Alberto Núñez Feijóo regresó este sábado a Vigo para presentar su proyecto de Gobierno y reivindicar Galicia como ejemplo de gestión para el conjunto de España. Arropado por Alfonso Rueda y Luisa Sánchez, el candidato popular prometió una transformación económica basada en rebajas fiscales, construcción de viviendas, seguridad jurídica y una Administración más eficiente. Sin embargo, detrás de sus compromisos aparecieron afirmaciones que necesitan importantes matices, cálculos difíciles de sostener sin información adicional y acusaciones judiciales mezcladas con cifras cuya procedencia no explicó.
Durante su intervención en la Estación Marítima, Feijóo volvió a responsabilizar a Pedro Sánchez de buena parte de los problemas del país, desde la vivienda hasta los impuestos, el estado de las infraestructuras y la corrupción. Aunque algunas de sus críticas se apoyan en dificultades reales, su relato omitió elementos fundamentales para comprenderlas y evitó precisar cuánto costarían varias de las medidas que pretende aplicar.
Presupuestos: una crítica legítima convertida en una afirmación incorrecta
Feijóo denunció que España lleva prácticamente toda la legislatura sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y acusó al Ejecutivo de gastar sin rendir cuentas. «Este señor gastó un billón de euros de los españoles y no dio cuentas a nadie», afirmó, antes de sostener que el Gobierno utiliza el dinero público sin ningún control.
La ausencia de nuevas cuentas desde 2023 es cierta y constituye un problema institucional importante, porque dificulta actualizar prioridades y someter a debate parlamentario una planificación presupuestaria completa. Sin embargo, el artículo 134.4 de la Constitución establece expresamente la prórroga automática de los presupuestos cuando no se aprueban otros nuevos, mientras que el artículo 136 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la gestión económica del Estado.
Por tanto, la prórroga presupuestaria es legal y no significa que el Gobierno pueda gastar ilimitadamente ni que haya desaparecido la fiscalización. La crítica a la falta de nuevos presupuestos tiene fundamento; convertirla en una ausencia absoluta de controles resulta incorrecto.
Un millón de viviendas: Feijóo recupera las cifras de la burbuja inmobiliaria
La vivienda ocupó una parte central del mitin. Feijóo prometió construir un millón de casas en cuatro años y sostuvo que España ya había alcanzado ritmos semejantes durante 2005, 2006 y 2007, cuando se terminaban más de medio millón de viviendas anuales.
El antecedente histórico es verdadero. En 2006 se finalizaron aproximadamente 658.500 viviendas, pero comparar aquella producción con la situación actual sin recordar la expansión crediticia y los desequilibrios que precedieron al estallido de la burbuja inmobiliaria ofrece una visión incompleta.
En 2025 se terminaron alrededor de 92.000 viviendas. Para cumplir su promesa, España tendría que elevar la producción hasta una media de 250.000 anuales, un incremento considerable que exige financiación, suelo disponible, trabajadores cualificados y capacidad administrativa.
El candidato anunció reformas de la Ley del Suelo y de la Ley de Propiedad Horizontal, pero no explicó qué proporción de ese millón de viviendas tendría protección pública, qué inversiones se necesitarían ni cómo garantizaría que los inmuebles resultaran asequibles para quienes no pueden emanciparse.
Construir más es una necesidad ampliamente reconocida. La incógnita es si el programa anunciado reúne las condiciones para hacerlo realidad en el plazo prometido.
Los 400.000 pisos que supuestamente han desaparecido del alquiler
Feijóo aseguró que más de 400.000 propietarios han retirado sus viviendas del mercado por miedo a los impagos y a la ocupación.
La cifra tiene una procedencia reconocible. Un estudio de Idealista difundido este octubre contabilizó aproximadamente 393.000 anuncios menos de alquiler permanente entre 2018 y 2025. Sin embargo, los anuncios disponibles en un portal inmobiliario no equivalen al número total de viviendas arrendadas.
Una vivienda que deja de anunciarse puede haber sido alquilada mediante un contrato de larga duración, además de existir otras vías de comercialización. Tampoco puede atribuirse automáticamente toda la reducción de anuncios a la ocupación o a la normativa estatal.
La caída de la oferta disponible es un problema real, pero Feijóo presentó una estadística comercial como si demostrara que cientos de miles de propietarios habían abandonado el arrendamiento por una causa concreta.
Su promesa de desalojar a los ocupantes en 48 horas también necesita una explicación jurídica. El Código Penal distingue entre allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, con procedimientos diferentes. Una reforma tendría que definir en qué circunstancias actuaría la policía y qué garantías judiciales se aplicarían.
Impuestos: un centenar de subidas sin un recuento homogéneo
El líder popular volvió a sostener que el Gobierno de Sánchez ha elevado los impuestos más de cien veces. Esa cifra forma parte habitual de su argumentario, pero presenta problemas metodológicos: distintos recuentos incluyen modificaciones fiscales, cotizaciones sociales, revisiones catastrales y medidas que no representan necesariamente subidas independientes de impuestos.
El aumento de la recaudación tributaria es real, pero tampoco demuestra por sí mismo que cada contribuyente haya sufrido un centenar de incrementos. La evolución del empleo, los salarios, el consumo y la inflación también modifica los ingresos públicos.
