Alberto Núñez Feijóo acudió este viernes a la Cadena SER con el propósito de presentar su alternativa de Gobierno, pero terminó ofreciendo una imagen bastante más precisa de los cambios que pretende introducir si alcanza la Moncloa. Durante su entrevista con Aimar Bretos, el candidato popular abrió debates sobre el aborto y la eutanasia, confirmó la desaparición del Ministerio de Igualdad como departamento independiente, evitó concretar el futuro del salario mínimo y volvió a utilizar datos económicos que no siempre resisten su comprobación.
Todo ello mientras insistía en que su principal objetivo es desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno, al que calificó de «personaje tóxico» y «personaje conflictivo». La contundencia contra su adversario contrastó con las dificultades para concretar algunas decisiones que afectarían directamente a trabajadores, pensionistas, mujeres y pacientes.
El salario mínimo: muchas explicaciones y ningún compromiso concreto
Una de las preguntas más relevantes de Bretos fue también una de las que Feijóo evitó responder directamente. ¿Mantendría las subidas del salario mínimo interprofesional al ritmo de los últimos años?
El candidato no quiso comprometerse y se limitó a defender una negociación con sindicatos y patronal. El problema es que las organizaciones empresariales han rechazado numerosos incrementos recientes, de modo que supeditar las decisiones a un acuerdo plantea una cuestión evidente: ¿qué haría un Gobierno del PP si la patronal volviera a negarse?
El SMI alcanza en 2026 los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 735,90 euros de 2018, una subida cercana al 66 %.
Feijóo añadió que el Estado se queda con aproximadamente el 30 % del incremento salarial mediante impuestos y cotizaciones, pero no presentó un cálculo que respaldara esa proporción. Bretos tuvo que recordarle que quienes perciben exclusivamente el SMI no soportan IRPF por esos ingresos en 2026, gracias al mecanismo fiscal vigente.
Confundir impuestos sobre la renta con cotizaciones sociales, incluidas las empresariales, no permite explicar correctamente cuánto recibe un trabajador ni cuánto cuesta su contratación.
El aborto: Feijóo quiere reabrir un derecho reconocido desde 2023
La entrevista se complicó especialmente cuando Bretos preguntó por la interrupción voluntaria del embarazo en menores de edad.
Feijóo defendió que las jóvenes de dieciséis años deberían contar con el conocimiento de sus padres y anunció que volvería a plantear ese debate si llega al Gobierno.
Su argumento fue comparar el aborto con la autorización paterna para hacerse un tatuaje o con la prohibición de conducir a esa edad. Sin embargo, el artículo 13 bis de la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, reconoce expresamente el derecho a abortar desde los dieciséis años sin consentimiento de los representantes legales.
Conviene precisar que Feijóo habló de conocimiento familiar, pero no confirmó que impondría nuevamente una autorización obligatoria. Lo que sí dejó claro es su intención de revisar el régimen actual.
Bretos planteó entonces la pregunta fundamental: ¿qué ocurriría si los padres se opusieran a la decisión de su hija? El candidato no ofreció una respuesta jurídica concreta y prefirió insistir en la conveniencia del acompañamiento familiar.
El apoyo de los padres puede ser deseable, pero convertirlo en requisito legal plantea problemas especialmente delicados cuando existen conflictos familiares, violencia o desamparo.
Eutanasia: propone paralizar procedimientos que ya están en marcha
Todavía más concreta fue su propuesta sobre la eutanasia. Feijóo anunció que reformaría la ley vigente y que «los procesos de eutanasia que estén activos en tramitación con esta ley se paralizarán».
La declaración tiene consecuencias importantes porque afecta a personas que ya han iniciado un procedimiento reconocido legalmente.
Para justificar la reforma, sostuvo que el médico y el especialista desempeñan un papel secundario. Sin embargo, la Ley Orgánica 3/2021 establece la intervención de un médico responsable, otro consultor independiente y una Comisión de Garantía y Evaluación que verifica el cumplimiento de los requisitos.
Es legítimo proponer garantías adicionales, pero resulta difícil justificar la modificación describiendo de forma incompleta las garantías que ya existen.
Feijóo tampoco explicó qué sucedería con quienes estuvieran a punto de recibir la prestación, qué derechos conservarían ni cuánto durarían las paralizaciones anunciadas.
Pensiones: promete lo que ya está garantizado y no explica sus reformas
El candidato popular volvió a comprometerse a revalorizar las pensiones conforme al IPC y aseguró que mantendría su poder adquisitivo.
La cuestión es que esa actualización ya figura en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, tras la reforma aprobada en 2021 con el voto contrario del PP.
Feijóo también utilizó unas declaraciones del vicepresidente Carlos Cuerpo para alimentar sus dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Pero Cuerpo había defendido expresamente que el aumento previsto del gasto no significa que las pensiones sean insostenibles.
