Ceuta intenta recuperar cierta normalidad tres semanas después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio, pero la ciudad continúa sometida a una presión extraordinaria y la crisis humanitaria se ha transformado también en una batalla política de primera magnitud. El Gobierno ha comenzado este jueves a trasladar a centenares de personas que permanecían viviendo a la intemperie en la playa del Trampolín hacia dos espacios temporales habilitados en la ciudad, con capacidad inicial para 1.800 personas y la previsión de ampliar próximamente esos recursos.
La operación comenzó a primera hora de la mañana con un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil. Una parte importante de los migrantes llevaba semanas durmiendo en tiendas improvisadas junto al mar después de la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio. Según fuentes del dispositivo, el traslado se planteó también por razones humanitarias ante la llegada de mal tiempo y las precarias condiciones en las que permanecían quienes seguían acampados en la playa.
El principal grupo, formado por alrededor de 1.200 personas de origen subsahariano, ha sido trasladado al recinto militar de Loma Margarita. Otro grupo, principalmente magrebí, ha sido conducido hasta instalaciones habilitadas en Loma Colmenar, próximas a la frontera del Tarajal. Los centros disponen de catres, aseos, agua, espacios para comer y atención psicosocial, y el Gobierno ha comenzado además un proceso de preregistro para conocer con mayor precisión quiénes se encuentran en estos dispositivos.
Hasta ahora ni siquiera existía un registro completo de muchas de las personas que permanecían en la playa. Las organizaciones sociales que colaboraron en la evacuación tuvieron que agruparlas por idiomas y explicarles el procedimiento antes de iniciar el traslado voluntario. ONG como Accem y Engloba han participado en una operación que intenta sustituir una situación de improvisación extrema por un sistema mínimo de acogida y control.
1.800 plazas son solo el principio
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado las primeras 1.800 plazas como únicamente el comienzo de un dispositivo mucho mayor. El Ejecutivo trabaja en nuevos espacios y esta misma semana había llegado a plantear la posibilidad de alcanzar las 4.000 plazas temporales.
El problema es que la magnitud de la crisis sigue superando ampliamente las capacidades habituales de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. Ceuta se enfrenta simultáneamente a necesidades de alojamiento, identificación, seguridad, alimentación, atención sanitaria y protección de menores, mientras continúa abierta la cuestión decisiva de qué hacer a medio plazo con miles de personas que entraron durante la ruptura de hecho de la frontera.
Las consecuencias sanitarias son igualmente preocupantes, aunque conviene evitar cualquier alarmismo. La Dirección General de la Policía ha distribuido recomendaciones específicas entre los agentes después de detectarse casos de sarna. Defensa ha confirmado 24 casos entre militares desplegados en la ciudad, aunque dos serían anteriores a la entrada masiva. Los agentes que participaron en el desalojo utilizaron guantes y mascarillas como medida preventiva.
La sarna no es una enfermedad grave y dispone de tratamientos eficaces, pero su aparición evidencia lo que ocurre cuando muchas personas permanecen durante semanas en condiciones de hacinamiento y precariedad. La respuesta sanitaria requiere prevención y tratamiento, no convertir las enfermedades en un argumento para alimentar el miedo hacia quienes las padecen.
El enfrentamiento político se endurece
Mientras se intenta ordenar sobre el terreno una crisis excepcional, el enfrentamiento entre Gobierno y Partido Popular aumenta.
Alberto Núñez Feijóo visitó Ceuta este miércoles acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ambos reclamaron la devolución de quienes entraron durante la crisis, incluidos los menores, y rechazaron la posibilidad de que parte de estos niños sean trasladados temporalmente a la Península mientras se encuentra una solución.
El Gobierno considera que esa propuesta no es jurídicamente posible. El ministro de Hacienda, Arcadi España, respondió este jueves que devolver indiscriminadamente a todas las personas que cruzaron la frontera, incluidos los menores, supondría incumplir la legalidad. También acusó al PP de utilizar la situación para obtener rédito político sin plantear alternativas viables.
El Partido Popular, por su parte, acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y de no escuchar suficientemente a los ceutíes. Su vicesecretaria Carmen Fúnez ha denunciado que, pese a las visitas de varios ministros durante las últimas semanas, el Gobierno no habría ofrecido soluciones suficientes a la ciudad.
La discusión sobre los menores amenaza con convertirse ahora en el siguiente gran conflicto. Cualquier solución deberá respetar las obligaciones de protección de la infancia y las garantías jurídicas individuales, algo que impide tratar automáticamente a todos los que llegaron como un único bloque susceptible de una expulsión colectiva.
Marruecos vuelve a estar en el centro
Sobre toda la crisis planea inevitablemente Marruecos.
Según la información aportada, alrededor de 80.000 personas habrían llegado hasta la frontera de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, aunque llegar a la frontera no equivale a haber conseguido entrar en territorio español. Rabat ha llegado a relacionar el movimiento con el supuesto efecto llamada de la regularización española, al mismo tiempo que Marruecos mantiene sus propias políticas de regularización de migrantes subsaharianos y se ha convertido progresivamente no solo en país de tránsito, sino también de destino.
Esa dimensión internacional demuestra por qué resulta insuficiente presentar lo ocurrido únicamente como un problema policial español. La estabilidad de la frontera depende en gran medida de la cooperación con Marruecos, mientras la respuesta posterior corresponde a España y debe conciliar control migratorio, seguridad, derecho internacional y protección humanitaria.
Ceuta necesita soluciones, no únicamente discursos
El desalojo del Trampolín representa un avance evidente frente a la imagen de centenares de personas durmiendo durante semanas junto al mar, pero está lejos de cerrar la crisis.
Las 1.800 plazas habilitadas resuelven una emergencia inmediata; no responden a la pregunta de qué ocurrirá después. Tampoco solucionan por sí mismas la presión que soporta Ceuta ni el enfrentamiento político sobre devoluciones, menores y traslados a la Península.
La ciudad necesita que el Estado recupere el control de la situación y que las decisiones se adopten con rapidez, pero también dentro de la legalidad. Necesita coordinación con Marruecos, capacidad de acogida temporal, protección de menores y procedimientos individualizados para determinar la situación de quienes entraron.
Y necesita algo más difícil en el clima político actual: que una emergencia de esta magnitud no termine convertida exclusivamente en un escenario para que Gobierno y oposición compitan por ver quién utiliza las palabras más contundentes.
Porque detrás de las cifras hay una ciudad que lleva tres semanas soportando una presión excepcional, unos vecinos que reclaman recuperar su vida cotidiana y miles de personas cuyo futuro continúa sin resolverse.
Ceuta puede desalojar una playa en una mañana. Resolver la crisis que dejó llenarla será bastante más complicado.
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