Ayuso: ruido, bulos y una realidad que desmiente su relato

Del “todo vale” a los datos: cómo se caen las acusaciones de la presidenta madrileña cuando se contrastan con informes oficiales y cifras públicas

06 de Noviembre de 2025
Actualizado a las 11:43h
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Ayuso: ruido, bulos y una realidad que desmiente su relato
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras inaugurar el Palacio de Justicia en Torrejón de Ardoz 

La entrevista de Isabel Díaz Ayuso en EsRadio encadenó descalificaciones y afirmaciones graves sin sostén factual. Repasamos, con datos verificables y lenguaje llano, por qué no se sostienen sus mensajes sobre la supuesta “impunidad” del Gobierno, el “gasto obsceno” en propaganda, la DANA de Valencia, o la etiqueta de “brazo político del terrorismo” contra EH Bildu.

“Torres exculpado por bienquedismo”: qué dice de verdad la UCO

Ayuso caricaturiza el caso de Ángel Víctor Torres y sugiere impunidad. La realidad es otra: tras analizar el informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas, los instructores del ‘caso Koldo’ no ven indicios para elevar una exposición razonada contra Torres al Supremo. El propio informe sitúa su contacto con el comisionista en el marco de gestiones posteriores de cobro y no aprecia delitos. Son hechos, no opiniones.

“80 millones en redes de Moncloa”: confundir publicidad institucional con “propaganda” del presidente

Ayuso afirmó que Moncloa “destina 80 millones” a comunicación, internet y redes, frente a “20” de gobiernos previos. Los planes de publicidad institucional son del conjunto de la Administración General del Estado, no de “Moncloa para redes”. En 2025, el Consejo de Ministros aprobó 161,2 millones para 146 campañas de ministerios y organismos (tráfico, violencia machista, salud pública, emergencias, etc.). Es el mayor plan en 18 años, pero es estatal y multicarpeta, no una caja de propaganda personal. Compararlo con “20 millones” de otro tiempo sin base homogénea mezcla peras con manzanas.

“Guerracivilismo” y Bildu como “brazo político del terrorismo”

EH Bildu es una coalición legal. El Tribunal Constitucional, en su STC 62/2011, amparó su concurrencia electoral y recordó el derecho de acceso a cargos públicos. Además, dirigentes de EH Bildu han expresado rechazo explícito al daño causado por ETA (“nunca debió ocurrir”). Se puede discrepar políticamente —faltaría más—, pero equiparar una coalición legalmente validada con el terrorismo es una desfiguración jurídica y fáctica.

DANA de Valencia: qué exige la ley y qué se hizo de verdad

Ayuso acusa al Gobierno central de no activar “el estado de emergencia” durante la DANA. Conviene aclarar conceptos con lenguaje común:

  • En España, la “emergencia de interés nacional” se declara conforme a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y su normativa de desarrollo. No toda catástrofe exige esa figura; cuando la emergencia está bajo mando autonómico con apoyo estatal (UME, CNP, Tráfico, etc.), puede bastar el nivel 2 autonómico. En la DANA de octubre–noviembre de 2024, la Generalitat Valenciana mantuvo el mando, con refuerzos estatales activados.
  • Tras la tragedia, el Gobierno aprobó paquetes urgentes de ayudas y reconstrucción mediante RDL 6/2024 y su ampliación en RDL 12/2025, con medidas para personas, empresas y administraciones. Es decir, sí hubo respuesta estatal normativa y presupuestaria.
  • La propia investigación ha subrayado competencias autonómicas clave durante la gestión inicial y que la delegada del Gobierno no tenía responsabilidad penal en la cadena decisoria. Además, se ha señalado que la Generalitat no declaró la “emergencia catastrófica” pese a tener potestad para ello. Son hechos asentados en resoluciones y crónicas judiciales, lejos del “nadie hizo nada”.

“Todo es corrupción”: sobre Calviño, Renfe y titulares televisivos

Ayuso enlaza piezas sueltas para pintar un cuadro uniforme de corrupción. Conviene separar:

  • Nadia Calviño: hay informaciones que apuntan a tramitación urgente de un alta para pagos vinculados a mascarillas; son publicaciones periodísticas en curso de contraste, no sentencias. Conviene distinguir entre hechos acreditados judicialmente e hipótesis de investigación.
  • Renfe/LogiRAIL y Claudia Montes: existen audios difundidos por TV sobre un posible “puesto a medida”. Es materia informativa abierta, no una causa concluida. De nuevo: prudencia y hechos.
  • Etiquetas de TV o rótulos erróneos no convierten un caso en otro ni acreditan conspiraciones institucionales; rectificar rótulos forma parte de los protocolos habituales de emisión.

“Impunes porque son los tres poderes en uno”

España mantiene separación de poderes, controles cruzados y órganos jurisdiccionales que han parado, corregido o anulado decisiones de gobierno en múltiples ocasiones. Que una dirigente autonómica discrepe de fallos o fiscalías no convierte el sistema en totalitario. La prueba más clara es esta misma cascada de causas abiertas, informes periciales, decisiones de jueces instructores y resoluciones del Constitucional, todo ello a la vista pública y con pluralidad mediática.

¿Qué nos dicen los datos frente a la hipérbole?

  • Publicidad institucional: 161,2 millones en 2025 para toda la AGE (no “Moncloa para redes”), con objetivos de servicio público. Comparar esa cifra con “20 millones de antes” sin especificar ámbitos y años es una falacia de falsa equivalencia.
  • Caso Torres: no hay indicios para elevar causa al Supremo, según instructores tras informe de la UCO. La versión de “blanqueo” político no encaja con el contenido de los atestados.
  • DANA 2024: hubo decisiones normativas y ayudas del Estado y competencias autonómicas críticas durante la gestión. No declararla “nacional” no es sinónimo de inacción; es una opción legal en un marco de co-gobernanza.
  • EH Bildu: su legalidad emana del Constitucional y hay declaraciones públicas reconociendo el dolor de las víctimas de ETA. Llamarlo “brazo político del terrorismo” choca con la realidad jurídica.

En la entrevista buscó amplificar un relato de país roto, “impunidad” y “propaganda” infinita. Los hechos dibujan algo distinto: investigaciones que archivan cuando no hay indicios, planes de comunicación públicos y auditables, un marco legal de emergencias que permite distintas vías de mando y partidos legales que se someten a las urnas.

En democracia, criticar es sano; desinformar, no. Si la discusión pública se apoya en cifras verificables y resoluciones oficiales, las hipérboles se desinflan solas. Y eso —más transparencia, más datos, menos consignas— es lo que la ciudadanía merece.

Entrevista integra a Isabel Díaz Ayso en Esradio

 

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