José María Aznar ha recurrido este jueves a la crisis de Ceuta para defender la normalización de las relaciones con Israel. Durante la presentación de Dana Erlich en Nueva Economía Fórum, el expresidente ha relacionado lo ocurrido en la ciudad autónoma con haber perdido la amistad de aliados relevantes. Pero en las declaraciones publicadas no explica qué ayuda concreta habría evitado la crisis ni aporta pruebas que permitan establecer esa conexión. Ceuta aparece así como argumento para reclamar un alineamiento diplomático, mientras la acusación de genocidio contra Israel queda despachada como "antisemitismo puro y duro".
El planteamiento merece una respuesta contundente: la seguridad de España no exige guardar silencio ante la destrucción de la población palestina. Tampoco la amistad entre países convierte a sus gobiernos en autoridades exentas de responsabilidad. Presentar la denuncia de atrocidades como una deslealtad estratégica supone colocar la conveniencia diplomática por encima de las vidas humanas.
Denunciar el genocidio en Gaza no es antisemitismo
Aznar admite que se puede criticar al Gobierno israelí y cuestionar sus operaciones militares, pero pretende fijar de antemano la conclusión que esa crítica no puede alcanzar. El problema de su razonamiento es que la calificación de genocidio no procede únicamente de consignas o adversarios políticos.
En septiembre de 2025, la comisión internacional independiente de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Su análisis identificó cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención contra el Genocidio y examinó tanto la conducta de las autoridades como sus declaraciones. Israel rechazó las conclusiones. Se trata de una investigación, no de una sentencia judicial, pero su contenido no desaparece porque Aznar lo considere incómodo.
Acusar de antisemitismo de manera indiscriminada a quienes denuncian esos hechos evita discutir las pruebas y convierte una lucha indispensable contra el odio a los judíos en un instrumento de protección política del Gobierno israelí.
El antisemitismo debe combatirse sin concesiones. Precisamente por eso resulta irresponsable confundir al conjunto de la población judía con las decisiones de Netanyahu. Ningún gobierno representa moralmente a todas las personas de una religión, y ningún pueblo debe cargar con los crímenes de sus gobernantes.
Los crímenes de Hamás no conceden impunidad a Netanyahu
Los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron una atrocidad. El asesinato de civiles y la toma de rehenes merecen una condena inequívoca, sin justificaciones ni coartadas. Las víctimas israelíes tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Ese mismo principio impide utilizar su sufrimiento como autorización permanente para infligir sufrimiento a otra población. La responsabilidad de Hamás no convierte a los niños palestinos en combatientes ni hace desaparecer los derechos de las familias de Gaza.
Aznar presenta la victoria definitiva de Israel sobre Hamás como la única apuesta realista para un Estado palestino viable. Pero esa formulación deja fuera la pregunta fundamental: qué límites impone a esa victoria y qué protección exige para quienes no participan en las hostilidades. Una defensa de la seguridad que elude la responsabilidad por las atrocidades termina proporcionando cobertura política a quienes las cometen.
Las advertencias previas al 7 de octubre exigen investigar a Netanyahu
Las nuevas informaciones sobre las alertas anteriores al ataque agravan la exigencia de rendición de cuentas. Una investigación publicada por Haaretz, vinculada al libro de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuva, sostiene que el presidente de Emiratos Árabes Unidos advirtió a Netanyahu de una operación de Hamás diez días antes de la masacre. Netanyahu lo niega y ha anunciado acciones por difamación; Emiratos no ha confirmado públicamente la conversación.
La acusación es gravísima, pero no permite afirmar como hecho probado que Netanyahu y todo su Gobierno conocieran el ataque exacto y decidieran dejarlo ocurrir. Sí exige esclarecer qué advertencias llegaron, quién las recibió y qué decisiones se tomaron.
La defensa de las víctimas israelíes debería empezar también por exigir esas respuestas. Invocar su memoria mientras se evita escrutar a quienes tenían la responsabilidad de protegerlas es una solidaridad incompleta y políticamente interesada.
Ceuta no puede convertirse en una coartada para silenciar Gaza
Aznar sostiene que los intereses nacionales permanecen mientras los gobiernos pasan. Precisamente: la defensa de esos intereses no puede quedar subordinada a la protección de un dirigente extranjero ni al encubrimiento retórico de sus responsabilidades.
Ceuta necesita seguridad, cooperación y explicaciones verificables. La población israelí necesita protección frente al terrorismo y verdad sobre los fallos que precedieron a la masacre. La población palestina necesita que termine la destrucción de sus condiciones de vida y que se investiguen y castiguen los crímenes.
Utilizar unas víctimas para borrar a otras no es política de Estado. Es una doble vara moral que Aznar pretende presentar como realismo diplomático. Y denunciarla es una obligación democrática.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.