La crisis de Ceuta empieza a ofrecer dos fotografías simultáneas de la política española. En una aparecen las administraciones intentando encontrar espacios, levantar dispositivos de acogida, atender a miles de personas y recuperar progresivamente la normalidad después de una situación fronteriza excepcional. En la otra aparece la competición partidista por determinar quién consigue convertir esa misma emergencia en el argumento más eficaz contra su adversario. Elma Saiz ha decidido señalar directamente al Partido Popular y, sobre todo, a su dirección nacional.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno ha acusado este martes a Génova de marcar unas "directrices" que están dificultando la colaboración entre administraciones y ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo el progresivo endurecimiento de la posición popular sobre inmigración. Su diagnóstico es severo. El PP, sostiene Saiz, se encuentra "preso por la ultraderecha" y ha abandonado parte de la posición institucional que históricamente había mantenido ante fenómenos migratorios complejos.
La afirmación adquiere especial relevancia porque llega después de que el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí hayan conseguido precisamente aquello que la política parecía empeñada en impedir durante los últimos días. Un acuerdo. La visita de Saiz a la ciudad permitió cerrar la habilitación de cuatro espacios extraordinarios que incorporarán 1.500 plazas temporales de atención humanitaria, una respuesta destinada a aliviar las condiciones de hacinamiento y precariedad que padecen muchas de las personas llegadas a la ciudad.
El dato merece cierta atención. Juan Jesús Vivas pertenece al PP. Elma Saiz forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus administraciones mantienen discrepancias importantes sobre la gestión de la crisis y, pese a ello, han podido alcanzar un acuerdo concreto porque la política institucional todavía conserva una propiedad elemental que algunas veces se olvida en Madrid. Gobernar consiste también en entenderse con quien gobierna enfrente.
Ahí se encuentra el fondo de la crítica de Saiz.
El problema de Génova
El Gobierno considera que el endurecimiento de Vivas durante los últimos días está relacionado con la presión de la dirección nacional del PP. Óscar Puente ya había apuntado en esa dirección al atribuir a la influencia de Feijóo el cambio de tono del presidente ceutí. Saiz ha ido ahora un paso más allá y sostiene que las directrices procedentes de Génova están complicando una cooperación institucional que, sobre el terreno, continúa siendo imprescindible.
La tesis merece ser tomada en serio porque Feijóo afronta desde hace tiempo un problema estratégico con la inmigración. Vox ha conseguido desplazar el debate hacia posiciones cada vez más duras y el PP parece haber decidido competir en ese terreno para evitar una fuga de electores por su derecha. El resultado es una carrera particularmente delicada. Cada endurecimiento de Vox empuja al PP a elevar el tono y cada elevación del tono popular legitima un poco más el marco discursivo de la extrema derecha.
Ceuta es un territorio especialmente peligroso para esa competición.
La ciudad necesita control fronterizo, seguridad y cooperación con Marruecos, pero necesita también asistencia humanitaria, procedimientos administrativos, plazas de acogida y protección de menores. Ninguno de esos elementos desaparece por elevar la voz. El derecho de asilo tampoco puede convertirse en una variable que un Gobierno active o desactive en función de la temperatura política de una crisis. Sin embargo, el PP ha llegado a respaldar la reclamación de suspender temporalmente el derecho de asilo en Ceuta, una propuesta de enorme alcance jurídico que demuestra hasta dónde está desplazándose el debate.
Saiz tiene razón al advertir del peligro de ese movimiento. Una cosa es reclamar una política migratoria eficaz y otra asumir que la eficacia requiere rebajar garantías. Una cosa es defender las fronteras y otra convertir a las personas que las atraviesan en una categoría sospechosa sobre la que resulte políticamente rentable proyectar inseguridad, delincuencia o amenaza.
La diferencia no es retórica. Es democrática.
Las palabras también gobiernan
La inmigración posee una característica que la convierte en terreno fértil para la política del miedo. Las cifras impresionan, las imágenes de una frontera desbordada provocan inquietud y la sensación de pérdida de control puede extenderse mucho más deprisa que cualquier explicación administrativa. Un partido responsable puede reconocer ese temor y ofrecer seguridad, gestión y reglas. También puede explotarlo.
