Existe una explicación muy cómoda para entender la pérdida de confianza que atraviesan muchas democracias occidentales. Según esa interpretación, los ciudadanos han dejado de creer en las instituciones porque las redes sociales amplifican la desinformación, porque los discursos populistas erosionan constantemente la legitimidad democrática o porque la polarización política ha terminado por contaminar todos los espacios públicos. Todo ello tiene una parte de verdad, pero probablemente resulte insuficiente para explicar un fenómeno mucho más complejo.
La confianza no se deteriora únicamente por lo que se dice sobre las instituciones. También se deteriora por lo que los ciudadanos experimentan cuando se relacionan con ellas. La calidad de una democracia no se mide solo en las campañas electorales, en los debates parlamentarios o en los grandes discursos sobre el Estado de derecho. También se mide en las ventanillas de la administración, en los centros de salud, en las oficinas públicas y, por supuesto, en los juzgados. Porque al final las instituciones no son conceptos abstractos, son experiencias concretas.
Cuando la lentitud se convierte en un problema democrático
Probablemente ningún ámbito refleja mejor esta realidad que la Justicia. Sobre el papel, el sistema judicial constituye una de las principales garantías de cualquier democracia avanzada. Su función consiste precisamente en ofrecer a los ciudadanos una instancia independiente capaz de proteger derechos, resolver conflictos y actuar como contrapeso frente a posibles abusos de poder. Sin embargo, una institución puede ser necesaria y al mismo tiempo presentar problemas que terminen erosionando la confianza que inspira.
La Comisión Europea viene señalando desde hace años la elevada carga de trabajo que soportan numerosos tribunales españoles y los tiempos de resolución relativamente altos que siguen registrándose en distintos órdenes jurisdiccionales. España continúa figurando entre los países donde la duración de determinados procedimientos civiles o contencioso-administrativos constituye un desafío pendiente para la eficacia del sistema judicial.
Detrás de esas cifras existen realidades mucho menos abstractas. Trabajadores que esperan durante meses o años la resolución de un litigio laboral. Familias que permanecen atrapadas en procedimientos sucesorios interminables. Pequeñas empresas bloqueadas por conflictos judiciales cuya resolución condiciona su supervivencia o ciudadanos que observan cómo los plazos se alargan hasta el punto de convertir el tiempo en una forma adicional de castigo.
Una justicia lenta no deja de ser justicia, pero acaba dejando de parecerlo para quienes llevan demasiado tiempo esperando una respuesta. Y cuando una parte significativa de la ciudadanía percibe que las instituciones no responden con la rapidez y la eficacia necesarias, el problema deja de ser exclusivamente administrativo para adquirir una dimensión democrática.
El problema de la apariencia de independencia
A esa cuestión se añade otra todavía más delicada. La confianza en la Justicia no depende únicamente de que los jueces actúen con independencia. También depende de que los ciudadanos perciban esa independencia de manera inequívoca. Y ése es precisamente uno de los puntos donde el sistema judicial español arrastra desde hace años una creciente dificultad.
Las sucesivas polémicas en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las tensiones permanentes entre partidos, la exposición pública de determinadas asociaciones judiciales o la utilización política de resoluciones judiciales han contribuido a instalar en una parte de la opinión pública una sospecha que resulta profundamente dañina para cualquier democracia.
El verdadero problema no es una sentencia concreta, que en algunas ocasiones también lo es. El problema aparece cuando una parte de la ciudadanía empieza a preguntarse si determinadas decisiones responden exclusivamente a criterios jurídicos o si existen otros factores que también influyen en ellas.
No se trata de afirmar que los jueces actúen como representantes de partidos políticos. Esa simplificación sería tan injusta como irresponsable, se trata de reconocer que la percepción de neutralidad institucional se ha debilitado y que esa percepción constituye un patrimonio democrático tan importante como la independencia efectiva. Las instituciones pueden sobrevivir a la crítica, lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir a la sospecha permanente.
Instituciones fuertes, no instituciones intocables
Desde posiciones progresistas existe una tendencia comprensible a cerrar filas cuando determinadas instituciones son objeto de ataques interesados. La amenaza que representan los discursos reaccionarios o abiertamente antipolíticos es real y conviene no minimizarla. Sin embargo, defender las instituciones no debería significar ignorar sus problemas, más bien al contrario.
La mejor defensa del Estado del bienestar no consiste en negar las listas de espera. La mejor defensa de la administración pública no consiste en justificar la burocracia excesiva. Y la mejor defensa de la Justicia no consiste en fingir que la lentitud, la saturación o los problemas de imagen institucional no existen. Las instituciones democráticas no necesitan ciudadanos resignados. Necesitan ciudadanos exigentes. Necesitan más medios, más transparencia, más rendición de cuentas y una capacidad de respuesta acorde con las necesidades de una sociedad que se ha vuelto más compleja y más rápida.
Porque la confianza pública no se recupera apelando a la fe cívica ni exigiendo respeto automático a las instituciones. Se recupera demostrando que esas instituciones siguen siendo capaces de responder a aquello para lo que fueron creadas. Y quizá ésa sea una de las tareas más urgentes de nuestra democracia. No solo proteger las instituciones frente a quienes quieren debilitarlas, sino garantizar que sigan siendo merecedoras de la confianza que necesitan para cumplir su función.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.