Alberto Núñez Feijóo acudió este martes a Ribadeo para recordar a Leopoldo Calvo-Sotelo y terminó describiendo una España que el propio Calvo-Sotelo probablemente tendría dificultades para reconocer. Según el presidente del Partido Popular, el Gobierno desarrolla un «auténtico programa destituyente», actúa contra la Nación y el Estado, pretende desarmarlos, degrada las instituciones, avanza hacia una estructura confederal y amenaza algunos de los pilares esenciales del sistema constitucional. La acusación sería extraordinaria en cualquier democracia europea. En la política española empieza a parecer una entrega más de una serie que lleva demasiado tiempo en emisión.
Feijóo quiso utilizar la memoria de la Transición para establecer un contraste entre aquel tiempo constituyente y el supuesto tiempo de demolición institucional que atribuye a Pedro Sánchez. Hay algo revelador en esa operación. La Transición aparece convertida en un territorio moral propiedad de una parte del país, como si quienes gobiernan con una mayoría parlamentaria distinta de la que desea el PP estuvieran obligados a demostrar constantemente su pertenencia al orden constitucional.
La palabra elegida tampoco es menor. «Destituyente» pertenece al vocabulario de las rupturas de régimen, no al de la discrepancia parlamentaria. Describe una actuación encaminada a desmontar el orden existente y sustituirlo por otro. Aplicarla a un Gobierno salido de una investidura constitucional, sometido al control de las Cortes y limitado por tribunales que revisan regularmente sus decisiones exige algo más que una sucesión de agravios políticos, Feijóo no lo aportó.
Lo que presentó fue una amalgama en la que cabían la política territorial, la Corona, los jueces, las fuerzas de seguridad, los decretos leyes, la ausencia de Presupuestos y hasta el comportamiento «tabernario» que atribuye a Óscar Puente. Todo acaba integrado en una misma teoría sobre la degradación de España. Cuando todas las discrepancias sirven para demostrar la misma conspiración contra el Estado, la tesis deja de explicar la realidad y empieza a funcionar como un relato político cerrado.
La oposición de la emergencia permanente
España tiene problemas institucionales serios y sería absurdo negarlos. La fragmentación parlamentaria dificulta la legislación, el Gobierno no ha conseguido todavía aprobar nuevos Presupuestos y el recurso al decreto ley ha aumentado. El último curso terminó con diez leyes aprobadas y 21 reales decretos leyes convalidados, unas cifras que reflejan la complejidad de la legislatura y una aritmética parlamentaria particularmente exigente.
Pero la misma Cámara que Feijóo presenta prácticamente anulada ha aprobado leyes, convalidado decretos, rechazado al Gobierno su senda de estabilidad y permitido avanzar en la tramitación de la quita de deuda autonómica. Un Parlamento capaz de derrotar al Ejecutivo difícilmente puede describirse como un Parlamento inexistente.
Hay algo más profundo en la evolución del discurso del líder popular. Feijóo llegó a Madrid ofreciendo previsibilidad, administración y moderación. Era el presidente autonómico que pretendía trasladar a la política nacional una cierta reputación de gestor sobrio. Cuatro años después habla de reconstrucción nacional, programa destituyente, desarme del Estado y camarillas. El hombre que iba a rebajar la temperatura política ha terminado compitiendo en grados centígrados.
Y eso plantea un problema para el PP porque la exageración permanente termina depreciando incluso las críticas legítimas.
Si Sánchez está destruyendo España cuando pacta con los nacionalistas, cuando aprueba una ley, cuando negocia una financiación, cuando utiliza un decreto, cuando discrepa de una institución o cuando un ministro hace una declaración desafortunada, resulta difícil imaginar qué palabras reservará el principal partido de la oposición para una verdadera crisis constitucional.
Feijóo ha añadido ahora Ceuta a ese marco. Ha acusado al Gobierno de permanecer «ausente, inerte e indiferente» y ha recurrido a la imagen de Sánchez sentado en un sofá grabando vídeos sobre canciones de verano cuando una parte del territorio español atravesaba una crisis migratoria. La crítica a la respuesta gubernamental es perfectamente legítima y la situación ceutí exige explicaciones, coordinación y recursos. Lo que resulta más difícil de sostener es la imagen de un Ejecutivo sencillamente desaparecido.