Cuando Bretos preguntó si ampliaría el período de cálculo, Feijóo tampoco respondió. Habló de auditorías, acuerdos y del Pacto de Toledo, pero no aclaró qué modificaría en la jubilación, las cotizaciones o la financiación.
Prometer que se cumplirá una obligación legal mientras se dejan abiertas las reformas verdaderamente importantes no proporciona demasiadas certezas a los pensionistas.
Igualdad: se declara feminista y anuncia la desaparición del ministerio
Feijóo confirmó que eliminaría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente, trasladando sus competencias a otra cartera.
Al mismo tiempo, se proclamó feminista porque había crecido rodeado de mujeres y reconoció la existencia de la brecha salarial.
Su argumento institucional habría merecido una explicación presupuestaria y competencial, pero añadió una descalificación sobre la posibilidad de que una ministra de Igualdad trabaje «de ocho a tres» y viaje después a Valladolid.
No aportó datos que acreditaran semejante descripción de la jornada de la ministra.
Eliminar un ministerio no supone automáticamente suprimir todas sus políticas, pero Feijóo tampoco explicó qué recursos y estructura garantizarían su continuidad.
Vivienda: un millón de casas, pero sin responder cuántas serán protegidas
En vivienda, el candidato anunció un millón de nuevas casas, reducciones fiscales para menores de cuarenta años, avales hipotecarios y viviendas sobre suelo público a precios inferiores a los de mercado.
Sin embargo, cuando Bretos preguntó cuántas serían públicas o protegidas, no obtuvo una cifra.
Tampoco quedó suficientemente explicado cómo se financiaría el programa, qué plazos tendría ni cómo se garantizaría que las ventajas fiscales beneficien efectivamente a quienes necesitan una vivienda y no contribuyan a encarecer los precios.
Y cuando el periodista preguntó por la responsabilidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Feijóo volvió a desplazar buena parte de la explicación hacia el Gobierno central, pese a las competencias autonómicas en vivienda.
La deuda: Eurostat contradice sus cifras
Feijóo aseguró que Francia, Italia y España eran los tres países con mayor deuda pública de Europa.
Los datos de Eurostat publicados el 21 de octubre para el segundo trimestre de 2026 lo contradicen. España ocupaba la quinta posición de la Unión Europea, por detrás de Grecia, Italia, Francia y Bélgica.
El candidato también insistió en el crecimiento nominal de la deuda bajo Sánchez, un incremento real, pero omitió que la evolución respecto al PIB ofrece una perspectiva diferente.
La crítica económica exige utilizar indicadores comparables, no escoger únicamente aquellos que refuerzan el discurso político.
Vox, memoria democrática y cultura: las otras decisiones que dejó claras
Feijóo no descartó gobernar con Vox y confirmó conversaciones con Santiago Abascal sobre posibles acuerdos electorales para el Senado. También reiteró que derogaría la Ley de Memoria Democrática.
En cultura, aseguró que no admite la censura, aunque evitó asumir una posición clara sobre las restricciones a determinadas ayudas audiovisuales introducidas por el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León.
La cláusula que excluye actividades consideradas adoctrinamiento ideológico existe y ha sido publicada. Su legalidad está discutida, pero no es una controversia imaginaria.
El candidato también asumió la responsabilidad política de los vídeos elaborados mediante inteligencia artificial por su partido, aunque afirmó que no conocía inicialmente una pieza que ponía en boca de Begoña Gómez declaraciones que nunca pronunció.
Y regresó a su interpretación de las elecciones de 2023, cuestionando que Sánchez pudiera gobernar pese a no encabezar la lista más votada. La Constitución, sin embargo, establece que la investidura depende de la confianza del Congreso, no de ocupar la primera posición electoral.
Una entrevista que deja más preguntas que garantías
Feijóo consiguió explicar algunas de sus intenciones, pero también dejó al descubierto contradicciones que merecen respuestas antes de las elecciones.
No garantizó mantener el ritmo de subida del salario mínimo, abrió la puerta a revisar el derecho al aborto desde los dieciséis años, anunció la paralización de procedimientos de eutanasia, prometió una actualización de pensiones ya obligatoria por ley y evitó concretar sus reformas futuras.
A ello se suman la desaparición del Ministerio de Igualdad, la posibilidad de un Gobierno con Vox, las incógnitas de su programa de vivienda y errores económicos fácilmente comprobables.
La cuestión no es si Feijóo tiene derecho a defender un proyecto político diferente, sino si ese proyecto está suficientemente explicado y si sus argumentos se corresponden con la legislación y los datos reales. La entrevista con Aimar Bretos dejó demasiadas respuestas pendientes precisamente en los asuntos que más directamente afectan a la vida de los ciudadanos.
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