El Congreso endurece el cerco contra los agitadores ultras y aparta a Vito Quiles y Bertrand Ndongo de manera indefinida

PSOE y Sumar impulsan la suspensión cautelar e indefinida de sus acreditaciones mientras crecen las denuncias por acoso, interrupciones y hostigamiento a periodistas y diputados de izquierdas

13 de Mayo de 2026
Actualizado el 14 de mayo
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Feijóo felicitando a Vito Quiles en un acto de campaña del PP
Feijóo felicitando a Vito Quiles en un acto de campaña del PP

El Congreso de los Diputados ha decidido dar un paso que hasta hace pocos años parecía impensable. La Mesa de la Cámara ha acordado la suspensión cautelar e indefinida de las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo, dos personajes convertidos en símbolo de la agitación ultra dentro de las instituciones y señalados desde hace tiempo por numerosos periodistas parlamentarios por dinamitar ruedas de prensa, hostigar a representantes políticos y entorpecer el trabajo informativo diario.

La decisión, apoyada por la mayoría formada por PSOE y Sumar, supone el primer gran golpe institucional tras la reforma del Reglamento del Congreso aprobada en 2025 para frenar los constantes altercados protagonizados por ambos. Tanto Quiles como Ndongo disponen ahora de diez días para recurrir la medida cautelar.

La suspensión llega después de meses de polémicas, denuncias y escenas de tensión en los pasillos del Congreso. En el caso de Vito Quiles, el expediente se basa en la grabación sin autorización al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una zona restringida de la Cámara. Bertrand Ndongo, por su parte, ha sido sancionado por impedir el desarrollo normal de una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

Pero la decisión del Congreso no se limita a estos episodios concretos. Sobre Quiles pesan ya otros seis expedientes abiertos y Ndongo acumula otro procedimiento adicional. Ambos casos están siendo analizados por el Consejo Consultivo de Comunicación, el órgano creado tras la reforma del Reglamento y compuesto por servicios jurídicos de la Cámara, funcionarios, representantes de asociaciones profesionales y miembros de los grupos parlamentarios.

La situación ha llegado a tal nivel de deterioro que incluso periodistas de medios ideológicamente muy distintos decidieron unirse públicamente para denunciar el clima de intimidación generado dentro del Congreso. La protesta celebrada en febrero de 2025 frente a la Puerta de los Leones dejó una imagen inédita bajo un lema contundente: “Señalar no es periodismo”.

Ese mensaje resume buena parte del debate de fondo que atraviesa ahora la política española y el propio ejercicio del periodismo. Las principales organizaciones profesionales llevan tiempo advirtiendo de que las actuaciones de Quiles y Ndongo no responden a criterios periodísticos, sino a estrategias de provocación política permanente orientadas a generar ruido, viralidad y confrontación.

La Agrupación de Periodistas de UGT también ha sido especialmente clara al respecto, rechazando que este tipo de comportamientos puedan ampararse bajo el derecho a la información. El conflicto ya no gira únicamente en torno a la libertad de prensa, sino sobre el uso de acreditaciones oficiales para acosar, interrumpir y convertir las instituciones democráticas en escenarios de propaganda ultra.

El propio historial político de Vito Quiles refuerza esa percepción. El agitador fue candidato en las elecciones europeas por Se Acabó La Fiesta, la plataforma liderada por el ultra Alvise Pérez. Mientras tanto, las actuaciones de ambos se han dirigido casi exclusivamente contra representantes de la izquierda política, sin protagonizar enfrentamientos similares con dirigentes del PP o Vox.

Precisamente PP y Vox han rechazado participar en el Consejo Consultivo de Comunicación y han optado por boicotear sus reuniones, defendiendo la actividad de Quiles y Ndongo como una forma legítima de “periodismo alternativo”. Una posición que choca frontalmente con el criterio expresado por la mayoría de asociaciones profesionales y por buena parte de los periodistas acreditados en la Cámara.

La suspensión cautelar marca ahora un precedente importante. El Congreso intenta recuperar un mínimo de normalidad institucional tras años de provocaciones convertidas en espectáculo político permanente. La batalla, sin embargo, está lejos de terminar. Los recursos anunciados y los expedientes pendientes anticipan un conflicto largo en el que se mezclan libertad de información, límites democráticos y el creciente uso de la confrontación ultra como herramienta mediática.

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