En pleno septiembre político, con el calendario judicial y el mediático entrelazados, el caso que afecta a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo ha cruzado el umbral del procesamiento. La Audiencia Provincial de Badajoz ve indicios suficientes. El líder socialista extremeño, en cambio, no ve más que conjeturas y un relato que, según sus propias palabras, “si no es lawfare, se le parece bastante”. Mientras tanto, la figura del hermano del presidente del Gobierno vuelve a ocupar el centro de una operación de desgaste que trasciende el procedimiento penal.
El procesamiento y la batalla narrativa
Con el auto de la Audiencia Provincial ya sobre la mesa, que confirma el procesamiento de doce personas, entre ellas David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, el tablero judicial se reactiva. La decisión, que responde a los recursos interpuestos por las defensas, no es una condena, pero sí marca un punto de inflexión. La causa —centrada en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz durante la presidencia de Gallardo— se abrirá a juicio oral si no media cambio de criterio por parte del tribunal.
El propio Gallardo compareció esta semana en un plató de RTVE para esbozar su estrategia de defensa en clave política. Con firmeza en el tono, pero evitando estridencias, dejó claro que considera el procedimiento lleno de irregularidades, con una jueza instructora “empeñada” en llevarle al banquillo. “Yo no fui a por el aforamiento, fue la jueza la que vino a por mí”, resumió, con una frase que lo dice todo.
Las acusaciones —prevaricación administrativa y tráfico de influencias— están sustentadas, según la Fiscalía, únicamente en conjeturas, y por ello el Ministerio Público ha pedido el archivo. Pero el tribunal, por ahora, discrepa. El matiz judicial es relevante: la sala admite que hay indicios, pero advierte que la duda razonable podría ser decisiva en el juicio. Ni absolución garantizada, ni condena anticipada.
Aforamiento, dimisiones y movimientos interpretados
El paso de Gallardo de la Diputación a la Asamblea autonómica pocos días antes de ser imputado ha sido interpretado por la jueza instructora como una maniobra para blindarse judicialmente. La tesis de un “fraude de ley” por aforamiento ha planeado sobre el caso, pero el propio dirigente ha desmontado esa acusación con una afirmación difícil de refutar: “Soy el único diputado que no es aforado”. El argumento es simple, pero eficaz. No hay blindaje si no hay cobertura.
Sobre las cinco dimisiones que facilitaron su acceso a la Cámara, Gallardo ha preferido marcar distancia con las especulaciones: “Fue una decisión voluntaria. No hubo coacción, ni cálculo judicial. Querían que su secretario general estuviera en la Asamblea”. El mensaje apunta más a una lógica interna de partido que a una estrategia procesal. Pero el tiempo de las explicaciones políticas no siempre coincide con los ritmos de la sospecha pública.
El apellido Sánchez y la política de la sospecha
La presencia de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— en esta causa ha servido de combustible para un determinado tipo de narrativa política. Gallardo lo verbalizó con claridad: “El único delito de David Sánchez es ser hermano del presidente”. No lo dijo como defensa jurídica, sino como diagnóstico del contexto. Y en parte, ahí reside el fondo del asunto: la conversión de vínculos familiares en piezas de artillería política.
El dirigente socialista extremeño ha negado que conociera la filiación de David Sánchez en el momento de su contratación. Ha negado también haberlo mencionado en un mitin, como recoge una parte del sumario. Para Gallardo, el caso responde más a una operación política que a una investigación penal fundada. Y en ese terreno, el relato —por leve que parezca— también hace daño.
En el horizonte, un juicio con lectura política
La causa avanza hacia el juicio oral. Será entonces cuando se diriman responsabilidades penales. Pero el juicio paralelo ya está en marcha: titulares, declaraciones, filtraciones, interpretaciones. La maquinaria política ha comenzado a utilizar el caso como elemento de desgaste. Y aunque el foco esté ahora en Badajoz, el alcance es nacional.
Gallardo insiste en que está “tranquilo”, que no hay pruebas, que lo que hay son suposiciones y ruido. Lo cierto es que las coordenadas del caso apuntan a un proceso largo, donde el calendario judicial se superpondrá con el electoral y donde el apellido del presidente seguirá siendo munición. Y ahí, la inocencia jurídica podrá esperar. La política, como se sabe, no concede ese lujo.