Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes vuelven a ocupar un lugar dentro de la estructura institucional de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los nombró el pasado 22 de julio vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora, una función que les permitirá participar como expertos en las reuniones del máximo órgano consultivo jurídico de la Administración regional y percibir 750 euros netos por cada pleno al que efectivamente asistan.
Los nombramientos fueron formalizados mediante tres decretos diferentes del Consejo de Gobierno y publicados posteriormente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Los decretos 66/2026, 67/2026 y 68/2026 designan respectivamente a Ruiz-Gallardón, Aguirre y Cifuentes.
No tendrán dedicación exclusiva ni derecho a un salario mensual por esta función. La normativa establece que los vocales electivos participan como expertos, con voz pero sin voto, y únicamente cobran por asistencia efectiva. Tampoco forman parte del núcleo de miembros de la Comisión a efectos de adoptar acuerdos.
La diferencia puede parecer menor, pero resulta importante: si no acuden, no cobran.
750 euros por sesión
Lo que llama la atención es la cuantía. La documentación inicial elaborada por la propia Comunidad contemplaba una indemnización máxima de 459 euros por pleno. Así aparece expresamente en la memoria de impacto económico de la reforma.
Finalmente, la cifra ha ascendido a 750 euros netos por sesión, según ha confirmado la Consejería de Presidencia. Son 291 euros más, alrededor de un 63% de incremento respecto de aquella primera previsión.
Y la Comisión no se reúne precisamente de manera esporádica.
Su memoria oficial correspondiente a 2025 señala que celebró 45 plenos, cuatro de ellos telemáticos, en los que se debatieron 688 asuntos y se aprobaron 679 dictámenes y nueve acuerdos.
Si ese ritmo se repitiera y cada expresidente asistiera a las 45 sesiones, podría percibir 33.750 euros anuales. Los tres conjuntamente alcanzarían 101.250 euros. No significa que vayan a cobrar necesariamente esas cantidades: dependerá del número de reuniones convocadas y de su asistencia.
Cifuentes eliminó el antiguo Consejo por su coste
La operación posee además una paradoja política. Fue precisamente el Gobierno de Cristina Cifuentes el que en 2015 impulsó la eliminación del antiguo Consejo Consultivo madrileño. La propia Comunidad justificó entonces la decisión como una medida de austeridad y cifró el ahorro previsto en 2,3 millones de euros anuales.
Aquella desaparición no acabó con la función consultiva. Se creó en su lugar la actual Comisión Jurídica Asesora, integrada fundamentalmente por letrados y configurada como órgano independiente encargado de dictaminar sobre cuestiones como responsabilidad patrimonial, contratación pública, revisión de actos administrativos o proyectos normativos.
Once años después, Cifuentes regresa al sistema consultivo que sustituyó al organismo cuya supresión promovió.
El Estatuto que abrió la puerta
El mecanismo procede del Estatuto de expresidentes aprobado por Ayuso en julio de 2025. La norma reconoce el derecho a solicitar su incorporación como vocales electivos a quienes hayan presidido Madrid durante al menos dos años y accedido al cargo al comienzo de una legislatura. Pueden permanecer seis años, ampliables hasta doce cuando hayan ejercido la Presidencia durante más de cuatro.
El Gobierno regional defiende la medida argumentando que permite aprovechar la experiencia política e institucional acumulada por quienes han presidido Madrid y recuerda que existen figuras semejantes en otras administraciones.
Pero el debate sobre el coste es inevitable.
Madrid pasó de eliminar en 2015 un Consejo Consultivo bajo el argumento de ahorrar dinero público a recuperar una fórmula por la que tres expresidentes políticos pueden cobrar cientos de euros cada vez que se sienten en el pleno de su sucesor institucional.
No son 33.750 euros garantizados ni un sueldo anual.
Pero sí son 750 euros de dinero público por cada reunión a la que decidan asistir.
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