El debate sobre la igualdad entra en 2026 cargado de alertas. No tanto por la ausencia de leyes —España cuenta con un armazón normativo amplio— como por la fragilidad de su aplicación y por la facilidad con la que las políticas públicas pueden verse erosionadas cuando cambian los equilibrios políticos o se normalizan discursos que cuestionan consensos básicos.
Blindar lo que ya existe
Las demandas que formulan las organizaciones feministas no apuntan a un salto normativo inmediato, sino a algo más prosaico y, a la vez, más decisivo: hacer que lo aprobado funcione. Reforzar recursos contra las violencias machistas, asegurar la ejecución íntegra de las leyes vigentes y proteger esas políticas de los giros ideológicos que recorren el espacio público se han convertido en prioridades explícitas.
La advertencia no es nueva, pero sí más urgente. En los últimos años se ha asentado una paradoja inquietante: mientras el marco legal se amplía, la capacidad real del Estado para garantizar derechos se ve tensionada por déficits de gestión, falta de seguimiento y una creciente resistencia política a sostener determinadas agendas cuando dejan de ser rentables en términos electorales.
Uno de los ejes centrales del diagnóstico es la coherencia. O, mejor dicho, su ausencia. Las organizaciones señalan que cuando los discursos institucionales no se traducen en prácticas consistentes, el coste no es solo político, sino democrático. La igualdad convertida en retórica vacía erosiona la confianza de las mujeres en las instituciones como herramientas de transformación real.
Ese desgaste se alimenta, además, de un contexto digital donde la radicalización misógina ha ganado presencia y capacidad de marcar agenda. La normalización de mensajes antifeministas en redes no es un fenómeno aislado: permea debates parlamentarios, condiciona posicionamientos de partido y acaba influyendo en la asignación de recursos y prioridades.
Fallos del sistema y responsabilidades difusas
Las críticas se concentran también en la gestión de herramientas clave del sistema de protección. Los problemas detectados en dispositivos de seguimiento de agresores o en la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género han puesto de relieve una debilidad estructural: la falta de mecanismos ágiles de rendición de cuentas cuando algo falla.
No se trata solo de errores técnicos. Lo que se cuestiona es la respuesta política ante esos fallos. Retrasos en comparecencias públicas, informes que llegan tarde y una transparencia limitada en la evaluación de contratos y responsabilidades dibujan un patrón que se repite: la dificultad de asumir errores en políticas que se consideran incuestionables en el plano discursivo, pero que requieren una gestión especialmente exigente.
Leyes pendientes, debates bloqueados
El calendario legislativo añade presión. La ley integral contra la trata sigue atascada en un contexto internacional complejo, mientras otras iniciativas —como una regulación específica sobre violencia económica o el debate sobre la abolición de la prostitución— avanzan con dificultad en un Parlamento fragmentado.
Aquí emerge otro de los nudos del problema: la transversalidad de las políticas de igualdad, que exige coordinación entre ministerios y niveles administrativos, se convierte a menudo en una coartada para el aplazamiento indefinido. La complejidad técnica acaba sustituyendo a la voluntad política, y las prioridades se diluyen.
Lo que se juega en 2026 no es solo la aprobación de nuevas normas, sino la capacidad del Estado para sostener políticas públicas frente a la presión ideológica. La igualdad ha dejado de ser un terreno de consenso amplio para convertirse en un campo de disputa permanente, donde cada avance puede ser cuestionado y cada retroceso presentado como neutralidad.
En ese contexto, las demandas de blindaje no apelan a privilegios ni a excepcionalidades, sino a una premisa básica de cualquier democracia avanzada: que los derechos no dependan del ruido del momento ni de mayorías coyunturales. La fragilidad actual no reside en las leyes, sino en la facilidad con la que pueden vaciarse de contenido si la política renuncia a defenderlas con hechos.