanto, los trenes siguen descarrilando y sigue muriendo gente.
Por tanto, es evidente que el sistema está al borde del colapso. Y no funciona sencillamente porque el problema del hundimiento del Estado de bienestar no se afronta desde la rencilla identitaria, el provincianismo y el egoísmo del terruño. Urge un gran plan general de inversiones públicas como el que se afrontó en los años ochenta y noventa del pasado siglo de cara a los grandes eventos históricos que catapultaron el país hacia la modernidad tras cuatro décadas de atraso por una insana y atávica dictadura. Todas las administraciones e instituciones deben sentarse en una misma mesa y hacer la radiografía del mal, diagnosticar la situación y trazar soluciones mediante las inversiones que sean necesarias. Una tarea que debe enfocarse desde el realismo, la lealtad institucional, la racionalidad y la eficacia. Faltan ingenieros y matemáticos y sobran políticos cainitas. Sin progreso no hay futuro. No es momento de caer en el victimismo estéril o en el odio entre pueblos. Hay que remangarse y ponerse a trabajar. Está todo por hacer, hasta tal punto que el choque de trenes de Adamuz es una metáfora reveladora del colapso de un Estado, el español, que por lo visto no había entrado en el siglo XXI. No es de recibo que un extremeño tarde horas interminables en llegar a Madrid en trenes tartana. No es de recibo que una negligencia en un sistema público de salud ponga en grave riesgo de contraer un cáncer a miles de mujeres, tal como ha ocurrido con el escándalo de las mamografías en la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No es de recibo que la vivienda se haya convertido en un bien de lujo, que miles de escolares sigan dando clases en barracones sin calefacción y que nuestros mejores cerebros tengan que salir del país en busca de un futuro mejor. España no puede volver a ser la África europea que empieza en los Pirineos. Ahora que estamos ultimando el lanzamiento del Miura 5, el primer cohete orbital español que dará para mucha propaganda patriotera y mucho orgullo nacional, es un buen momento para denunciar que primero se resuelven los problemas del día a día, de la vida cotidiana, de las cosas del comer, y después ya pensaremos en conquistar el espacio a ritmo de rumba y flamenco.