Blocus, una palabra francesa que significa bloqueo, ha pasado de identificar protestas estudiantiles a convertirse en España en una etiqueta utilizada para convocar disturbios, saqueos y ataques contra establecimientos comerciales. Lo que algunos perfiles de TikTok presentaban como una movilización juvenil contra las deficiencias de la educación pública ha terminado revelando una realidad bastante más inquietante, la utilización de adolescentes para ejecutar acciones violentas organizadas a través de las redes sociales.
Los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, que dejaron más de un centenar de detenidos, muchos de ellos menores de edad, pusieron al descubierto un fenómeno que ya no puede explicarse como una simple concentración espontánea de jóvenes descontentos. Detrás existían canales de Telegram y WhatsApp, instrucciones para ocultar la identidad y mensajes que señalaban comercios susceptibles de ser saqueados.
La Guardia Civil detuvo el pasado viernes en Picanya, Valencia, al presunto fundador e impulsor de Blocus en España. Según los investigadores, administraba grupos de Telegram utilizados para coordinar las convocatorias y se presentaba públicamente como responsable del movimiento. La investigación apunta a posibles delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, aunque las responsabilidades deberán determinarse judicialmente.
¿Quién está detrás de Blocus?
La pregunta resulta fundamental porque, pese a las detenciones, todavía no existe constancia de una dirección única que controle todas las convocatorias. Las investigaciones han identificado a distintos administradores y promotores en varias ciudades españolas, algunos de ellos menores de edad. Uno de los principales responsables de los canales de Barcelona utilizaba el alias de Fuck A.E.A.T. y había conseguido reunir a miles de usuarios en espacios digitales de coordinación. El sistema de captación seguía un procedimiento reconocible. Los vídeos difundidos en TikTok remitían mediante códigos QR a grupos de mensajería. Desde allí, los participantes recibían instrucciones sobre vestimenta, lugares de encuentro y posibles objetivos. Según la Guardia Civil, algunas conversaciones incluían propuestas de incendiar establecimientos e incluso edificios públicos.
No estamos ante una reivindicación social que ocasionalmente desemboca en violencia, sino ante convocatorias en las que la comisión de delitos aparece, según los investigadores, como uno de los objetivos previamente establecidos.
El origen del fenómeno se encuentra parcialmente en las movilizaciones juveniles francesas, aunque trasladar esa referencia a España no permite atribuir a Blocus una identidad política concreta. Los Mossos d'Esquadra no han identificado hasta ahora una organización extremista detrás del movimiento ni una ideología común entre sus participantes. Conviene subrayarlo porque la violencia callejera se ha convertido también en materia prima para el enfrentamiento partidista. Asociar automáticamente estos disturbios con una determinada corriente política, sin pruebas que lo acrediten, sería contribuir a la confusión que precisamente favorece a sus promotores.
La irresponsabilidad de convertir el vandalismo en espectáculo
Lo más preocupante de Blocus es la facilidad con la que una convocatoria aparentemente estudiantil puede transformarse en una operación de saqueo, amplificada por plataformas digitales que permiten llegar a miles de adolescentes en cuestión de horas. Hay una diferencia esencial entre protestar contra las desigualdades y aprovechar esas desigualdades como excusa para destruir comercios, atacar a trabajadores o enfrentarse a la policía. La protesta social exige derechos; el saqueo organizado vulnera los derechos de los demás.
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad de quienes administran las plataformas donde circulan estos mensajes. La aparición y desaparición de cuentas, la migración hacia canales privados y la utilización de perfiles anónimos complican la investigación y obligan a preguntarse si las grandes empresas tecnológicas están respondiendo con suficiente diligencia ante convocatorias explícitas a cometer delitos.
Pero existe otra cuestión todavía más grave. Muchos de los participantes son menores que pueden acabar afrontando procedimientos judiciales por seguir instrucciones de personas a las que ni siquiera conocen. Detrás de la aparente rebeldía se esconde, en numerosos casos, una dinámica de captación digital que explota la necesidad adolescente de pertenecer a un grupo y la fascinación por la notoriedad inmediata. Una sociedad democrática debe garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando resulte incómoda para los poderes públicos. Precisamente por eso debe impedir que ese derecho sea utilizado como cobertura de actos violentos.
Blocus no representa a la juventud española, ni a los estudiantes que reclaman mejores servicios públicos, ni a quienes se movilizan legítimamente contra las desigualdades. Sus convocatorias violentas perjudican también a esos movimientos, porque facilitan que se confunda la reivindicación con el vandalismo.
La investigación judicial deberá esclarecer quiénes organizaron las acciones, qué grado de coordinación existía y si hubo responsables que todavía no han sido identificados. Lo que ya muestran las actuaciones policiales es suficientemente grave, menores movilizados desde el anonimato digital, convocatorias que utilizan causas sociales como reclamo y una violencia que amenaza con convertirse en espectáculo viral. Y ninguna frustración social, por legítima que sea, justifica convertir las calles en un escenario de destrucción.
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