Alberto Núñez Feijóo ha elevado este jueves hasta un nivel extraordinario la confrontación política por la crisis de Ceuta. En su respuesta a Pedro Sánchez en el Congreso, el líder del Partido Popular no se ha limitado a acusar al Gobierno de imprevisión o negligencia, sino que ha señalado directamente a Marruecos, ha hablado de un posible "acto de guerra híbrida" y ha llegado a insinuar que el presidente del Gobierno puede encontrarse condicionado por información que Rabat tendría sobre él. "¿Qué sabe Marruecos de usted?", preguntó dos veces desde la tribuna antes de añadir una frase de enorme gravedad institucional: "España no puede tener un presidente bajo chantaje", todo ello sin pruebas.
Feijóo construyó toda su intervención sobre una tesis rotunda: lo ocurrido los días 30 y 31 de julio no fue una crisis migratoria, sino una "invasión" que afectó a la integridad territorial española y ante la que Sánchez habría incumplido sus obligaciones. Su conclusión fue inequívoca: "La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello".
La gravedad de esa afirmación obliga, sin embargo, a separar lo políticamente sostenido por Feijóo de aquello que está actualmente acreditado. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras conocido esta semana sí concluye que la entrada no fue espontánea, habla de planificación previa, dirección estratégica y participación de fuerzas marroquíes guiando a personas hacia determinados puntos de acceso. Pero no identifica al Gobierno de Marruecos como autor intelectual de la operación ni establece que Pedro Sánchez conociera previamente que iba a producirse una entrada de semejante magnitud. El propio documento señala que el nivel superior de dirección todavía no ha podido ser individualizado.
"¿Qué sabe Marruecos de usted?"
Ese límite probatorio no frenó al presidente del PP, que convirtió la relación de Sánchez con Rabat en uno de los ejes centrales de su discurso. Después de recordar que el propio presidente había reconocido que durante unas diez horas la gendarmería marroquí permitió el cruce, Feijóo preguntó por qué el Ejecutivo no había reaccionado con mayor firmeza y lanzó sucesivamente varias interrogantes: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos?", "¿Qué sabe Marruecos de usted?", para concluir que "ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional".
No aportó durante esa parte de su intervención ninguna prueba de que Sánchez esté sometido a chantaje ni de que Marruecos posea información con la que pueda condicionarlo. La acusación fue formulada en términos interrogativos, pero su significado político resulta evidente, especialmente porque posteriormente vinculó directamente el asunto con Pegasus, cuya investigación quiere «esclarecer completamente», y afirmó que nunca debería volver a existir «una sombra de dudas sobre la libertad del presidente del Gobierno de España».
Feijóo plantea así una sospecha que trasciende radicalmente la gestión de Ceuta: la posibilidad de que decisiones de política exterior española estén condicionadas por una vulnerabilidad personal del jefe del Ejecutivo. Es difícil imaginar una acusación más grave contra un presidente del Gobierno sin presentar inmediatamente pruebas que la sustenten.
De la negligencia a la complicidad
El líder popular fue igualmente contundente al atribuir responsabilidades políticas a Sánchez. «Si esta es la verdad, dimita por incompetente y, si es falso, dimita por cómplice», le espetó al comienzo de su intervención. Después acusó al presidente de marcharse de vacaciones tras diagnosticar él mismo una agresión a la integridad territorial y le reprochó haber abandonado sus responsabilidades en plena «crisis de Estado».
Pero el ataque alcanzó su máxima intensidad cuando Feijóo sostuvo que Sánchez conocía las advertencias previas y decidió ocultarlas. Citó un supuesto informe del 29 de julio que, según afirmó, advertía de un «riesgo extremo de llegadas masivas a Ceuta», y concluyó: «Usted lo sabía y lo tapó. Lo sabía y lo tapó durante un mes».
Aquí también existe un problema importante de precisión. La nota del CENIF del 29 de julio sí contemplaba diferentes escenarios y utilizaba la categoría de «riesgo extremo», pero para el escenario más complejo de entradas coordinadas a nado y salto de la valla, al que atribuía una probabilidad media-baja. La propia nota señalaba que no podía asegurarse que fuera a producirse, y nada de lo conocido demuestra que anticipara una movilización de entre 70.000 y 80.000 personas. Sánchez utilizó precisamente esa tabla durante su comparecencia para negar que existiera un aviso que anticipase la dimensión real de la crisis.
"La va a pagar ante la justicia"
Feijóo fue más allá del reproche político y situó también el conflicto en terreno judicial. Recordó que el PP se ha personado en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y sostuvo que las responsabilidades podrían terminar alcanzando al Tribunal Supremo. Después pronunció otra de las frases más duras de la mañana: "La va a pagar ante la justicia".
La existencia de una investigación judicial es un hecho; que Sánchez vaya a ser investigado, acusado o condenado no lo es. Por ahora, la Audiencia Nacional está intentando determinar qué ocurrió, quién participó en la organización y si existen hechos con relevancia penal relacionados con la seguridad del Estado.
Precisamente por eso las palabras pronunciadas por Feijóo adquieren una dimensión especialmente delicada. No se limitó a reclamar que la Justicia investigue: adelantó responsabilidades políticas y judiciales del presidente y construyó una relación entre Marruecos, Pegasus, un supuesto chantaje y la actuación de Sánchez sin aportar en la tribuna elementos que demuestren esa conexión.
Una ruptura con Marruecos que el PP quiere evitar, pero endureciendo la respuesta
La intervención tampoco fue una llamada a romper relaciones con Rabat. Feijóo defendió una relación «estable y leal, transparente y recíproca», pero acompañada de una política mucho más dura: llamar a consultas al embajador español en Marruecos, convocar oficialmente a la embajadora marroquí, reforzar de forma autónoma la frontera y dejar claro que "España no subcontrata su soberanía a nadie".
Su mensaje hacia Rabat fue, por tanto, probablemente el más severo pronunciado hasta ahora por el jefe de la oposición durante esta crisis: Ceuta y Melilla no son negociables, España debe poder defender unilateralmente sus fronteras y la relación bilateral no puede descansar en la «buena voluntad» marroquí.
Pero la parte que marcará políticamente esta comparecencia no será únicamente esa dureza diplomática. Será la acusación personal contra Sánchez. Feijóo podía haber denunciado que la gendarmería marroquí dejó pasar durante horas a miles de personas, porque el propio presidente lo reconoció. Podía exigir saber qué ocurrió, reclamar responsabilidades y pedir una revisión completa de la relación con Rabat. Eligió ir mucho más lejos: insinuó que Marruecos puede tener al presidente de España bajo chantaje.
Si dispone de pruebas, la acusación exige que las haga públicas o las entregue inmediatamente a la Justicia. Si no las tiene, habrá situado una sospecha extraordinariamente grave sobre la Presidencia del Gobierno en el centro del debate político sin respaldo acreditado.
Y en una crisis que afecta precisamente a la soberanía y a la seguridad nacional, esa diferencia no es menor.
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