La Agencia Tributaria está en el punto de mira de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y todo porque ha inspeccionado a su pareja encontrando indicios de delito que se investigan, ahora, en un juzgado de instrucción. “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”, señaló hace unos días cuando se la preguntó por los audios de las declaraciones de las dos inspectoras de la AEAT ante el juez número 19 en las cuales se llega a decir que Alberto González Amador había multiplicado su patrimonio desde 2020 lo que había levantado las sospechas llegando a descubrirse 15 facturas falsas para reducir su carga impositiva. Es verdad que la organización encargada de recaudar los impuestos estatales no tiene patente de corso, aunque parezca lo contrario, y en la comisión parlamentaria correspondiente debe comparecer periódicamente el secretario de Estado de Hacienda y el director general responsable de la entidad para dar cuenta de su gestión. En los años noventa del siglo pasado se descubrieron irregularidades en la delegación especial de Barcelona. En 1999 fueron condenados los delegados Ernesto Aguiar y Josep María Huguet, y se llegó a responsabilizar políticamente al que fue secretario de Estado de Hacienda entre 1984 y 1991, Josep Borrell, al que le costó su candidatura a las elecciones generales. Otro caso mediático implicó a la delegación catalana en un asunto de corrupción contra el presidente del Barça, el constructor Josep Lluís Núñez. Y ha habido algún caso más. Pero eso no le quita al organismo el principio de autoridad que ahora cuestiona la lideresa madrileña.
Los funcionarios de las delegaciones de Hacienda se cogen los asuntos que tramitan “con papel de fumar”. En primer lugar, “nunca damos a conocer datos sobre nuestra relación con los contribuyentes porque lo tenemos prohibido”, dicen los responsables del ministerio. Y es verdad. Cuando se descubren irregularidades en las inspecciones que se llevan a cabo, que pueden sobrepasar el límite estipulado por la ley de 100.000 euros para considerarlo delictivo, inmediatamente se pone en conocimiento de la fiscalía anticorrupción que es la encargada de proponer al juez la apertura de las oportunas diligencias si se comprueba la existencia de un posible delito. Las actuaciones que se llevan a cabo son reservadas y sólo la ley permite una excepción: la publicación de la lista de los deudores acogiéndose al artículo 95 de la ley general Tributaria. Es una herramienta cuyo objetivo es incentivar el pago para evitar así el daño reputacional, aunque los técnicos reconocen su escasa eficacia ya que “hay deudas que nunca acabarán por cobrarse”,
En el caso de González Amador, se mantuvo un escrupuloso secreto sobre las actuaciones que se estaban llevando a cabo. Ni siquiera trascendió que era el novio de Ayuso hasta que Carlos Neira, su abogado o asesor fiscal, no se sabe bien cual era su condición, se dedicó a difundir por ahí una oferta de su cliente para saldar sus cuentas con Hacienda, oferta de todos conocida: pago de la cantidad descubierta en los impuestos de sociedades de 2020 y 2021, un total de algo más de 350.000 euros, la multa y los intereses de mora, y una pena de cárcel no superior a los nueve meses. Neira llegó a mandar esa oferta a la abogacía del Estado porque, al parecer, allí tenía un amigo que podría solucionar el asunto.
Lo paradójico es que cuando Neira estaba efectuando esas gestiones, los inspectores de Hacienda todavía no habían puesto el hecho en conocimiento del fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto. Este se enteró después de que la oferta circulase, ya, por todas las dependencias funcionariales de la dirección general de Lo Contencioso. Una de las copias de ese documento que se había convertido, ya, en toda una gacetilla, fue a parar a la presidencia de la CAM donde el director de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se puso a trabajar para darle la vuelta y asegurar que era la fiscalía la que efectuaba la oferta y no al revés. Los medios conservadores y, en especial El Mundo, lo publicaron y ahí empezó todo el lio que ha acabado con el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
Pero la Agencia Tributaria, en ningún momento dio a conocer la inspección al empresario, ni siquiera su proximidad a Díaz Ayuso. La reserva de las inspectoras que llevaron a cabo la comprobación fue total. Sólo el interesado, González Amador, y, posteriormente, su abogado o asesor, Neira, tuvieron conocimiento de las diligencias que llevaban a cabo.
La Agencia Tributaria Estatal sólo actúa cuando el potente soporte digital que tiene a su servicio, la base de datos conocida como “Rita”, detecta alguna irregularidad en un contribuyente. Entonces es cuando los inspectores empiezan a actuar. El 95% de los casos, según señalan los responsables de la AEAT, son irregularidades que se solucionan por la vía administrativa. Y el resto se pueden considerar actuaciones presuntamente delictivas para las cuales se pone en marcha un proceso a veces complejo porque intervienen personas jurídicas (es el caso que actualmente ocupa a la entidad sobre las constructoras que quebraron por el estallido de la burbuja inmobiliaria), y en muchas ocasiones porque el dinero acaba por ocultarse bien en paraísos fiscales o a través de alzamiento de bienes, o sociedades interpuestas. Y el grave problema es la falta de medios. Hacienda cuenta con un numero escaso de inspectores y subinspectores, muy por debajo de la media europea. Y en la mayoría de los casos el trabajo de estos funcionarios se ve sobrepasado no sólo por el volumen de expedientes sino también porque deben ponerse a las órdenes de un juez.
Díaz Ayuso no tiene razón. En 2024, la cantidad defraudada a Hacienda ascendió hasta los 850 millones, mientras que los expedientes abiertos por la Agencia Tributaria cayeron un 4,84 por ciento. Por lo tanto, su tesis de que la AEAT persigue a los propietarios, inversores y fortunas carece de fundamento. La lideresa madrileña del PP hace un flaco favor a uno de los pilares del Estado, la recaudación de los impuestos que sirven, entre otras cosas, para pagar su sueldo. A la Agencia Tributaria no hay que atacarla ni temerla, pero sí es cierto que hay que fiscalizarla, vigilarla para que no cometa abusos que, por otra parte, están regulados en la ley que defiende al contribuyente.