La decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de aplazar al mes de mayo el juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo introduce un matiz relevante en un procedimiento sobredimensionado políticamente desde el primer día. La resolución atiende a razones estrictamente procesales, pero se inscribe en un contexto en el que la derecha ha convertido esta causa en un ariete para desgastar al Gobierno y a un PSOE extremeño inmerso en campaña. La nueva fecha no elimina la presión, pero sí desactiva la expectativa de una vista celebrada en pleno invierno político.
La diligencia de ordenación es clara: la suspensión responde a la coincidencia de señalamientos previos de varios letrados, una circunstancia habitual en causas complejas con múltiples acusaciones y defensas. La Audiencia ha optado por evitar un encaje forzado de agendas que habría comprometido garantías básicas y ha fijado un tramo más amplio —del 28 de mayo al 4 de junio— que permite trabajar con mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, la lectura pública del caso es menos aséptica. Desde hace meses, la derecha parlamentaria y mediática ha tratado esta causa como un proceso extrapolable al conjunto del Gobierno, pese a que los hechos investigados se limitan a una contratación de 2017 en el ámbito de la Diputación de Badajoz. La estrategia no es nueva: convertir procedimientos locales en armas políticas nacionales se ha convertido en una constante del debate español, especialmente cuando algún apellido permite amplificar el desgaste.
El propio Ministerio Fiscal, según fuentes jurídicas consultadas estos días, no ha alentado acusaciones de mayor calado. Pero eso no ha impedido que la narrativa opositora se construya en torno a un relato de supuesta trama que no ha sido sostenido por las diligencias practicadas.
La causa se abre en un momento en el que la exigencia de regeneración y transparencia convive con una utilización partidista del discurso anticorrupción, que termina erosionando la confianza en la propia Justicia. Cada señalamiento, cada filtración parcial, cada retraso se interpreta desde posiciones preestablecidas, sin espacio para matices.
El procedimiento contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo —ambos acusados de prevaricación y tráfico de influencias— se circunscribe a la gestión de una oficina cultural. No es un caso de gran impacto presupuestario ni estructural, pero sí ha sido objeto de un escrutinio que desborda su dimensión real. Y esto, más que aportar claridad, contribuye a confundir a la opinión pública sobre qué se juzga y por qué.
Las defensas han insistido en que la contratación investigada se ajustó al marco normativo vigente en 2017, y los investigadores no han hallado indicios de enriquecimiento personal ni perjuicio económico para las arcas públicas. El debate jurídico, cuando llegue el juicio, girará más en torno a la interpretación administrativa que a comportamientos delictivos deliberados. Pero el clima político —marcado por el intento sistemático de vincular al presidente del Gobierno con cualquier procedimiento que afecte a personas de su entorno— hace imposible que este caso sea tratado como uno más.
La profundidad del problema: un país atrapado en el ruido
El aplazamiento no altera el fondo de la cuestión: España ha convertido la instrumentalización de la Justicia en un terreno habitual del combate político. La oposición no disimula que pretende mantener viva esta causa hasta que el calendario electoral pueda favorecer su relato. Y, al mismo tiempo, cada retraso es leído por algunos sectores como una maniobra, a pesar de que la decisión —respaldada por los letrados de la Administración de Justicia— responde a criterios estrictamente operativos.
El riesgo es evidente: cuando cualquier procedimiento se interpreta bajo clave partidista, la ciudadanía deja de distinguir entre responsabilidades reales y acusaciones oportunistas. Y, en ese terreno, pierde la democracia en su conjunto.
La causa seguirá su curso en mayo. Para entonces, la coyuntura política será otra. Quizá más templada, quizá más crispada. Lo que no cambiará es la necesidad de elevar la discusión pública sobre lo que realmente está en juego: la capacidad de proteger la independencia judicial frente al ruido exterior y la obligación de preservar la presunción de inocencia sin convertir cada caso en un pleito nacional.