El Ministerio de Cultura ha iniciado formalmente el procedimiento para solicitar ante los tribunales la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. La notificación abre un periodo de alegaciones antes de elevar la demanda a los juzgados civiles. El expediente no es solo administrativo: se inscribe en una disputa más amplia sobre la legitimidad de la memoria autoritaria en la vida democrática y sobre el control de los relatos históricos en el presente.
Un aparato privado para legitimar el autoritarismo
La Fundación Franco nunca ha funcionado como un centro de estudio neutral. Su actividad se sostiene en la exaltación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura posterior, presentada como un periodo de estabilidad y orden. Ese relato omite, distorsiona o minimiza la represión sistemática, la censura, las ejecuciones y el aparato de disciplinamiento social y económico que definió el franquismo durante décadas.
Los informes del Ministerio de Cultura y de la Abogacía del Estado desmienten la supuesta finalidad cultural de la entidad. No se trata de preservar archivos ni de ofrecer investigación histórica, sino de legitimar políticamente el régimen autoritario y de mantener un discurso de ejemplaridad sobre la figura del dictador. El acceso a los fondos documentales ha sido selectivo y opaco, incompatible con los criterios básicos de preservación y consulta pública. La administración sostiene que no puede seguir amparando con beneficios fiscales lo que es, en la práctica, un mecanismo de blanqueamiento del autoritarismo.
El revisionismo como operación política contemporánea
Los discursos de nostalgia franquista no se limitan a reinterpretar el pasado. Funcionan como herramientas políticas del presente, especialmente en momentos de polarización. Se repite que la historia es “interpretación” para diluir hechos documentados: depuraciones laborales, desapariciones, asesinatos, exilios forzados, represión sobre sindicatos y organizaciones políticas, desposesión de bienes y derechos.
Este revisionismo opera mediante desplazamientos lingüísticos: “reconciliación” para reclamar silencio, “memoria completa” para equiparar víctimas y victimarios, “libertad de expresión” para exigir impunidad en la exaltación de la violencia estatal. La construcción de una dictadura “normalizada” se facilita en entornos mediáticos donde los discursos simplificados circulan con rapidez. La estrategia es clara: convertir un régimen construido sobre la negación de libertades básicas en una opción política más.
Archivos en disputa: quién cuenta la historia
Uno de los puntos centrales del procedimiento es la custodia de los archivos. Cultura prepara medidas cautelares para evitar su dispersión o destrucción mientras avanza la vía judicial. No se trata solo de conservar documentos, sino de garantizar su función pública. Quien controla el archivo decide qué se recuerda, cómo se interpreta y qué se oculta.
Durante años, documentación clave ha estado en manos privadas con un proyecto político explícito. La experiencia del Pazo de Meirás ya demostró que ciertos bienes y registros forman parte del patrimonio colectivo y no pueden ser gestionados en función de intereses particulares. La disputa es, en el fondo, sobre el derecho de la sociedad a reconstruir su propia historia sin mediaciones orientadas a la legitimación del autoritarismo.
La resolución judicial llevará meses. La Fundación previsiblemente intentará reorganizarse bajo nuevas fórmulas. Pero el movimiento institucional marca un límite necesario: la democracia no puede ceder espacio a la exaltación de un régimen que anuló derechos y suprimió las libertades políticas y civiles durante décadas.