José María Aznar no se limitó este viernes en Espejo Público a criticar la gestión del Gobierno. El expresidente fue mucho más lejos. Habló de “invasión”, “traición”, “descomposición del Estado”, reclamó militarizar Ceuta y terminó acusando al Ejecutivo de haber utilizado la conocida como Ley de Nietos para “alterar el censo electoral” y obtener ventajas electorales.¿Se pueden considerar golpistas estas palabras? ¿Son otra de las ya conocidas bravuconadas del expresidente?
La gravedad de las palabras obliga precisamente a separar los hechos de la retórica.
El Ejército no actúa por encima del Gobierno
Aznar afirmó que “los militares tienen la obligación constitucional de defender el país” y presentó la militarización como respuesta prácticamente obligada ante lo sucedido en Ceuta. En la propia transcripción enlaza esa afirmación con su acusación de “cobardía, incompetencia y traición” contra el Ejecutivo.
Pero la Constitución contiene una precisión fundamental que desaparece de ese discurso. Su artículo 8 establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de España. Sin embargo, el artículo 97 establece inequívocamente que es el Gobierno quien dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Por tanto, invocar el artículo 8 sin explicar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil ofrece una imagen incompleta del sistema constitucional. La Constitución no concede al Ejército una autonomía política para decidir cuándo existe una amenaza ni cómo responder a ella.
Ceuta sufrió una crisis extraordinaria, pero eso no demuestra una “traición”
La magnitud de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio es indiscutible. El servicio de estudios del Parlamento Europeo calcula que unas 80.000 personas entraron desde Marruecos, mientras que la Eurocámara ha denunciado la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
Es decir, Aznar tiene una base factual cuando denuncia la extraordinaria gravedad de lo ocurrido y el papel de Marruecos.
Lo que los hechos no demuestran es su siguiente salto argumental: que el Gobierno haya cometido una “traición” o haya decidido “dar la razón a los invasores”.
De hecho, el Real Decreto-ley aprobado tras la crisis recoge el refuerzo de la frontera, actuaciones para acelerar retornos y medidas de apoyo a Ceuta. Otro real decreto declaró recursos para una situación de interés para la Seguridad Nacional. Se puede discutir políticamente si esas medidas fueron suficientes, tardías o equivocadas; afirmar que el Estado simplemente decidió no defender Ceuta es otra cosa.
La acusación más grave: un supuesto fraude electoral sin pruebas
Aznar reservó para el final una afirmación todavía más delicada. Sostuvo que la Ley de Nietos había sido “un intento de alterar el censo electoral para obtener ventajas” y añadió: “Lo tengo clarísimo”. Clarísimo puede tenerlo Aznar. Demostrado es otra cosa.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática determina quién puede optar a la nacionalidad española: descendientes de españoles en determinados supuestos relacionados con el exilio, hijos de españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978 y descendientes incluidos en los demás casos previstos legalmente. No dice que se conceda la nacionalidad “a cualquiera”. Existen requisitos y un procedimiento administrativo.
Es cierto que ciudadanos españoles residentes en el extranjero pueden formar parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes y votar en determinadas elecciones. Eso no constituye una anomalía diseñada por este Gobierno: está regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General desde hace décadas.
Convertir el hecho de que nuevos españoles puedan adquirir derechos políticos en una prueba de manipulación electoral exige demostrar una intención fraudulenta. Aznar no aportó esa prueba.
Israel tampoco convierte automáticamente una crítica en antisemitismo
Aznar aseguró además que llamar a Israel “Estado genocida” supone antisemitismo. Tampoco puede establecerse esa equivalencia automática. Incluso la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA, utilizada por instituciones europeas, precisa que las críticas a Israel comparables a las realizadas contra cualquier otro Estado no pueden considerarse por sí mismas antisemitas. El contexto y el contenido son determinantes.
De la crítica política a la construcción de un enemigo
Aznar tiene todo el derecho a cuestionar la gestión de Ceuta, la política hacia Marruecos o la Ley de Memoria Democrática. Pero otra cosa es presentar simultáneamente a España como “invadida”, al Estado como “descompuesto”, al Gobierno como “traidor”, al sistema electoral como potencialmente manipulado y al Ejército como respuesta necesaria.
Ahí ya no estamos únicamente ante una discrepancia de gestión. Estamos ante una narrativa política de excepcionalidad construida mediante afirmaciones ciertas, medias verdades y conclusiones que no se derivan necesariamente de los hechos.
Y cuando un expresidente del Gobierno formula acusaciones tan extraordinarias como la manipulación del censo electoral, la exigencia debería ser igualmente extraordinaria: pruebas. En la entrevista de este viernes, Aznar ofreció muchas certezas. Pruebas de fraude electoral, ninguna.
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