La reapertura de la mina de Aznalcóllar ya no es una hipótesis lejana. Avanza por la vía administrativa mientras se acumulan informes que alertan de riesgos ambientales y sanitarios sobre el Guadalquivir y su estuario. El debate no es ideológico ni abstracto: es técnico, jurídico y de salud pública. Y llega en un contexto de fragilidad hídrica y contaminación acumulada que convierte cualquier decisión irreversible en un problema de Estado.
El proyecto, impulsado por el Grupo México, se apoya en una Autorización Ambiental Unificada cuestionada por organizaciones ecologistas y por expertos que señalan lagunas de evaluación y carencias en la participación pública. No es una discusión menor: hablamos de la gestión de más de 17.000 millones de litros de aguas tóxicas y de su impacto sobre un sistema fluvial ya tensionado por décadas de vertidos industriales, agricultura intensiva y dragados reiterados.
La memoria ambiental del territorio pesa. El estuario del Guadalquivir presenta concentraciones de metales pesados documentadas desde hace años, con efectos ecotóxicos en peces y sedimentos. La propuesta de vertido se sitúa precisamente en una zona sensible, donde la capacidad de dilución y regeneración es limitada. No es un escenario virgen, es un sistema al límite.
Evaluación ambiental, el procedimiento sí importa
El reproche central no se limita al contenido del proyecto, sino al procedimiento. La Unesco ha reclamado en dos ocasiones una Evaluación de Impacto Ambiental completa y específica sobre el Valor Universal Excepcional del entorno de Doñana, con revisión independiente antes de cualquier decisión definitiva. Esa exigencia no ha sido satisfecha en términos concluyentes.
La tramitación avanza, además, con expropiaciones vinculadas a una tubería de 30 kilómetros para el transporte de vertidos, iniciadas sin que conste de forma clara la autorización de la Confederación Hidrográfica para disponer y vaciar aguas contaminadas. La utilización de marcos legales antiguos para acelerar procesos actuales debilita las garantías y alimenta la conflictividad social.
Salud pública
Los estudios comparativos en entornos mineros gestionados por el mismo grupo empresarial introducen un factor que debería bastar para extremar la cautela. Incrementos significativos en riesgos de parto prematuro extremo y malformaciones congénitas asociados a la exposición a minería de cobre no son datos accesorios: son indicadores de impacto poblacional. A ello se suman antecedentes de vertidos graves en otros países que forman parte del historial corporativo.
Trasladar ese modelo a una cuenca densamente poblada y productiva exige algo más que promesas de tecnología de depuración. Exige certeza científica verificable, controles independientes y capacidad real de detener la actividad ante cualquier desviación. Hoy, ese umbral de seguridad no está acreditado de forma convincente.
Competencias cruzadas
La Junta de Andalucía ha empujado el proyecto en nombre del desarrollo y el empleo, pero la dimensión del riesgo trasciende el ámbito autonómico. El Guadalquivir es un eje ambiental, económico y cultural de alcance nacional. De ahí la carta remitida al presidente del Gobierno y a las responsables de Hacienda y Transición Ecológica, reclamando una moratoria y la creación de un comité de expertos independiente.
No se trata de bloquear por sistema la actividad minera, sino de asumir que hay proyectos que, por su escala y contexto, no admiten atajos. La responsabilidad última no puede diluirse entre administraciones cuando los impactos potenciales son irreversibles. El argumento del empleo vuelve a aparecer como coartada. Pero el empleo que compromete un río y su estuario, la pesca tradicional, la salud de poblaciones enteras y el patrimonio natural no es desarrollo: es traslado de costes. Costes que suelen pagar los mismos territorios y las mismas generaciones.
Aznalcóllar no es solo una mina. Es una prueba de hasta dónde llega la capacidad del sistema para anteponer el interés general a decisiones apresuradas. La comunidad científica, las organizaciones ecologistas y buena parte de la sociedad andaluza han puesto los datos sobre la mesa. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que deberá decidir si mira el expediente como un trámite más o como lo que es: un riesgo estructural para el principal río de Andalucía.