La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a situar la “libertad educativa” en el centro de su discurso durante la inauguración de un centro concertado en Valdebebas. Un mensaje político ya conocido, en el que se ensalza la capacidad de elección de las familias, el éxito del modelo madrileño y el equilibrio entre educación pública y concertada. Sin embargo, cuando se confronta ese relato con los datos oficiales —procedentes del Ministerio de Educación, del INE y de la propia Comunidad de Madrid— emergen importantes contradicciones que desmontan, punto por punto, varios de los pilares de su intervención.
Libertad de elección: una realidad condicionada
Ayuso aseguró que el 95% de las familias obtiene plaza en el centro elegido como primera opción. El dato, utilizado de forma reiterada por el Gobierno regional, omite un matiz esencial: no todas las familias compiten en igualdad de condiciones.
Los procesos de admisión en Madrid han sido objeto de críticas por favorecer la segregación escolar. Según informes del propio Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid se sitúa entre las regiones con mayor segregación por nivel socioeconómico. Esto significa que, en la práctica, la “libertad de elección” está condicionada por factores como la renta, la ubicación o la capacidad de asumir costes indirectos (uniformes, actividades, cuotas “voluntarias”).
En términos técnicos, no se trata de un mercado educativo libre, sino de un sistema de elección restringida con sesgos estructurales.
El peso de la concertada frente a la pública
Madrid es una de las comunidades donde la educación concertada tiene mayor peso. En torno al 30% del alumnado está escolarizado en este modelo, muy por encima de la media nacional.
El discurso institucional insiste en que se trata de una “convivencia equilibrada”, pero los datos presupuestarios muestran otra realidad: el gasto por alumno en la red pública sigue siendo inferior al de otras comunidades con menor peso de la concertada.
Además, mientras se anuncian ampliaciones de conciertos educativos —como la extensión a 14 años—, la red pública arrastra déficits históricos en infraestructuras. Centros con aulas prefabricadas, retrasos en la construcción de institutos y sobrecarga en determinadas zonas evidencian que la inversión no está distribuyéndose de forma homogénea.
Inversión récord: cifras absolutas frente a esfuerzo real
Ayuso afirmó que la Consejería de Educación cuenta con “el mayor presupuesto de su historia”. Es una afirmación técnicamente cierta en términos absolutos, pero engañosa sin contexto.
El crecimiento del presupuesto educativo en Madrid no se traduce en un mayor esfuerzo relativo. Si se analiza el gasto educativo como porcentaje del PIB, la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de la media española.
"Porque, más allá de los discursos institucionales, la verdadera medida de un sistema educativo no es cuántas opciones ofrece, sino cuán accesibles son para todos"
En otras palabras: se gasta más porque la economía es mayor, pero no porque se priorice más la educación. Este matiz es clave para entender por qué persisten carencias estructurales pese al aumento nominal del presupuesto.
Becas y ayudas: alcance limitado
El Gobierno regional presume de una “oferta histórica de becas”. Sin embargo, el diseño de estas ayudas ha sido cuestionado por favorecer, en parte, a rentas medias y altas.
Un ejemplo claro son las becas para bachillerato en centros privados, que amplían el acceso a la concertada y privada, pero no corrigen las desigualdades en la pública.
Desde un punto de vista de política pública, esto implica un cambio de enfoque: en lugar de reforzar el sistema público como eje vertebrador, se subvenciona la demanda en otros modelos educativos.
Infraestructuras: crecimiento desigual
La presidenta destacó inversiones concretas en Valdebebas y la construcción de nuevos centros. Sin embargo, los datos globales muestran un patrón desigual.
Distritos en expansión, como el propio Valdebebas o el Ensanche de Vallecas, han sufrido durante años falta de plazas públicas suficientes, obligando a muchas familias a recurrir a la concertada por necesidad, no por elección.
Este fenómeno se conoce como “planificación reactiva”: la oferta pública llega tarde, mientras la concertada se implanta con mayor rapidez.
Condiciones del profesorado: dos redes, dos realidades
Otro de los anuncios fue la mejora de condiciones laborales en la concertada, como la reducción de jornada previa a la jubilación.
Sin embargo, la comparación con la red pública revela diferencias significativas. El profesorado de la enseñanza pública accede mediante oposiciones y cuenta con condiciones laborales más homogéneas, mientras que en la concertada persisten desigualdades en estabilidad y retribuciones.
El refuerzo de la concertada sin una equiparación real de condiciones genera un sistema dual que impacta directamente en la calidad educativa.
Resultados académicos y equidad
Madrid suele destacar en rankings educativos, especialmente en evaluaciones como PISA. No obstante, estos resultados deben analizarse junto a los indicadores de equidad.
La Comunidad presenta una de las mayores brechas entre alumnado de distintos niveles socioeconómicos. Es decir, el sistema produce buenos resultados medios, pero con desigualdades internas significativas.
Desde una perspectiva educativa, esto cuestiona la sostenibilidad del modelo: la excelencia no puede medirse únicamente por medias, sino por la capacidad de garantizar oportunidades reales para todo el alumnado.
El marco constitucional: interpretación interesada
Ayuso apeló a la Constitución para defender la libertad de enseñanza. Es cierto que la Carta Magna reconoce este derecho, pero también establece la obligación de los poderes públicos de garantizar una educación pública suficiente.
El equilibrio entre ambos principios —libertad y garantía pública— es el núcleo del debate. El problema surge cuando uno se utiliza para justificar el debilitamiento del otro.
Conclusión: relato político frente a evidencia empírica
El discurso de la presidenta responde a una estrategia política clara: asociar la concertada con libertad, calidad y modernidad, y presentar el modelo madrileño como un éxito exportable.
Sin embargo, los datos muestran un sistema tensionado, con desigualdades crecientes, una red pública que no siempre recibe los recursos necesarios y una planificación que favorece la expansión de la concertada.
La educación en Madrid no es un fracaso, pero tampoco el modelo idílico que se describe. Es un sistema complejo, con fortalezas y debilidades, donde la retórica política simplifica una realidad que exige análisis riguroso y decisiones basadas en evidencia.
Porque, más allá de los discursos institucionales, la verdadera medida de un sistema educativo no es cuántas opciones ofrece, sino cuán accesibles son para todos.