Pedro Sánchez ha convertido la reforma laboral en uno de los grandes trofeos de su gestión. Cada mes, el Gobierno exhibe el crecimiento de la contratación indefinida, la reducción estadística de la temporalidad y los récords de afiliación como pruebas de que España habría abandonado por fin el modelo precario que durante décadas caracterizó su mercado de trabajo. Pero la realidad vuelve a arruinar la propaganda. Según los datos oficiales del SEPE, el contrato más frecuente en España dura menos de una semana. El acuerdo laboral que más se utiliza apenas alcanza los siete días. Y esa cifra, por sí sola, desmonta buena parte del triunfalismo con el que La Moncloa presenta una transformación que, en la vida cotidiana de millones de trabajadores, no ha llegado.
Entre enero y junio de 2026 se firmaron 7.625.473 contratos en España. El 53,63% correspondió a hombres y el 46,37% a mujeres. Tres de cada cuatro acuerdos se concentraron en el sector servicios, con 5,74 millones de contrataciones, mientras el resto se distribuyó entre agricultura, industria y construcción. El dato revela la estructura real de la economía española: un país dependiente de actividades estacionales, hostelería, comercio, turismo, servicios personales y empleos sujetos a fuertes oscilaciones de demanda.
El Gobierno prefiere quedarse con otra cifra: la del aumento de los contratos indefinidos. En junio se firmaron 1.649.394 contratos, de los que 682.540 fueron indefinidos y 966.854 temporales. La proporción temporal alcanzó el 58,6%. En julio, según los datos difundidos por La Moncloa, habría subido al 61,11%. La propaganda se queda con los indefinidos; la realidad permanece en los contratos que tienen fecha de caducidad.
La explicación oficial suele refugiarse en la estacionalidad. Junio y julio son meses de verano, aumenta la actividad turística y muchas empresas necesitan ampliar sus plantillas durante unas semanas. Es cierto. La economía española tiene ciclos estacionales y algunos contratos breves responden a necesidades reales. Pero ese argumento no explica por qué el contrato de siete días aparece como la modalidad más utilizada también en febrero, lejos de la temporada turística. El contrato estrella absorbe el 37% de todos los contratos temporales y el 20,3% del total, incluidos los indefinidos. Ese dato no describe una excepción estival. Describe un modelo.
La cifra que el Gobierno oculta
El contrato indefinido puede ser formalmente indefinido y materialmente inestable. Puede aparecer en la estadística como un avance histórico y convivir con periodos de inactividad, jornadas parciales, fijos discontinuos o empleos que desaparecen en cuanto termina un pico de producción. El problema no es que la contratación indefinida haya crecido. El problema es que el Gobierno utiliza ese crecimiento como prueba de estabilidad sin explicar qué ocurre con la duración, la jornada, el salario y la continuidad efectiva del trabajo.
Un contrato indefinido no garantiza por sí solo una vida estable. Tampoco asegura jornada completa, ingresos suficientes o permanencia prolongada. La etiqueta jurídica puede haber cambiado mientras la experiencia laboral conserva algunos rasgos del antiguo contrato temporal. La precariedad no desaparece siempre; a veces cambia de nombre.
La duración media de los contratos firmados fue de 45,5 días, nueve menos que en el mismo periodo de 2021. El 21% de los contratos no llegó a una semana y el 43,3% no superó los tres meses. El dato más importante no es el porcentaje de indefinidos, sino la rotación que se produce alrededor de todo el sistema. Se firman contratos, se extinguen y vuelven a firmarse otros para cubrir necesidades que pueden ser permanentes.
La propaganda laboral funciona porque transforma un indicador de flujo en un indicador de calidad. Cuenta cuántos contratos se firman, pero no cuántos sobreviven. Cuenta cuántas personas aparecen afiliadas, pero no cuántas horas trabajan ni cuántos meses mantienen el empleo. Cuenta cuántos indefinidos existen, pero no cuántos están activos durante todo el año. Ese método permite presentar un mercado laboral saludable aunque el trabajador siga sin saber si tendrá ingresos la semana siguiente.
La reforma laboral fake
La reforma laboral de 2021, aplicada de forma definitiva en 2022, tenía objetivos claros: reducir la temporalidad, limitar los contratos por circunstancias de la producción, eliminar el contrato por obra y servicio, reforzar la negociación colectiva y convertir el contrato indefinido en la fórmula ordinaria de contratación. El Gobierno la presentó como una respuesta estructural a uno de los problemas históricos de España.
