José Luis Ábalos conocía bien los pasillos del poder antes de familiarizarse con los del Tribunal Supremo. Durante años fue uno de los dirigentes con mayor capacidad de influencia dentro del PSOE y pieza clave del engranaje político del Gobierno. Su declaración ante el juez instructor, conocida ahora con detalle, refleja algo más que una defensa jurídica: el intento de sostener credibilidad personal cuando el capital político ya no protege.
Cuando la política deja de servir como refugio
El alegato final de Ábalos ante el magistrado Leopoldo Puente tuvo menos de estrategia procesal sofisticada que de apelación directa. El exministro insistió en una idea sencilla: si hubiera querido marcharse, habría podido hacerlo.
“No tengo dónde ir”, afirmó ante el tribunal.
La frase resume bien la situación de quien durante años gestionó infraestructuras estratégicas del Estado y terminó defendiendo su arraigo casi en términos domésticos. Según su propia versión, nunca solicitó permisos para salir del país ni siquiera para vacaciones familiares pese a encontrarse bajo investigación desde hacía meses. El argumento no convenció al instructor.
El juez entendió que la combinación entre la gravedad de los delitos investigados, la elevada petición de penas, que alcanza varias décadas de prisión, y la cercanía del juicio configuraba un riesgo suficiente como para ordenar prisión preventiva tanto para Ábalos como para su exasesor Koldo García.
La decisión refleja también una tendencia creciente en los grandes casos de corrupción política: los tribunales intentan blindar los procedimientos en su fase final evitando cualquier incertidumbre procesal.
Durante su intervención, Ábalos sostuvo que permanecía en España precisamente para demostrar su inocencia, aunque admitió con cierta resignación que esa afirmación podía resultar poco creíble en el contexto actual. En los procesos que afectan a antiguos responsables públicos, la batalla judicial suele empezar mucho antes del juicio formal. Empieza en la percepción pública.
El exministro describió además una vida prácticamente limitada por la exposición mediática constante, llegando a hablar de una especie de “arresto domiciliario informal” provocado por la presión pública y política. Una imagen que busca trasladar la idea de castigo anticipado, frecuente en la defensa de cargos investigados cuando el desgaste reputacional precede a cualquier sentencia.
Su abogado fue más explícito al denunciar que la prisión preventiva podría funcionar como incentivo para una eventual colaboración judicial. Una acusación habitual en este tipo de procedimientos y que los tribunales rechazan sistemáticamente.
El caso tiene además una dimensión política inevitable. Ábalos no es un dirigente periférico ni un exalto cargo desconocido. Fue secretario de Organización socialista y ministro en una etapa especialmente delicada del Ejecutivo. Su caída simboliza hasta qué punto los partidos intentan hoy cortar vínculos con rapidez cuando una investigación amenaza con extender el daño reputacional.
El PSOE tomó distancia hace tiempo.
Pero la investigación mantiene vivo un episodio incómodo para el Gobierno porque conecta con uno de los momentos más sensibles de la pandemia: la contratación urgente de material sanitario. Un terreno donde la excepcionalidad administrativa abrió espacios que ahora examinan los tribunales con lupa retrospectiva.
En su declaración, Ábalos insistió también en desmontar algunas sospechas difundidas durante la investigación, como la existencia de propiedades en el extranjero o recursos económicos ocultos que facilitarían una huida. Según afirmó, sus ingresos y patrimonio eran perfectamente conocidos.
La defensa del arraigo terminó convirtiéndose así en el eje central de su comparecencia. Paradójicamente, uno de los políticos que durante años articuló acuerdos parlamentarios complejos acabó apoyándose en un argumento mucho más elemental: quedarse para defenderse. El tribunal, al menos por ahora, consideró insuficiente esa garantía.