El fuego ya ha provocado una catástrofe en la Sierra Oeste de Madrid. El peligro ahora es provocar una segunda con la excusa de “limpiar” lo quemado.
La Comunidad de Madrid acaba de aprobar un régimen extraordinario que permite cortar, desbrozar y extraer madera de los montes privados afectados por los incendios de Sierra Oeste y Lozoyuela sin la autorización individual que normalmente exigirían estas actuaciones. Basta con comunicar los trabajos diez días hábiles antes.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vende la medida como una forma de agilizar la recuperación, evitar plagas y limpiar el terreno. Pero un bosque quemado no es un vertedero lleno de árboles inútiles. Y la madera calcinada no es simplemente basura que deba desaparecer cuanto antes.
La propia investigación financiada y difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica ha comprobado que dejar parte de esa madera sobre el terreno puede proteger los nuevos brotes frente al sol y la sequía, conservar nutrientes, reducir la erosión y proporcionar refugio y posaderos para animales que dispersan semillas. El MITECO llega a definir la madera quemada como un “legado biológico” favorable para la restauración forestal.
Y, sin embargo, Madrid ha establecido como regla general que, salvo la madera destinada expresamente a combatir la erosión, se retiren todos los productos de más de diez centímetros de diámetro. En terrenos con más del 20% de pendiente únicamente obliga a conservar al menos un 15% de determinada madera fina para construir fajinas.
Ese automatismo es difícil de conciliar con lo que sabemos sobre restauración ecológica.
No todos los árboles negros están muertos
La cuestión es especialmente delicada porque la propia Comunidad calcula que el 43% de la vegetación afectada en Sierra Oeste corresponde a encinas, frente a un 26% de pinares. De unas 27.000 hectáreas afectadas, aproximadamente 19.000 son de titularidad privada.
Las encinas y otras frondosas mediterráneas poseen una extraordinaria capacidad de rebrote. Que la copa esté chamuscada no significa necesariamente que el ejemplar haya muerto.
La resolución madrileña lo reconoce parcialmente: ordena no destruir los cepellones y sistemas radiculares y establece que las frondosas se corten cuando estén totalmente quemadas y no se prevea rebrote de las copas.
Pero ahí aparece la contradicción: ¿quién determinará, parcela por parcela y antes de las motosierras, qué encina puede recuperarse si precisamente se ha eliminado la autorización técnica individual previa?
Los agentes forestales pueden inspeccionar, señalar árboles que deben permanecer y paralizar actuaciones. Eso es cierto y debe contarse. Pero la filosofía administrativa ha cambiado: ya no hay que conseguir previamente una autorización individual; se comunica la actuación y, salvo intervención administrativa, se puede ejecutar.
Sobre 19.000 hectáreas privadas, el control efectivo dependerá de disponer de suficientes técnicos y agentes para vigilar una superficie gigantesca.
La saca de madera también puede hacer daño
La ciencia tampoco permite presentar la extracción postincendio como una receta universal.
Una revisión científica de 2025 sobre tratamientos posteriores a incendios mediterráneos concluye que no existe consenso que justifique aplicar el mismo tratamiento en todas partes. La conveniencia de intervenir depende de las especies, la severidad del incendio, el suelo, la pendiente y la capacidad de regeneración natural. También documenta que la madera muerta puede proteger las plántulas de la radiación, las temperaturas elevadas y la pérdida de humedad.
Hay casos en los que retirar árboles es necesario. Especialmente en pinares puede existir riesgo real de escolítidos y también deben eliminarse ejemplares que amenacen carreteras, viviendas o personas. La propia resolución fija por ese motivo un plazo más corto para las coníferas.
Pero de ahí no se deduce que cuanto más se corte, mejor se recuperará el monte.
Después de un incendio el suelo está desnudo, debilitado y expuesto a las lluvias. La entrada de maquinaria y la saca de troncos pueden compactarlo, alterar los brotes y aumentar la pérdida de suelo si los trabajos se realizan mal. Incluso la propia norma madrileña reconoce indirectamente ese peligro cuando prohíbe determinados arrastres precisamente para evitar cárcavas y la destrucción del horizonte superficial.
El Gobierno de Ayuso debería haber optado por lo contrario: evaluación técnica previa, rodal por rodal; protección máxima del suelo; espera para comprobar qué encinas y robles rebrotan; retirada selectiva donde exista peligro o riesgo fitosanitario; y conservación de suficiente madera muerta para mantener las funciones ecológicas.
La Sierra Oeste no necesita una carrera por sacar troncos. Necesita ciencia, paciencia y vigilancia.
Porque después del peor incendio de la historia reciente de Madrid, lo último que necesita el bosque es que una Administración confunda restaurarlo con dejarlo limpio de árboles.
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