En el tramo final, Ayuso se agarra a un caso mediático: la Fiscalía archivó una denuncia contra Julio Iglesias y ella lo celebra, calificando de “nefasto” el trato al artista y sugiriendo que “es fácil y rentable desprestigiar gratuitamente a una persona”. Aquí se condensa su método: convertir un procedimiento jurídico en un relato de persecución política.
Qué ocurrió realmente: archivo por competencia, no una absolución moral
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias vinculadas a la denuncia, argumentando falta de competencia para hechos que se situarían fuera de España (Caribe). Ese matiz lo cambia todo. Un archivo por competencia no es una sentencia sobre la veracidad de los hechos ni una proclamación de inocencia material. Es, principalmente, una cuestión de jurisdicción.
“Ahora han dado portazo a la denuncia contra Julio Iglesias”.
Ayuso lo presenta como si fuera la prueba de una “caza” y como si la Fiscalía —a la que ella acusa de estar “al servicio del Gobierno” cuando le conviene— de pronto se volviera fiable cuando archiva algo que a ella le interesa. Es una incoherencia funcional: la institución vale o no vale según sirva a su guion.
La trampa emocional: “qué fácil es desprestigiar”
La frase busca empatía con el famoso y enfado contra un enemigo difuso. Pero la responsabilidad pública consiste en algo más: si hay una denuncia, lo exigible es garantizar derechos de todas las partes, respetar procedimientos y explicar con rigor qué significa cada decisión. Ayuso no lo hace. Simplifica para sembrar sospecha: “¿Quién será el siguiente ciudadano… que caerá ante la Fiscalía?”. Eso no es defensa del Estado de derecho: es alarmismo.
“Me pregunto cómo habrán visto el caso para cerrarlo con lo fácil y rentable que es desprestigiar gratuitamente a una persona”.
El doble rasero con la presunción de inocencia
Ayuso invoca una presunción de inocencia práctica para Iglesias, pero su discurso global está lleno de imputaciones morales contra adversarios (“corrupción”, “negligencia”, “mentiras”, “incompetencia”) sin demostrar nada en el atril. La presunción funciona para los suyos; para los otros, funciona el linchamiento retórico.
Lo verdaderamente grave: banalizar delitos para hacer política
Si en un país se quiere combatir la violencia sexual y proteger derechos, se necesitan:
- recursos para atención a víctimas;
- investigación seria y garantías;
- cooperación judicial internacional cuando proceda;
- información responsable que no convierta cada caso en una guerra cultural.
Ayuso hace lo contrario: mete el caso en su narrativa de “Fiscalía del Gobierno” y “persecución”, y lo usa para reforzar una idea de “ellos destruyen reputaciones”. Es un mensaje tóxico porque desalienta la confianza en las instituciones y reduce debates delicadísimos a tribalismo.
Y, además, el contexto lo delata
El propio seguimiento mediático de sus palabras en el desayuno informativo recoge que Ayuso celebró el archivo y lo enmarcó como “portazo” a una denuncia, con un juicio político sobre el trato al cantante. No es un comentario aislado: es una pieza más de una estrategia comunicativa consistente.
La frase con la que Ayuso cierra su ataque a la Fiscalía es especialmente grave, no solo por el alarmismo que destila, sino por el contexto en el que se produce: una mujer que utiliza la institución judicial para presentarse como víctima política mientras relativiza una denuncia por presuntos abusos sexuales protagonizados por un personaje público y notorio. “¿Quién será el siguiente ciudadano, empresaria, artista o, en definitiva, el siguiente ser humano incómodo para el Gobierno que caerá ante la Fiscalía?”, se pregunta la presidenta, en una deriva de alarmismo institucional en estado puro que ignora deliberadamente el debate social abierto en España tras casos como el de Rubiales, juzgado precisamente por conductas de besos no consentidos ante millones de espectadores.
“¿Quién será el siguiente ciudadano, empresario, artista, el siguiente ser humano molesto contra el Gobierno que caerá ante la Fiscalía?”.
Conclusión: Ayuso no defendió a Julio Iglesias; se defendió a sí misma, usando a Julio Iglesias para reafirmar su relato de Estado capturado, enemigos internos y “los míos” bajo asedio. Y esa forma de hacer política, cuando entra en terrenos de justicia y violencia sexual, no es solo frívola: es indecente.