El odio que supuran agitadores, políticos y ciudadanos de ultraderecha, ocultos bajo el anonimato que favorecen las redes sociales, es tan persistente en sus objetivos como cobarde cuando se le planta cara de frente sin contemplaciones ni medias tintas. De ahí que las personas que lo sufren en su quehacer diario opten según los casos por uno u otro camino. Plegarse al miedo, una decisión tan humana como comprensible, y retirarse de la exposición pública después de recibir serias amenazas, incluso de muerte, es el camino elegido por algunos comunicadores, youtubers y humoristas ante la escalada sin límites que este acoso supone en sus trabajos diarios. En cambio, otros activistas, periodistas y comunicadores progresistas, como el portavoz y secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, optan por el cara a cara sin contemplaciones ni miramientos. Sánchez lleva tiempo litigando en los tribunales contra estos agitadores y dirigentes ultraderechistas después de recibir desde hace años incontables amenazas de todo cariz y desde un sinfín de organizaciones, perfiles anónimos en redes y dirigentes ultras. Pese a ello, ahí sigue, al pie del cañón, más activo que nunca en su estrategia de canalizar a través de denuncias ante los tribunales de justicia cualquier amenaza de odio que atente contra su integridad.
La última de estas denuncias del portavoz de Facua ha logrado que la policía detenga a un individuo que lo ha amenazado recientemente vía mensaje de WhatsApp diciéndole que lo iba a buscar porque lo quiere “colgado de un árbol”. El ultra había recriminado a Sánchez que llevase a los tribunales al agitador ultraderechista Vito Quiles, que actualmente está investigado por delitos de injurias y calumnias tras la querella del propio Sánchez por inventar, entre otras cosas, que lidera una organización criminal dedicada a la estafa y la extorsión y que envía sicarios a las puertas de las casas de la gente para amenazarlos de muerte.
Las amenazas del ultraderechista detenido por la policía en Barcelona fueron enviadas a través de 46 mensajes de WhatsApp y comenzaron el 14 de noviembre, prolongándose hasta el pasado 1 de diciembre. “¿Cuándo te vas a morir hijo de puta?”, “a ver si te mueres ya mamón de mierda y de paso tu familia entera”, “como te encuentre por la calle te vas a acordar de mí para el resto de tu miserable vida”, “maricón”, “te inflo de galletas”, “tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar”. Estos son algunos de los mensajes enviados por Christian F.J., un hombre de 35 años con domicilio en la localidad barcelonesa de Vallirana, que Sánchez certificó digitalmente para incorporarlos como pruebas en el procedimiento judicial actualmente abierto.
Sarah Santaolalla: “Ya está bien de impunidad contra estos fascistas. Hay que plantarse no solo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados”
El dirigente de la asociación de consumidores denunció las amenazas en los juzgados de Sevilla el pasado mes de noviembre. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 19 de Sevilla abrió diligencias previas y requirió la actuación del Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. El atestado policial que recoge la investigación de los hechos y la identidad del denunciado señala que, “una vez analizada toda la información obtenida hasta el momento, a través de la propia denuncia y el análisis de las capturas de pantalla de los mensajes enviados a la víctima/denunciante, se puede determinar la consumación de un delito de amenazas, en su modalidad no condicional del artículo 169.2 del Código Penal, agravado por la circunstancia descrita en el artículo 22.4 del Código Penal (motivado por la afiliación ideológica/política percibida del denunciante”.
El investigado fue detenido el pasado 15 de enero en las inmediaciones de su vivienda, tras lo que fue trasladado a las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Barcelona. Allí fue fichado al verificarse que no tenía antecedentes penales y pasó varias horas en los calabozos hasta que lo interrogaron con la asistencia de una abogada de oficio. Tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad a la espera de su citación judicial.
“Que les cueste pasta y condenas”
Este es un ejemplo del camino legal, nada fácil, que un ciudadano debe tomar para hacer frente de cara a las amenazas de agitadores ultraderechistas, en muchos casos amparados por el anonimato que, a priori, albergan las redes sociales. Hay otros casos de profesionales de la comunicación, como la analista política Sarah Santaolalla, que mantienen idéntica estrategia. Imperturbable ante las innumerables amenazas e insultos de todo tipo que recibe a diario a través de redes sociales, y después del acoso presencial in situ de agitadores ultraderechistas como Vito Quiles, Santaolalla ha decidido dar un paso adelante, después de recibir numerosas muestras de apoyo en concentraciones públicas en numerosas ciudades. “Ya está bien de impunidad contra estos fascistas. Hay que plantarse no solo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados, que les cueste pasta y que les cueste condenas por acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente”, ha dicho la analista política en el programa Malas lenguas de TVE, tras confirmar su denuncia en los tribunales contra Quiles.
En otros casos, como se está viendo en estas últimas semanas, periodistas, comunicadores y humoristas han optado por parar en sus trabajos habituales y retirarse de la exposición pública tras recibir amenazas de ultraderechistas. Es el caso de Héctor de Miguel, que hasta ahora dirigía y presentaba el programa Hora Veintipico de la Cadena Ser. “Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que -quien me sufrió lo sabe- llevaba tiempo barruntando”, explica el humorista en un comunicado. “Ni tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir. Si te ha molestado lo que hemos hecho estos días -o cualquier otro día- en Hora Veintipico, mis más sinceras disculpas”, añade De Miguel.
También la periodista Elena Reinés ha decidido apartarse de la primera línea de comunicación tras recibir amenazas de la ultraderecha. El pasado 26 de enero publicaba un comunicado en el que anunciaba su decisión de retirarse temporalmente de su actividad diaria como comunicadora a través de las redes sociales. “Voy a parar. No porque quiera desaparecer. No porque me hayan vencido. Sino porque esto, simplemente, es insostenible. En los últimos días he recibido mensajes que no son críticas ni opiniones. Son mensajes deseándome la muerte. Mensajes diciendo que ojalá aparezca colgada de un puente. Mensajes diciendo que me van a reventar la cara a hostias. Mensajes diciendo que tendría que haber estado en aquel accidente, que ojalá me hubiera pasado a mí”, explica la periodista, quien se sorprende que “lo más grave, lo más indignante” es lo que le ocurrió después de estas amenazas. “Compartí estas amenazas para denunciar lo que me estaba ocurriendo. Para visibilizar la violencia, para protegerme, para pedir ayuda. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Meta (propietaria de las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería del mundo)? Bloquearme, restringirme la cuenta. Silenciarme”.
Como pueden apreciar, el camino de comunicadores, humoristas y analistas para hacer frente a la violencia de todo tipo que se transmite desde la ultraderecha no es en absoluto fácil ni tampoco unidireccional. Y tan loable es optar por hacer un alto en el camino y apartarse como plantarse y hacer frente cara a cara frente a tanto odio y violencia. Con las únicas armas que otorga cualquier estado de Derecho.