Siete ministros han solicitado ya comparecer extraordinariamente en el Congreso entre el 25 y el 31 de agosto para explicar la actuación de sus departamentos. Sanidad, Migraciones, Juventud, Defensa, Interior, Exteriores y Presidencia tendrán que someter su gestión al debate parlamentario. Además, el Gobierno ha desplegado nuevos dispositivos humanitarios y trabaja para ampliar las 1.500 plazas temporales inicialmente anunciadas. Podrá discutirse si las medidas llegaron tarde, si son suficientes o si la coordinación fue adecuada. Eso se llama control político. Presentarlo como ausencia del Estado pertenece a otra cosa.
Calvo-Sotelo como coartada
La elección de Calvo-Sotelo para construir semejante discurso añade una ironía histórica. La Transición que Feijóo reivindica no consistió en que una parte declarase constitucionalmente sospechosa a la otra, sino en aceptar que adversarios con concepciones profundamente diferentes de España podían compartir una misma legalidad.
Convertir ese legado en un instrumento contra un Gobierno democrático altera precisamente aquello que se pretende homenajear.
La Constitución de 1978 no estableció que gobernar España correspondiera permanentemente a los partidos que poseen una determinada idea de la nación. Estableció procedimientos, derechos, contrapesos y mayorías. Sánchez puede gustar o disgustar, sus acuerdos pueden ser cuestionados y algunas decisiones de su Ejecutivo merecen una fiscalización severa. Pero perder una investidura no convierte al ganador en ilegítimo, del mismo modo que discrepar de una política territorial no convierte esa política en una operación para destruir el Estado.
Feijóo conoce perfectamente esa diferencia. Precisamente por eso resulta significativo que haya decidido borrarla.
Existe una explicación política menos grandiosa que el supuesto plan destituyente y probablemente más útil para entender este endurecimiento. El PP ganó las elecciones generales de 2023 y no consiguió gobernar. Desde entonces espera una legislatura cuya fragilidad parlamentaria debía conducir, según sus sucesivos pronósticos, a una caída rápida de Sánchez. Esa caída no se ha producido. El Gobierno continúa sometido a dificultades evidentes, pero también ha seguido legislando y reivindica avances económicos, laborales, educativos y sociales en su último balance de gestión.
La profecía del derrumbe ha tenido que ser sustituida por la profecía de la demolición. Feijóo asegura ahora que el Partido Popular constituye una «línea de defensa» del Estado. La expresión merece atención. Un partido que aspira a gobernar debería presentarse fundamentalmente como una propuesta para mejorar el país, no como una fortificación destinada a salvarlo de sus adversarios democráticos. Hay una diferencia sustancial entre ofrecer una alternativa de Gobierno y atribuirse la misión histórica de rescatar a la nación. La primera necesita políticas. La segunda necesita enemigos.
Y ahí aparece quizá la mayor debilidad del Feijóo de Ribadeo. Después de tantos años anunciando que recuperará la dignidad, la seriedad, la competencia y la buena política, sigue resultando mucho más sencillo saber contra quién quiere gobernar que para qué quiere hacerlo. Habla de Sánchez, de sus socios, de Puente, del peligro confederal, del deterioro institucional y de la reconstrucción nacional. Resulta bastante más difícil encontrar detrás de esa retórica una explicación equivalente sobre vivienda, productividad, salarios, transición energética, demografía, educación o el lugar que España debería ocupar en la Europa de la próxima década.
La política de oposición puede vivir durante un tiempo de la impugnación. Un proyecto de Gobierno necesita algo más. Feijóo llegó a Madrid prometiendo precisamente eso. Una derecha menos estridente, capaz de convertir la experiencia administrativa en alternativa nacional. El dirigente que este martes habló en Ribadeo parecía bastante alejado de aquel propósito. Quería ser el hombre que devolviera serenidad a la política española y ha terminado describiendo cada jornada como si España estuviera a unas horas de dejar de existir.
Quizá el problema no sea que el Estado esté siendo desarmado, quizá sea que Feijóo lleva demasiado tiempo esperando su derrumbe para poder gobernarlo.
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