La reforma ha producido avances. La tasa de temporalidad entre los asalariados ha disminuido y la contratación indefinida tiene más peso que antes. La propia evolución de los jóvenes muestra una reducción significativa de la temporalidad. Según un informe de CCOO, entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026, la temporalidad entre los jóvenes de 16 a 24 años cayó del 66,64% al 42,98%, mientras que la contratación indefinida subió al 57,02%. Es un dato positivo que no debe negarse.
Pero la mejora no justifica el triunfalismo absoluto. La temporalidad juvenil sigue siendo muy superior a la del conjunto de la población asalariada, que se situaría en torno al 18%, y el sector público mantiene tasas especialmente elevadas. Además, los contratos breves y la inactividad de los fijos discontinuos revelan que parte de la antigua temporalidad se ha desplazado hacia otras figuras.
Los fijos discontinuos aparecen como indefinidos aunque alternan periodos de actividad e inactividad. El trabajador mantiene un vínculo contractual, pero no necesariamente un ingreso continuo. En junio se produjeron cientos de miles de pases a la inactividad entre fijos discontinuos. El dato no invalida la figura jurídica, pero sí obliga a explicar qué significa exactamente estabilidad en un mercado en el que miles de personas dejan de trabajar durante meses sin dejar de aparecer como contratadas.
La reforma redujo una forma visible de precariedad, pero no eliminó la inseguridad. El contrato temporal descendió en las estadísticas, mientras crecía la contratación indefinida de corta duración, parcial o intermitente. La pregunta no es si la reforma tuvo efectos. Los tuvo. La pregunta es si esos efectos son suficientes para hablar de una transformación completa del mercado laboral. Los contratos de siete días responden por sí solos.
La economía de la semana
El contrato de siete días representa una forma extrema de rotación. Una persona puede ser contratada para cubrir un periodo breve, finalizar su relación laboral y volver a figurar como demandante de empleo. Puede alternar semanas de trabajo con semanas sin ingresos, depender de prestaciones o aceptar nuevos contratos sin capacidad real de negociar condiciones. Ese ciclo dificulta la emancipación, la planificación familiar, el alquiler, el acceso a una hipoteca y la construcción de una carrera profesional.
España puede registrar millones de contratos en un semestre y, sin embargo, no crear estabilidad. La diferencia entre un contrato y un empleo es precisamente la continuidad. Un contrato es una relación jurídica registrada. Un empleo estable es una fuente regular de ingresos y derechos. Si el acuerdo más frecuente dura una semana, el mercado produce contratos, pero no necesariamente empleos.
La economía de la semana es especialmente dura para los jóvenes, las mujeres, los trabajadores migrantes y quienes se incorporan a sectores de servicios. La persona contratada por siete días tiene menos capacidad para rechazar condiciones abusivas y más miedo a denunciar irregularidades. Puede aceptar jornadas parciales, horas extra no pagadas o cambios de horario porque sabe que la empresa puede no volver a llamarla. La temporalidad formal se reduce, pero el poder de negociación continúa siendo profundamente desigual.
El problema también afecta a los trabajadores mayores de 45 o 52 años, que pueden encadenar periodos de desempleo con contratos breves y depender de subsidios. La edad, la cualificación y la región determinan las posibilidades de salir de esa rueda. El mercado laboral español no es homogéneo, y los datos nacionales pueden ocultar provincias y sectores donde tres de cada cuatro contratos siguen siendo temporales.
La falsedad del empleo récord
El Gobierno insiste en que España alcanza récords de afiliación y crea empleo. Es posible que los datos de afiliación sean positivos y que el número de cotizantes supere máximos históricos. Pero la afiliación no mide por sí sola la calidad del trabajo. Una economía puede contar con más afiliados y al mismo tiempo generar empleo parcial, discontinuo, de baja duración o insuficiente para vivir.
La cifra de afiliados es un indicador de cantidad. La duración del contrato, el número de horas, el salario y la estabilidad son indicadores de calidad. El triunfalismo de Sánchez utiliza el primero para ocultar los segundos. De esa forma, cualquier aumento de la afiliación se presenta como éxito aunque una parte importante del empleo se sostenga sobre trabajos de pocas horas, contratos breves o vínculos intermitentes.
El dato de julio es ilustrativo. Se registraron más de 1,58 millones de contratos y 617.211 fueron indefinidos, un 38,9%. Pero solo 250.540 fueron indefinidos a jornada completa, frente a 150.201 indefinidos a tiempo parcial y 216.470 fijos discontinuos. La cifra del indefinido total vuelve a esconder la composición real: los indefinidos a tiempo completo son una minoría dentro de la contratación que el Gobierno presenta como estabilidad.
