El Consejo de ministros ha dado un paso sin precedentes en su política exterior al aprobar un Real Decreto-ley que establece un embargo total de armamento y sanciones dirigidas a frenar la violencia en la Franja de Gaza. La medida, que combina restricciones económicas y militares con un fuerte aumento de la ayuda humanitaria, convierte a España en uno de los países europeos más firmes en su condena a las acciones del Gobierno israelí.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que se trata de una “respuesta firme y proporcional” ante la situación en la región. “Queremos enviar un mensaje claro de que España no puede permanecer indiferente ante las violaciones de derechos humanos”, afirmó. El decreto contempla el bloqueo inmediato de todo envío de material bélico, así como la prohibición de tránsito de barcos y aeronaves que transporten recursos para las fuerzas armadas israelíes.
Medidas concretas y efectos inmediatos
El paquete de medidas incluye nueve acciones que entrarán en vigor de forma inmediata. Entre ellas, destacan el veto a la importación de productos procedentes de asentamientos en territorios ocupados, la restricción de servicios consulares para quienes residan en esos asentamientos y sanciones individuales contra personas implicadas en crímenes de guerra, que no podrán entrar en España.
- Embargo completo de armamento y material militar con destino a Israel.
- Veto al tránsito marítimo y aéreo de buques o aeronaves que transporten recursos para las Fuerzas Armadas israelíes.
- Sanciones individuales para quienes participen en crímenes de guerra, incluyendo la prohibición de entrada en España.
- Bloqueo a la importación de bienes producidos en asentamientos ilegales en territorios ocupados.
- Restricciones consulares para ciudadanos residentes en dichos asentamientos.
- Incremento de la ayuda humanitaria, que alcanzará los 150 millones de euros antes de final de año.
- Refuerzo de la cooperación con la Autoridad Palestina en salud, seguridad alimentaria y protección civil.
- Diez millones adicionales para la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
El texto también prevé que España impulse en organismos internacionales la investigación de posibles crímenes de guerra en la región.
En paralelo, el Gobierno ha aprobado un refuerzo de la cooperación con la Autoridad Palestina en materia de salud, seguridad alimentaria y protección civil. La ayuda humanitaria alcanzará los 150 millones de euros antes de fin de año, a lo que se suman diez millones adicionales destinados a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.
Cuerpo subrayó que el objetivo es “romper cualquier dependencia estructural de la industria militar israelí y reforzar la autonomía estratégica de España”. También adelantó que se garantizará la continuidad de la formación de pilotos españoles, actualmente vinculada a contratos con empresas israelíes, mediante acuerdos con socios europeos.
Excepciones muy limitadas
El Gobierno ha introducido una cláusula que le permite aprobar excepciones al embargo en casos de interés general, como cuestiones de seguridad nacional o compromisos internacionales. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que estas autorizaciones se aplicarán “de forma restrictiva y únicamente en circunstancias extraordinarias”.
El ministro de Economía insistió en que no existe ninguna operación concreta prevista que requiera esta excepción y que el objetivo es “minimizar su uso”. Pese a ello, la disposición ha generado debate dentro del propio bloque gubernamental: Sumar ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder reforzarlo en el Parlamento y evitar que se pueda desvirtuar con futuras excepciones.
Debate en el Congreso
La aprobación del decreto llega en un momento de gran presión internacional sobre Israel. La Asamblea General de Naciones Unidas ha exigido un alto el fuego inmediato y varias capitales europeas están evaluando medidas similares. España espera que su decisión sirva como ejemplo para otros países de la UE y refuerce las iniciativas multilaterales para investigar posibles crímenes de guerra.
El Gobierno ha anunciado que comparecerá trimestralmente en el Congreso para rendir cuentas sobre la aplicación de las medidas, en un intento de garantizar la máxima transparencia. La convalidación del decreto deberá producirse en el plazo de un mes, y aunque el Ejecutivo confía en que contará con apoyos suficientes, formaciones como Junts y Podemos han pedido ajustes.
El Partido Popular, por su parte, ha evitado adelantar su voto y ha pedido “prudencia” al Ejecutivo, alegando que muchos componentes usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas tienen origen israelí. Vox, en cambio, ha criticado el decreto y se ausentó del minuto de silencio celebrado en el Congreso en memoria de las víctimas de Gaza, lo que ha desatado una nueva polémica.
El Gobierno defiende que este paso es “pionero en Europa” y responde a la demanda de la sociedad española de implicarse más en la defensa de los derechos humanos. “No es solo una cuestión de política exterior, es una cuestión de principios”, subrayó Cuerpo. Ahora, todas las miradas están puestas en el Congreso, donde se medirá el respaldo político a una de las decisiones más contundentes en la historia reciente de la diplomacia española.