La votación del lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid no fue solo un gesto ideológico: fue una tentativa de reinstalar el paternalismo institucional como filtro previo al derecho a decidir. PP y Vox aprobaron una proposición que plantea informar a las mujeres que desean abortar sobre los efectos de un supuesto “síndrome postaborto”, una invención sin aval científico que traslada al espacio público un relato culpabilizador y disuasorio. El Ministerio de Sanidad ha activado la vía jurídica ante lo que considera un intento de vulneración de derechos reconocidos en la legislación vigente.
Una coacción encubierta de “información”
La maniobra no es nueva, pero sí particularmente grave. Bajo el paraguas de “informar”, la derecha municipal plantea que servicios públicos como Madrid Salud o los Espacios de Igualdad se conviertan en plataformas para la difusión de un bulo ideológico sin respaldo médico. Lo llaman “síndrome postaborto”, y lo presentan como una consecuencia inevitable: depresión, alcoholismo, arrepentimiento vital.
Nada de eso aparece en las principales revisiones científicas ni en los informes de organismos internacionales. La propuesta ni siquiera resiste el más elemental escrutinio jurídico: la Ley Orgánica 1/2023 garantiza el derecho a interrumpir el embarazo en condiciones de libertad, confidencialidad y sin presiones externas. Para el Ministerio, la iniciativa bordea lo delictivo, y se plantea ya su posible vulneración de las leyes de salud pública y de derechos fundamentales.
Madrid: una década sin aborto público
La propuesta llega además en una comunidad autónoma donde el 99,9 % de los abortos se realizan en clínicas privadas. En una década, la sanidad pública madrileña ha practicado apenas 167 interrupciones voluntarias del embarazo frente a más de 162.000 totales. La desobediencia institucional a la ley de plazos no es solo simbólica: es estructural, sostenida por la objeción de conciencia generalizada y la pasividad del gobierno autonómico.
Esta ausencia de red pública obliga a muchas mujeres a desplazarse fuera de sus ciudades, a afrontar costes económicos añadidos o a retrasar procedimientos que debieran estar garantizados sin excepción. El derecho existe, pero su ejercicio queda condicionado por el código postal y la renta.
Un relato para volver atrás
Para organizaciones como la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid o Sedra-Federación de Planificación Familiar, lo que se está construyendo es un relato de culpa, disfrazado de asistencia. Un retorno al discurso de la maternidad obligatoria, donde decidir no ser madre exige una penitencia moral previa. “Lo que están haciendo es generar culpa y anular nuestra capacidad de decisión”, denuncian.
Estas entidades subrayan además que las verdaderas consecuencias traumáticas suelen estar ligadas a abortos inseguros o a la negación del derecho a decidir, no al aborto legal y voluntario. Los estudios apuntan en esa dirección: la mayoría de mujeres que acceden a una IVE reportan alivio, no angustia, y valoran haber podido tomar una decisión autónoma en un momento complejo.
La gravedad de lo aprobado por el Ayuntamiento no radica únicamente en el contenido: lo esencial es quién lo promueve y desde qué plataforma institucional. Que un gobierno local utilice infraestructuras públicas para diseminar un relato desautorizado por la comunidad médica no es solo desinformación: es desprotección. Supone convertir servicios públicos en agentes de presión ideológica.
El Ministerio de Sanidad ya ha anunciado que explorará la vía jurídica si la medida entra en vigor. Lo hará no solo por razones de legalidad, sino de salud pública: trasladar bulos desde espacios oficiales no solo daña derechos, también distorsiona la relación entre ciudadanía y sistema sanitario.
La proposición de PP y Vox no busca informar: busca condicionar. No interpela a las mujeres, sino que intenta dictarles el relato de su propia experiencia. Y lo hace desde el poder institucional, blindado en mayorías políticas, pero sin fundamento ni respaldo social. La libertad de decidir no puede estar sometida a una pedagogía del miedo.