Alberto Núñez Feijóo ha elegido Ceuta para elevar otro grado la confrontación política con el Gobierno. El presidente del Partido Popular anunció este miércoles que su formación llevará al Tribunal Supremo la negativa de varios ministros a comparecer durante agosto en el Senado para explicar la gestión de la crisis migratoria. El argumento popular sostiene que el Ejecutivo no puede escoger la Cámara ante la que acepta someterse a control parlamentario. El dato que complica ese relato es bastante concreto. Siete ministros tienen ya previstas comparecencias extraordinarias en el Congreso antes de que termine el mes.
El conflicto existe, pero tiene unos términos distintos de los que Feijóo ha presentado en Ceuta. El Gobierno no ha decidido evitar el Parlamento, sino comparecer en el Congreso, y ha organizado un calendario que comenzará el 25 de agosto y continuará durante los días siguientes. El PP pretende que los ministros acudan también al Senado, donde dispone de mayoría absoluta, y sostiene que haber solicitado comparecer en la Cámara Baja no les libera de atender el requerimiento de la Cámara Alta.
Será ahora el Supremo el que deba pronunciarse sobre un conflicto que añade una nueva dimensión judicial a la batalla política de la legislatura. La discusión ya no consiste en determinar si el Gobierno dará explicaciones sobre Ceuta, porque esas comparecencias están convocadas, sino en decidir si debe hacerlo además ante el Senado y en los términos exigidos por la mayoría popular.
Margarita Robles comparecerá el 25 de agosto. Félix Bolaños y Mónica García lo harán el día 27. Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz acudirán a sus respectivas comisiones el 28, y Sira Rego cerrará el calendario el 31. Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Sanidad, Migraciones e Infancia pasarán así por el Congreso para abordar las distintas dimensiones de una crisis que ha obligado a desplegar recursos extraordinarios en la ciudad autónoma.
El Senado como campo de batalla
La decisión de acudir al Supremo encaja en una estrategia que el PP viene desarrollando desde el comienzo de la legislatura. Su mayoría absoluta en el Senado ha convertido la Cámara Alta en uno de los principales instrumentos de oposición a Pedro Sánchez, desde las comisiones de investigación hasta las iniciativas destinadas a obligar al Ejecutivo a comparecer ante un espacio parlamentario cuyo control corresponde por completo a los populares.
El uso político de esa mayoría pertenece a las reglas democráticas. Más significativo resulta que una discrepancia sobre el escenario y el calendario del control parlamentario termine convertida en un litigio ante el Tribunal Supremo. El PP no reclama solamente conocer las explicaciones del Ejecutivo, puesto que esas explicaciones llegarán en cuestión de días. Pretende que el Gobierno reconozca también la capacidad del Senado para imponer su propio marco de fiscalización.
Feijóo ha acompañado esa ofensiva institucional de un endurecimiento notable de su discurso sobre la propia crisis. Ha reclamado el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta, incluidos los menores, ha pedido que el Gobierno asuma un mando único y ha utilizado la palabra “invasión” para referirse a la llegada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.
Ese vocabulario importa. Una crisis migratoria puede exigir control fronterizo, cooperación internacional, retornos ajustados a Derecho y una investigación rigurosa de los fallos que permitieron que la situación se desbordase. Ninguna de esas obligaciones necesita presentar a los migrantes como una fuerza que ocupa territorio español. La elección de las palabras desplaza el debate desde la gestión de una emergencia hacia una representación de amenaza nacional mucho más útil para la competición política con Vox.
También resulta especialmente delicada la referencia a los menores. Su eventual retorno no puede formularse como una extensión automática del procedimiento aplicable a cualquier adulto en situación irregular. La normativa europea y española establece garantías específicas vinculadas al interés superior del menor y exige comprobar las condiciones familiares o de acogida existentes antes de ejecutar una devolución.
Ceuta como escenario de oposición
El PSOE ha acusado a Feijóo de viajar a la ciudad autónoma para “echar gasolina a la crispación” y utilizar las instituciones con fines partidistas. Desde Ferraz consideran que el líder popular ha optado por explotar el miedo y endurecer su discurso migratorio en lugar de contribuir a una respuesta institucional conjunta. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha llegado a calificar su actitud de “patriotismo de hojalata”.
La respuesta pertenece naturalmente al combate entre partidos, pero señala una cuestión política más profunda. Feijóo ha concentrado en una misma visita la denuncia de una supuesta invasión, la exigencia de retornar también a los menores, la reclamación de un mando único y el anuncio de una acción ante el Tribunal Supremo. Ceuta ha dejado de ser únicamente el territorio en el que debe resolverse una emergencia para convertirse también en el escenario desde el que el PP intenta representar una imagen general de descomposición del Gobierno.
Hay una distancia considerable entre aquel Feijóo que llegó a Madrid presentándose como un dirigente de administración pausada y el líder de la oposición que hoy convierte prácticamente cada crisis en una impugnación de la capacidad del Ejecutivo para gobernar. Su discurso se ha ido desplazando desde la promesa de moderación hacia una retórica de excepcionalidad permanente, en la que los acontecimientos dejan de ser problemas concretos susceptibles de gestión y pasan a presentarse como síntomas de un deterioro general del Estado.
Esa estrategia tiene además un límite evidente. Cuando todo se describe como extraordinario, la excepcionalidad termina perdiendo significado. Una disputa parlamentaria se convierte en conflicto constitucional, una crisis migratoria en invasión y una diferencia sobre el reparto de responsabilidades en prueba de abandono institucional. El tono crece hasta ocupar el lugar de aquello que debería explicar.
Ceuta necesita conocer con precisión qué ocurrió a finales de julio, qué mecanismos fallaron, cuál fue la actuación de Marruecos, cómo se gestionará la permanencia de miles de personas y qué medidas pueden impedir que vuelva a producirse una situación semejante. Las comparecencias previstas para los próximos días permitirán confrontar al Gobierno con esas preguntas y examinar sus respuestas.
Pero el calendario parlamentario demuestra que el Ejecutivo no ha optado por el silencio. El conflicto que Feijóo ha decidido llevar al Supremo gira ya alrededor de otra cuestión, la negativa del Gobierno a someterse al escenario parlamentario escogido por el PP. Y esa diferencia resulta decisiva para entender lo que está ocurriendo.
Porque la visita a Ceuta ha terminado explicando tanto la crisis migratoria como la evolución del propio liderazgo popular. Feijóo llegó a la política nacional prometiendo bajar el volumen de una España exhausta por la confrontación y hoy recurre al Tribunal Supremo para prolongar una disputa sobre comparecencias parlamentarias.
Ceuta es esta semana el escenario. La campaña permanente contra Sánchez sigue siendo el argumento.
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