El 12 de febrero de 2026 quedará marcado en los anales de la historia ambiental como el día en que la arquitectura legal de la protección del planeta fue demolida desde sus cimientos. La revocación de la declaración de peligro por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no es un mero trámite administrativo, sino la culminación de un asalto sistemático orquestado por la industria de los combustibles fósiles. Este giro radical, ejecutado bajo la dirección de Lee Zeldin, supone la eliminación del dictamen de 2009 que reconocía científicamente la amenaza de los gases de efecto invernadero. Lo que hoy presenciamos es un ejercicio de negacionismo climático institucionalizado, donde el poder político se ha puesto al servicio de quienes buscan perpetuar la era del petróleo y el carbón a costa de la habitabilidad del mundo.
Para entender la magnitud de esta regresión, es imperativo realizar un análisis climático que identifique a los artífices de esta estrategia de sabotaje ambiental. Figuras como Russell Vought y Jeffrey Clark han pasado años en la sombra de instituciones como la Heritage Foundation, diseñando el denominado Proyecto 2025. Este plan maestro no era otra cosa que una hoja de ruta para desmantelar las capacidades regulatorias del Estado, bajo la premisa de que la protección del clima es un complot para el control social. Al elevar a estos perfiles a puestos de máxima responsabilidad en la segunda administración Trump, se ha validado una narrativa que ignora décadas de consenso científico en favor de la libertad económica sin restricciones ni responsabilidades.
En este ensayo de responsabilidad histórica, nombres como Mandy Gunasekara y Jonathan Brightbill emergen como piezas clave en la ejecución técnica de la derogación. Gunasekara, autoproclamada artífice de la retirada del Acuerdo de París, personifica la resistencia feroz a cualquier normativa que limite las emisiones de GEI. Su trayectoria, marcada por incidentes que rozan el histrionismo negacionista, como la entrega de una bola de nieve en el Senado para "desmentir" el calentamiento global, se ha traducido en documentos regulatorios financiados con dinero opaco. A través de organizaciones como Energy45 Fund, se ha construido un andamiaje político destinado a actualizar la declaración de peligro de 2009 hasta hacerla desaparecer, revisando incluso el costo social del carbono para favorecer los intereses extractivos.
La campaña secreta iniciada en 2022, que contó con una financiación de dos millones de dólares de grupos de derecha, ha logrado finalmente su objetivo: simplificar la anulación de la base legal que permitía regular las emisiones de los vehículos de motor y otras fuentes contaminantes. Esta decisión ignora deliberadamente las evidencias del cambio climático para abrazar una agenda conservadora que prioriza la producción energética estadounidense sobre la supervivencia de los ecosistemas. La reestructuración de los consejos asesores científicos y la reducción de los programas de regulación son pasos hacia un vacío legal donde la industria ya no rinde cuentas ante el bien común.
Las consecuencias de revocar la declaración de peligro serán, con toda probabilidad, devastadoras e irreversibles. Al despojar al gobierno de su capacidad de intervención, se acelera una transición energética fallida que nos encadena a modelos de producción obsoletos y peligrosos. Sin embargo, este reportaje no solo busca informar sobre el presente, sino servir de archivo para los futuros tribunales de justicia climática. La historia juzgará a quienes, utilizando su posición y poder, bloquearon los esfuerzos globales por la sostenibilidad. El día en que se exijan responsabilidades por la destrucción del futuro compartido, los nombres de los responsables estarán grabados en el registro de este desastre climático inducido.