El comité asesor del salario mínimo ha entregado a Trabajo un informe que, más que cerrar el debate, ordena las posiciones en un momento en que la política salarial se ha convertido en eje de credibilidad del Ejecutivo. La horquilla propuesta —entre 1.221 y 1.240 euros mensuales— responde a dos escenarios fiscales distintos y persigue asegurar que el SMI alcance el 60% del salario medio, como obliga la Carta Social Europea. La discusión ya no gira solo en torno al ritmo de la subida, sino en torno a cómo integrar el SMI en un marco tributario coherente con la realidad laboral del país.
Fiscalidad, poder adquisitivo y efectos sobre el empleo
La novedad del dictamen no es la recomendación de subida —anticipada por la evolución salarial de los últimos trimestres—, sino su separación en dos itinerarios que obligan al Gobierno a pronunciarse sobre un aspecto que suele dejarse en penumbra: la fiscalidad del salario mínimo.
La diferencia entre mantener la exención o integrarlo en el IRPF no es menor. Si se preserva el actual tratamiento fiscal, la subida quedaría en 37 euros. Si se incorpora a la tributación general, serían necesarios 56 euros para garantizar el mismo punto de llegada: que el SMI siga representando, al menos, el 60% del salario medio.
Ese punto de llegada es políticamente determinante. Tras varios años de incrementos acumulados, el Gobierno necesita sostener su narrativa de convergencia europea sin perder de vista las advertencias sobre el impacto en sectores con márgenes estrechos. Pero también es consciente de que una parte creciente de la cohesión social se juega en los salarios más bajos, ya tensionados por la inflación persistente y por el encarecimiento de la vivienda.
La patronal, por su parte, mantiene una propuesta mucho más contenida —en torno al 1,5%— que se sitúa por debajo de la evolución media de los convenios. Es un contraste que anticipa unas negociaciones complejas: el SMI es hoy un indicador de política económica y no solo una referencia salarial. Cualquier movimiento, incluso milimétrico, se interpreta como señal del enfoque general del Ejecutivo ante la desaceleración prevista para 2026.
Los sindicatos, en cambio, han decidido situar el listón más arriba. Reclaman un incremento del 7,5%, una cifra que pretende corregir no solo la inflación pasada sino el retroceso relativo que observan en sectores feminizados y de alta parcialidad. El comité ha optado por una posición intermedia, más técnica que reivindicativa, pero su informe deja claro que la cuestión no es meramente económica: es de alineamiento con estándares europeos.
El comité ha cumplido con su mandato: proporcionar una base técnica que evite improvisaciones en un momento políticamente delicado. Sin embargo, el informe apunta a un dilema subterráneo que el Gobierno deberá despejar sin rodeos:
¿Debe el SMI seguir blindado frente al IRPF o ha llegado el momento de integrarlo plenamente en la estructura fiscal?
La respuesta no es solo tributaria. Si se opta por la integración, el Gobierno envía un mensaje de normalización institucional del SMI, tratándolo como un salario más dentro del sistema. Si se mantiene la exención, se preserva su función compensatoria y se reconoce que, pese a los avances, el salario más bajo sigue necesitando alivios específicos para evitar que la subida pierda eficacia real.
En cualquier caso, el dictamen devuelve la discusión al terreno de la responsabilidad política. Trabajo ha demostrado en los últimos años que los incrementos del SMI no han deteriorado el empleo en términos agregados, pero el contexto de 2026 será distinto: menor dinamismo, mayor incertidumbre externa y una transición digital que está modificando las fronteras del trabajo precario.
Las posiciones iniciales no son simétricas. La patronal juega a la contención, consciente de que cualquier concesión será interpretada como punto de partida para el ciclo salarial del año próximo. Los sindicatos llegan con una estrategia claramente expansiva, buscando corregir desviaciones acumuladas durante el ciclo inflacionario. El Gobierno, en cambio, necesita un acuerdo para legitimar una subida que, sin consenso social, puede convertirse en materia de desgaste político.
El comité ha ofrecido un marco de referencia razonado, suficientemente amplio para negociar y lo bastante preciso para evitar dilaciones. Pero la decisión final requerirá calibrar el coste político de cada alternativa, en especial la que afecta a la fiscalidad, una cuestión que ningún Ejecutivo aborda sin ponderar con cuidado sus efectos sobre la opinión pública.
La propuesta del comité no cierra el debate, pero sí lo desplaza hacia donde debe estar: la definición del SMI como herramienta estructural de la política salarial y no como un elemento coyuntural de negociación entre partes.n a senda fijada desde 2019 ha modificado de forma significativa la relación entre salarios bajos, productividad y pobreza laboral. Ahora se abre un nuevo tramo que exigirá decisiones conscientes, no meros ajustes técnicos.