Isabel Díaz Ayuso ha construido buena parte de su discurso político sobre la defensa de la familia, la maternidad y la libertad. Sin embargo, cuando se analizan los datos oficiales de una de sus políticas estrella, la realidad ofrece una imagen mucho menos igualitaria de la que proclama el Ejecutivo madrileño.
Los datos facilitados por la propia Comunidad de Madrid revelan que las mujeres extranjeras encuentran muchas más dificultades para acceder a las ayudas por nacimiento de hijos que las españolas.
Las cifras son claras.
Durante 2025 se concedieron 4.792 ayudas a mujeres españolas y se denegaron 1.423 solicitudes, lo que supone una tasa de rechazo del 22,9 %.
Ese mismo año, las mujeres extranjeras obtuvieron 1.290 ayudas mientras 773 solicitudes fueron rechazadas, una tasa de denegación del 37,5 %, casi quince puntos superior.
La diferencia ya existía en 2024. Entonces fueron rechazadas el 21,8 % de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras frente al 11,5 % de las españolas.
No son opiniones. Son datos oficiales.
Un requisito aparentemente neutro con consecuencias desiguales
La Comunidad de Madrid niega que exista cualquier discriminación por nacionalidad.
Su explicación es sencilla: las ayudas se conceden aplicando criterios objetivos para todas las solicitantes, entre ellos ser menor de treinta años, cumplir determinados límites de renta y acreditar cinco años continuados de empadronamiento en la región.
Desde un punto de vista jurídico, la norma no diferencia entre españolas y extranjeras.
Pero las políticas públicas no solo deben analizarse por lo que dicen sus artículos, sino también por los efectos que producen.
Y esos efectos son evidentes.
El requisito de los cinco años de residencia continuada afecta de manera especialmente intensa a muchas mujeres migrantes jóvenes que trabajan, cotizan y pagan impuestos en Madrid, pero que todavía no alcanzan ese periodo mínimo de empadronamiento.
La consecuencia práctica es que un porcentaje significativamente mayor de mujeres extranjeras queda excluido de unas ayudas cuyo objetivo declarado es fomentar la natalidad.
¿Puede considerarse igualitaria una política pública cuyos efectos recaen de forma tan desigual sobre quienes también viven, trabajan, cotizan y contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos de la región?
La paradoja del modelo Ayuso
Aquí aparece una contradicción difícil de explicar.
Madrid afronta uno de los problemas demográficos más importantes de Europa. El descenso de la natalidad preocupa a todas las administraciones y la propia presidenta autonómica insiste de forma recurrente en la necesidad de apoyar a las familias.
Sin embargo, una parte importante de las mujeres que efectivamente tienen hijos en la Comunidad queda fuera de esas ayudas debido al diseño de los requisitos administrativos.
Si el objetivo es favorecer la natalidad, resulta legítimo preguntarse si tiene sentido que uno de los colectivos con mayor crecimiento demográfico encuentre muchas más dificultades para acceder a esas prestaciones.
No se trata únicamente de una cuestión estadística.
Es una decisión política sobre quién recibe apoyo público y quién queda fuera.
La "prioridad nacional" sin necesidad de escribirla
La Comunidad de Madrid rechaza cualquier acusación de discriminación.
Pero las cifras alimentan inevitablemente un debate político que trasciende esta ayuda concreta.
En los últimos años Vox ha convertido la denominada "prioridad nacional" en uno de los ejes de su discurso, defendiendo que los recursos públicos deben beneficiar antes a los españoles que a los extranjeros.
El Gobierno madrileño no utiliza esa expresión ni la recoge en su normativa.
Sin embargo, cuando el resultado final de una política pública excluye proporcionalmente a muchas más mujeres extranjeras que españolas, resulta inevitable que ese debate reaparezca.
Las normas pueden ser formalmente iguales para todos.
Otra cuestión distinta es que sus consecuencias terminen afectando de forma muy desigual a determinados colectivos.
Gobernar también significa responder por los resultados
Toda administración tiene derecho a fijar requisitos para acceder a ayudas públicas.
Lo que también debe aceptar es el escrutinio sobre las consecuencias de esos requisitos.
Los datos oficiales no demuestran por sí solos una discriminación ilegal. Pero sí evidencian un efecto diferencial muy significativo que el Gobierno de Ayuso tendrá que explicar políticamente.
Cuando casi cuatro de cada diez solicitudes presentadas por mujeres extranjeras son rechazadas, frente a menos de una de cada cuatro entre las españolas, la cuestión ya no puede despacharse únicamente invocando la neutralidad de la norma.
Porque la igualdad de una política pública no se mide solo por cómo está redactada.
También se mide por a quién deja fuera.
Y, en este caso, las cifras oficiales muestran que las principales excluidas son las mujeres migrantes.
En un momento en que el debate sobre la inmigración ocupa el centro de la confrontación política y la extrema derecha intenta convertir el acceso a los servicios públicos en una batalla identitaria, esos datos adquieren una enorme relevancia.
La Comunidad de Madrid insiste en que únicamente aplica criterios objetivos.
Sin embargo, los números obligan a abrir una pregunta incómoda para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso: ¿puede considerarse igualitaria una política pública cuyos efectos recaen de forma tan desigual sobre quienes también viven, trabajan, cotizan y contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos de la región?
Esa es la cuestión que los datos oficiales ponen hoy sobre la mesa. Y esa es también la explicación que el Gobierno madrileño deberá ofrecer a la ciudadanía.
Los porcentajes utilizados en este artículo se han calculado a partir de las cifras oficiales de concesiones y denegaciones facilitadas por la Comunidad de Madrid y coinciden con los publicados por El País.