Mientras el Gobierno central exige la retirada inmediata de más de 16.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía, la Junta de Juan Manuel Moreno prefiere mirar hacia otro lado. El ejecutivo andaluz no solo se niega a colaborar, sino que acusa al Estado de atacar el turismo, desvelando así la verdadera prioridad de su gestión: blindar el negocio inmobiliario frente al interés general.
Una economía para especuladores, no para residentes
Andalucía lidera el ranking estatal en número de pisos turísticos, pero también en desprotección de su ciudadanía frente al modelo extractivista del turismo de masas. En ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, el crecimiento descontrolado de viviendas destinadas a uso vacacional ha empujado a miles de familias fuera de sus barrios, ha disparado los precios del alquiler y ha provocado la desertificación vecinal de los cascos históricos.
Ahora, con el nuevo registro estatal de viviendas turísticas —que exige requisitos básicos como cumplimiento urbanístico, condiciones de habitabilidad y normativa fiscal—, el Ministerio de Vivienda ha identificado más de 16.000 inmuebles andaluces que operan al margen de la ley. Pero lejos de actuar, la Junta ha optado por el negacionismo y la confrontación política, acusando al Gobierno de Sánchez de "demonizar a los propietarios" y "premiar a los okupas".
Este discurso, más propio de una tertulia ultraliberal que de un ejecutivo autonómico responsable, esconde una verdad incómoda: la Junta ha sido cómplice de la burbuja turística, ha cedido el control del territorio al capital inmobiliario y se ha negado sistemáticamente a fijar límites al negocio que expulsa a los vecinos y vacía las ciudades de vida real.
El falso dilema entre turismo y derecho a la vivienda
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha llegado a tachar la Ley de Vivienda estatal de "ataque a la clase media andaluza", sin asumir que ninguna clase media puede permitirse hoy alquilar en el centro de Sevilla, de Málaga o de Granada sin dedicar más del 40% de sus ingresos al alquiler. Mientras tanto, los beneficios de la turistificación se concentran en fondos de inversión, propietarios de múltiples inmuebles y plataformas digitales, que operan a menudo sin control ni fiscalización.
Frente a la exigencia del Gobierno de que estos 16.470 pisos ilegales desaparezcan de los portales digitales, la Junta se parapeta en un discurso victimista y neoliberal, defendiendo un modelo donde la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un activo financiero. Lo que está en juego no es el turismo, sino el futuro habitable de las ciudades andaluzas.
El Gobierno andaluz podría haber aprovechado la oportunidad para ordenar el mercado, proteger a los inquilinos y recuperar vivienda para uso residencial. En cambio, ha elegido proteger al lobby turístico, reforzar su alianza con la patronal del ladrillo y convertir la política pública en instrumento del mercado.
La defensa de los pisos turísticos ilegales no es una anécdota ni una torpeza de comunicación: es una declaración de intenciones. La Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno a la cabeza, ha tomado partido por quienes hacen negocio con la vivienda, en detrimento de quienes la necesitan para vivir. No se trata de regular el turismo: se trata de regular el poder de quienes han convertido el derecho a habitar en un privilegio de mercado.
Si Andalucía quiere un futuro sostenible, justo y digno, no puede seguir gobernada desde los intereses del negocio turístico. Porque sin vecinos, sin jóvenes que puedan emanciparse, sin barrios con vida, no hay turismo que valga.