Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en la reconstrucción de la Sierra Oeste un enorme escaparate político. Visitas, anuncios, planes, ayudas y promesas se suceden desde que el incendio arrasó alrededor de 27.000 hectáreas y un centenar de viviendas.
Pero mientras la propaganda habla de “recuperar el paisaje”, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid cuenta algo mucho más inquietante: el Gobierno regional ha decidido suprimir temporalmente la autorización individual previa para cortar y sacar madera quemada de los montes privados afectados. Será suficiente una comunicación con diez días hábiles de antelación.
Es una decisión política de enorme alcance: solo en Sierra Oeste existen aproximadamente 19.000 hectáreas privadas afectadas, según los datos del propio Ejecutivo madrileño.
No se trata de afirmar que Madrid haya decretado una barra libre sin ninguna condición. La resolución protege cauces, obliga a conservar árboles vigorosos, prohíbe destruir las raíces de las frondosas y permite a los agentes forestales detener los trabajos cuando haya fauna protegida.
El problema es otro: Ayuso ha elegido reducir el control preventivo precisamente en el momento de mayor fragilidad ecológica.
Primero cortar; después, si acaso, controlar
La norma dispone además que se extraigan, con determinadas excepciones para protección del suelo, todos los productos forestales de diámetro superior a diez centímetros.
Y eso no es una cuestión menor.
Casi la mitad de la vegetación dañada en Sierra Oeste —el 43%— es encinar. Muchas encinas aparentemente devastadas pueden rebrotar. La recuperación natural de un ecosistema mediterráneo no puede decidirse contemplando desde una carretera si un tronco está negro.
Hace falta seguimiento.
Hace falta tiempo.
Y hace falta personal técnico suficiente.
Incluso una revisión internacional publicada en 2025 sobre restauración de bosques mediterráneos advierte de que no existe una solución única después del fuego. En unas zonas puede ser conveniente extraer madera; en otras la no intervención o una actuación parcial favorecen mejor la regeneración. La madera muerta puede proporcionar sombra, humedad, nutrientes, refugio y protección frente a la erosión.
Eso es gestionar un ecosistema. Lo contrario es tratarlo como una operación de retirada de escombros.
Del ático a los incendios
Todo esto sucede además mientras el Gobierno regional intenta cerrar uno de sus asuntos más incómodos del verano: el ático de lujo de Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid.
Según la información conocida, Planifica compró el inmueble de 485 metros cuadrados por 6,3 millones de euros. El Gobierno aseguró que pretendía utilizarlo como oficinas temporales, aunque esa utilización chocaba con las limitaciones urbanísticas del edificio. La operación no figuraba entonces en el portal de transparencia ni estaba disponible públicamente la memoria justificativa de la compra.
No está acreditado que el piso se comprara para que Ayuso viviera allí y la presidenta lo niega. Esa precisión es necesaria. Pero tampoco puede ignorarse que su consejero de Presidencia introdujo posteriormente en el debate que Madrid carece de residencia oficial para su presidenta, mientras expertos consultados señalaron que ese uso también plantearía problemas urbanísticos.
Y entonces llegó una decisión políticamente prodigiosa: el Ejecutivo anunció que vendería ese ático y otros inmuebles y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste.
No existe prueba para afirmar que toda la campaña forestal sea una maniobra diseñada para tapar el escándalo del ático. Pero la utilización política de la tragedia resulta evidente cuando una operación inmobiliaria que todavía acumula preguntas termina presentada como una fuente de financiación para reparar los efectos del incendio. Una polémica se intenta cerrar envolviéndola en otra causa mucho más popular: ayudar a los pueblos devastados.
La Sierra Oeste no puede convertirse en un decorado político
La recuperación del monte durará décadas. No terminará con una rueda de prensa ni con retirar rápidamente los troncos negros que afean el paisaje.
Y ni siquiera puede afirmarse todavía que los posibles destrozos que se observen estos días procedan de esta nueva resolución: entró en vigor el 6 de agosto y las actuaciones privadas acogidas a ella requieren diez días hábiles de comunicación previa. Atribuirle hoy una tala concreta sin documentación sería incorrecto.
Pero el riesgo creado por la decisión sí existe desde ahora.
Después de un incendio de estas dimensiones, el principio debería ser exactamente el contrario al aprobado por el Ejecutivo regional: antes de cortar, evaluar; antes de meter maquinaria, estudiar el suelo; antes de dar por muerto un árbol, comprobar su capacidad de rebrote.
Ayuso puede multiplicar los anuncios. Puede vender edificios. Puede llenar las redes sociales de fotografías de reconstrucción. Lo que no puede hacer su Gobierno es tratar el mayor desastre forestal reciente de Madrid como otro problema de comunicación.
Los árboles quemados no necesitan propaganda. Necesitan que nadie termine con la motosierra lo que empezó el fuego.
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