La temporalidad no desaparece
El contrato por circunstancias de la producción concentra el 75% de los contratos temporales. La reforma estableció límites para su uso y sancionó la concatenación abusiva, pero las empresas han aprendido a adaptar sus fórmulas de contratación. La legalidad permite contratos temporales cuando existen necesidades productivas imprevisibles o previsibles de duración reducida, pero el volumen de contratos de siete días obliga a preguntarse si la excepcionalidad se ha convertido en rutina.
Una economía verdaderamente estable puede necesitar contratos breves para campañas concretas. Pero si el contrato de una semana es el más utilizado incluso en meses no estacionales, la explicación de la excepcionalidad pierde fuerza. El problema no es que existan empleos de siete días. El problema es que representan uno de cada cinco contratos y absorben una proporción enorme de la contratación temporal.
La Inspección de Trabajo debe investigar si las empresas utilizan contratos breves para necesidades realmente puntuales o para cubrir puestos estructurales. La reforma laboral prevé consecuencias cuando una persona encadena más de 18 meses de contratación temporal en un periodo de 24 meses, y la conversión en indefinida puede producirse cuando se superan los límites legales. Pero la existencia de ese límite no impide que muchas personas roten entre empresas, puestos o contratos sin alcanzar el umbral individual.
La precariedad puede desplazarse de una empresa a otra. El trabajador no permanece 18 meses en la misma compañía, pero encadena años de contratos breves en el mismo sector. La estadística formal no siempre captura esa continuidad interrumpida.
Un empleo que no permite vivir
La estabilidad laboral no puede separarse del coste de la vida. Un contrato de siete días no permite planificar un alquiler, acceder a una hipoteca o construir un proyecto vital. Incluso un contrato indefinido con salario bajo puede ser insuficiente cuando la vivienda, la alimentación y la energía consumen la mayor parte de los ingresos.
La propaganda de Sánchez se concentra en la creación de empleo porque es un terreno favorable. Pero la ciudadanía no vive de titulares. Vive de nóminas. Si una persona trabaja unas semanas, queda inactiva, vuelve a ser contratada y alterna periodos de prestaciones con empleos temporales, la cifra de contratos no refleja su situación material.
España necesita pasar del debate sobre la cantidad de contratos al debate sobre la calidad del empleo. Debe analizar la duración media, la supervivencia de los contratos, las jornadas reales, las horas extraordinarias, la parcialidad involuntaria, los salarios y los periodos de inactividad. La tasa de temporalidad de la EPA es importante, pero no suficiente. Los registros administrativos deben combinarse con trayectorias individuales.
El mercado laboral también debería medir cuántas personas abandonan voluntariamente un empleo porque encuentran otro mejor y cuántas renuncian porque la relación era incompatible con su vida. El incremento de bajas voluntarias puede interpretarse como mejora de oportunidades, pero también como señal de rotación y descontento en sectores con condiciones precarias.
Coste político para Sánchez
Pedro Sánchez ha construido buena parte de su relato sobre la reforma laboral. La presenta como una prueba de que su Gobierno ha protegido a los trabajadores frente a la derecha y ha reducido la temporalidad. Si el contrato más utilizado dura siete días, ese relato queda seriamente dañado. No porque la reforma haya fracasado en todos sus objetivos, sino porque la propaganda ha prometido mucho más de lo que los datos permiten afirmar.
El Gobierno puede defender que la temporalidad estructural ha disminuido. Puede argumentar que los indefinidos han crecido y que la afiliación alcanza niveles históricos. Pero no puede presentar como estabilidad un mercado en el que el 20% de los contratos dura menos de una semana. El ciudadano ve la contradicción y empieza a desconfiar de las cifras oficiales.
La política económica pierde credibilidad cuando selecciona únicamente los datos favorables. El triunfalismo transforma una mejora parcial en una victoria total y convierte cualquier crítica en un ataque ideológico. Pero la crítica no procede solo de la oposición. Procede de los propios trabajadores que encadenan contratos breves, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de las familias que no logran llegar a fin de mes pese a tener empleo.
La propaganda de una buena gestión no puede sostenerse indefinidamente contra la experiencia cotidiana. Un trabajador que firma un contrato de siete días no se siente protegido por una reforma laboral. Se siente disponible durante una semana y prescindible después.
España no necesita más propaganda laboral. Necesita que el contrato indefinido sea realmente indefinido, que la jornada completa vuelva a ser una referencia, que los contratos temporales respondan a necesidades auténticamente temporales y que la Inspección persiga la utilización fraudulenta de acuerdos de una semana.
Mientras el Gobierno celebra sus estadísticas, el mercado le responde con una cifra imposible de maquillar: el contrato estrella dura siete días. Y un país que convierte una semana de trabajo en su principal forma de contratación no puede hablar todavía de milagro laboral. Puede hablar, como mucho, de una precariedad que ha cambiado de etiqueta.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.