El PP de Feijóo parece cada vez más tentado por la segunda posibilidad.
Los acontecimientos de estos días muestran hasta qué punto esa estrategia puede contaminar incluso la cooperación entre gobiernos del mismo Estado. Vivas había mantenido tradicionalmente una posición más prudente ante la inmigración que buena parte de su partido y se había distanciado en diferentes ocasiones de los discursos más radicales. La crisis actual ha endurecido considerablemente su lenguaje, aunque su Gobierno haya terminado pactando con el Ejecutivo central los espacios necesarios para ampliar la acogida.
Esa contradicción explica bastante bien la situación. La administración necesita colaborar al mismo tiempo que la política nacional exige confrontar.
Saiz ha elegido reivindicar la primera lógica. El Gobierno ha habilitado las nuevas plazas, ha anunciado una inversión de emergencia de 6,5 millones de euros vinculada al dispositivo humanitario y Cruz Roja está distribuyendo alrededor de 4.000 kits diarios de alimentación, además de haber realizado miles de asistencias sociosanitarias. Son medidas extraordinarias para una situación extraordinaria y no resuelven por sí solas todos los problemas acumulados en Ceuta, pero describirlas como ausencia del Estado resulta difícilmente compatible con los hechos.
También habrá control parlamentario. Saiz comparecerá en el Congreso el 28 de agosto a petición propia, junto a otros ministros que explicarán durante los últimos días del mes las actuaciones desarrolladas en sus respectivas áreas. El PP está legitimado para cuestionarlas, exigir responsabilidades y señalar errores. Fiscalizar al Gobierno es la función de la oposición. Convertir una emergencia humanitaria en una competición con Vox es otra cosa.
La frontera política de Feijóo
El problema para Feijóo es más profundo que Ceuta. Desde que llegó a la presidencia nacional del PP ha intentado mantener una doble identidad que cada vez resulta más difícil de sostener. Quiere presentarse como el dirigente moderado capaz de devolver previsibilidad a la política española y, al mismo tiempo, necesita conservar un electorado expuesto a la creciente radicalización de Vox.
Las dos estrategias empiezan a chocar.
La moderación no consiste en utilizar un vocabulario más sereno para defender posiciones progresivamente más extremas. Tampoco consiste en reivindicar el sentido de Estado cuando beneficia a la oposición y abandonarlo cuando la cooperación institucional dificulta el desgaste del Gobierno. Un partido preparado para gobernar España debería ser capaz de distinguir entre una oportunidad parlamentaria y una crisis que exige responsabilidad compartida.
Ceuta ofrece estos días una prueba bastante clara.
El Gobierno debe acelerar todo lo posible la recuperación de la normalidad, garantizar unas condiciones dignas para las personas que permanecen en la ciudad, gestionar los procedimientos de asilo y retorno conforme a derecho y mantener una cooperación exigente con Marruecos. También deberá explicar qué falló para que la frontera pudiera verse desbordada de semejante manera. Nada de eso impide reconocer que la salida de la crisis requiere colaboración entre administraciones.
Elma Saiz ha puesto el dedo precisamente ahí. Si Génova convierte cada acuerdo entre Ceuta y el Gobierno en una derrota política para Feijóo, la principal perjudicada terminará siendo la propia Ceuta.
Y existe una cuestión todavía mayor. España tendrá que decidir en los próximos años cómo quiere hablar de inmigración. Puede hacerlo desde la complejidad de un país europeo situado en una de las grandes fronteras entre África y la Unión Europea, combinando control, legalidad, integración y derechos humanos. O puede aceptar el vocabulario de la extrema derecha y discutir únicamente sobre quién promete levantar el muro más alto.
Feijóo parece acercarse demasiado a la segunda conversación. Saiz ha hecho bien en recordarle que un partido de Estado debería aspirar a algo más que seguir a Vox para impedir que Vox le adelante.
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