Feijóo prometió rebajas del IRPF, del IVA sobre alimentos básicos y electricidad, beneficios fiscales para la compra de vivienda y la exención del IVA para autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros.
Esta última medida no es una ocurrencia sin antecedentes: responde a un régimen contemplado en la normativa europea para pequeñas empresas que España todavía no aplica con carácter general en su mercado interior.
Pero las rebajas fiscales anunciadas deberían acompañarse de una estimación de su coste recaudatorio y de una explicación sobre cómo se mantendrían los servicios públicos que el candidato también promete mejorar.
El salario mínimo y una atribución discutible al PP
En Vigo, Feijóo aseguró que el Gobierno había intentado hacer tributar por IRPF a quienes cobran el salario mínimo y que el Partido Popular lo había impedido.
La discusión fiscal existió, pero presentarla como una actuación exclusiva del PP simplifica un proceso en el que intervinieron distintas fuerzas parlamentarias y el propio Ejecutivo. El salario mínimo de 2026 quedó fijado en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y se aprobó con una exención efectiva del IRPF para quienes perciben únicamente esa cuantía.
Un día antes, en la Cadena SER, Feijóo tampoco se había comprometido a mantener el ritmo de aumento del SMI de los últimos años, remitiéndose a una negociación con sindicatos y patronal.
La incógnita continúa siendo qué decisión adoptaría si las organizaciones empresariales rechazaran una nueva subida.
Corrupción: condenas reales mezcladas con cifras sin desglosar
Feijóo dedicó una parte especialmente dura del discurso a la corrupción y aseguró que existen diecisiete sumarios, veintitrés delitos y 131 investigados vinculados al entorno del Gobierno, con una suma de 1.400 años de cárcel.
Su enumeración necesita identificar cada procedimiento y distinguir las personas investigadas de las condenadas, así como las penas solicitadas de las efectivamente impuestas.
Hay un hecho judicial que debe reconocerse: el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por el caso de las mascarillas. Las condenas fueron confirmadas al rechazarse sus incidentes de nulidad el 14 de octubre. Feijóo redondeó la pena de Koldo a veinte años.
La existencia de esas condenas no demuestra automáticamente la exactitud del resto de sus cifras ni permite extender responsabilidades penales a personas que no han sido condenadas. Tampoco acredita por sí sola su afirmación de que el adelanto electoral responde exclusivamente a los procedimientos judiciales.
Combatir la corrupción requiere responsabilidades concretas y sentencias, no agregaciones numéricas sin explicar.
Galicia como modelo: avances reales y responsabilidades compartidas
Feijóo reivindicó el crecimiento económico gallego, la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro y diversas políticas sociales como prueba de su capacidad de gestión.
Galicia ha registrado una evolución favorable del PIB por habitante durante un período prolongado, un dato que debe incorporarse al balance. No obstante, en 2025 su renta por habitante seguía por debajo de la media española, de modo que el crecimiento acumulado no equivale a situarse entre los territorios más ricos.
También resulta incompleto presentar las promociones de vivienda de Navia como una actuación ajena a cualquier participación estatal o europea. Aunque la Xunta es la principal promotora y financiadora directa, existen fondos europeos canalizados mediante mecanismos de financiación pública.
La gestión gallega puede analizarse y compararse, pero exige reconocer tanto sus resultados como sus limitaciones y el reparto de responsabilidades entre administraciones.
Lo que anunció en Vigo y lo que había adelantado en la SER
El discurso de Vigo completó una serie de propuestas que Feijóo había expuesto veinticuatro horas antes en su entrevista con Aimar Bretos. Allí anunció que reabriría el debate sobre la intervención de los padres en el aborto de jóvenes de dieciséis y diecisiete años, reformaría la Ley de Eutanasia y paralizaría los procedimientos en tramitación.
También confirmó que no mantendría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente, evitó concretar determinadas reformas de las pensiones y no descartó gobernar con Vox.
Estas medidas no fueron todas repetidas en Vigo, pero forman parte de las posiciones públicas que el candidato ha expresado durante la misma semana de precampaña.
Una alternativa que necesita más precisiones
Feijóo cerró el mitin reivindicando su palabra y presentando un contrato con España basado en la eficacia, la gestión y la recuperación de la confianza institucional. Sin embargo, la verificación de sus declaraciones muestra que buena parte de ese proyecto todavía exige respuestas concretas sobre financiación, plazos y consecuencias legislativas.
La crítica a los presupuestos prorrogados es legítima, pero no autoriza a afirmar que el gasto carece de control. La necesidad de construir más vivienda es evidente, pero un millón de casas exige un programa detallado. Las condenas por corrupción existen, pero no permiten dar por demostradas cifras globales de procesos penales cuya composición no se explica.
El mitin de Vigo dejó una alternativa política reconocible, basada en rebajas fiscales, mayor construcción de viviendas, endurecimiento frente a la ocupación y revisión de determinadas políticas sociales. Lo que todavía no dejó suficientemente acreditado es cómo se financiarían todas esas promesas ni por qué determinadas cifras y acusaciones deberían aceptarse sin una comprobación independiente.
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