Noventa años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno que coloque en todos los ministerios, así como en los principales cuarteles del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, una pancarta con el lema "18 de julio. Nunca más". La propuesta pretende convertir esa fecha en un símbolo institucional de rechazo al golpe militar que desencadenó la Guerra Civil y abrió paso a casi cuatro décadas de dictadura.
La iniciativa trasciende el carácter de un gesto simbólico. Plantea una cuestión de fondo sobre la relación que mantiene la democracia española con su propia historia. A diferencia de otros países europeos que han construido consensos claros de condena frente a los regímenes totalitarios del siglo XX, España continúa afrontando el pasado franquista con una intensidad política que demuestra que la memoria sigue siendo un terreno de confrontación.
Los hechos históricos, sin embargo, resultan difíciles de discutir. El golpe militar de 1936 fue un levantamiento contra un Gobierno legítimo surgido de las urnas. Su fracaso inicial dio paso a una guerra que contó con el apoyo militar de la Alemania nazi y la Italia fascista y desembocó en una dictadura caracterizada por la represión política, las ejecuciones, el exilio forzoso, la censura y la vulneración sistemática de los derechos humanos. Esa realidad está ampliamente documentada por la investigación histórica y reconocida por numerosos organismos internacionales.
Casi medio siglo después del final de la dictadura, España mantiene miles de desaparecidos en fosas comunes sin identificar, una circunstancia que organismos como Naciones Unidas han señalado reiteradamente como una anomalía dentro de las democracias europeas. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática supuso un avance en las políticas públicas de verdad, justicia y reparación, aunque el desarrollo de muchas de sus medidas continúa siendo objeto de debate político y judicial.
La propuesta de la ARMH llega, además, en un contexto internacional marcado por el crecimiento de discursos ultraderechistas y por la normalización de relatos que relativizan o minimizan los efectos de los regímenes autoritarios. En ese escenario, recordar el 18 de julio no responde únicamente a un ejercicio de memoria histórica, sino también a una reafirmación de los principios democráticos sobre los que se asienta el Estado de derecho.
Como ocurre en otras democracias europeas, las conmemoraciones institucionales no persiguen reabrir la guerra ni alimentar la confrontación entre generaciones. Su finalidad consiste en establecer un consenso básico sobre aquello que nunca debe volver a repetirse. Alemania, Italia o Portugal han construido buena parte de su cultura democrática sobre ese reconocimiento explícito de los ataques sufridos por sus sistemas constitucionales.
España sigue recorriendo ese camino con mayor dificultad. La memoria del franquismo continúa condicionada por intereses partidistas que, con frecuencia, desplazan el debate desde los derechos humanos hacia la confrontación ideológica. Sin embargo, la condena de un golpe de Estado contra un régimen democrático no debería depender de la posición política de cada momento, sino de un compromiso compartido con los valores constitucionales.
El lema propuesto por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica resume esa aspiración en dos palabras sencillas: "Nunca más". Más allá de que el Gobierno decida o no asumir la iniciativa, la fecha del 18 de julio sigue recordando que las democracias no solo deben protegerse frente a las amenazas del presente, sino también preservar la memoria de quienes perdieron sus derechos y su libertad cuando la democracia dejó de existir.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.