La clase media que ya no reconoce su propio futuro

Cuando los partidos políticos hablan de las clases medias suelen hacerlo con una sorprendente seguridad. Todos aseguran defenderlas, todos se presentan como sus mejores representantes; todos prometen aliviar sus cargas, proteger sus servicios públicos o mejorar sus oportunidades. Sin embargo, pocas veces se detienen a explicar quiénes forman realmente esa clase media a la que apelan de manera permanente.

Durante buena parte del siglo XX la respuesta parecía relativamente sencilla. La clase media estaba asociada a la estabilidad. Un empleo razonablemente seguro, una vivienda en propiedad, capacidad para ahorrar, vacaciones una vez al año y la expectativa de que la siguiente generación viviría mejor que la anterior componían una imagen reconocible para millones de personas. No era únicamente una categoría económica, era también una promesa social. El ejemplo más visible de que el trabajo y la educación podían traducirse en bienestar.

Esa promesa sigue ocupando un lugar central en el imaginario colectivo, pero cada vez resulta más difícil encontrarla en la vida cotidiana de una parte importante de la población.

Una generación que hizo todo lo que se le pidió

La paradoja española es que nunca habíamos alcanzado niveles formativos tan elevados y, al mismo tiempo, nunca habían aparecido tantas dudas sobre la capacidad de esa formación para garantizar una mejora efectiva de las condiciones de vida. Durante décadas se transmitió un mensaje muy claro. Había que estudiar, ampliar la formación, aprender idiomas, adaptarse a los cambios tecnológicos y aceptar la movilidad laboral como parte natural de una economía moderna. Esa era la receta para progresar.

Miles de jóvenes siguieron exactamente ese camino. Lo hicieron convencidos de que el esfuerzo tendría recompensa. Sin embargo, una gran parte de ellos, y cada vez más, descubre que disponer de estudios superiores ya no garantiza el acceso a una vivienda, formar una familia o construir un proyecto vital con la tranquilidad que tuvieron sus padres.

La edad media de emancipación en España supera los treinta años y continúa situada varios años por encima de la media europea, mientras una parte muy importante de quienes tienen entre 26 y 34 años sigue viviendo con sus padres porque no puede asumir el coste de una vivienda y no se trata de una generación menos preparada, sino de una generación que afronta obstáculos distintos. Probablemente nunca hubo tantos jóvenes cualificados y, sin embargo, pocas veces la distancia entre el esfuerzo realizado y las expectativas alcanzadas ha resultado tan visible.

El problema ya no es solo cuánto se gana

Durante años la desigualdad se explicó principalmente a través de los salarios. Era lógico. La fuente principal de seguridad económica residía en el empleo y las diferencias de renta permitían comprender gran parte de las brechas sociales existentes. Hoy la situación es bastante más compleja.

Dos personas con ingresos similares pueden enfrentarse a realidades radicalmente distintas dependiendo de factores que rara vez ocupan el centro del debate político. La ayuda familiar para comprar una vivienda, la posibilidad de heredar un inmueble, la existencia de una red de apoyo económico o simplemente el lugar donde se ha nacido tienen cada vez más influencia sobre las oportunidades reales de una persona.

Por eso muchas familias que objetivamente pertenecen a la clase media viven con una sensación creciente de fragilidad. No porque hayan caído en la pobreza, tampoco porque estén en riesgo de exclusión. Lo que sienten es que cualquier contratiempo importante puede alterar de forma significativa un equilibrio cada vez más difícil de mantener. La inseguridad contemporánea no siempre nace de la falta de ingresos, a menudo surge de la imposibilidad de planificar el futuro con cierta tranquilidad.

La frustración silenciosa

Buena parte del malestar actual no procede de quienes han quedado completamente fuera del sistema, sino de quienes sienten que llevan años cumpliendo las reglas sin obtener los resultados que esperaban. La movilidad social sigue existiendo, pero resulta menos intensa de lo que muchos ciudadanos consideran razonable. Diversos estudios vienen señalando que el origen familiar continúa condicionando de forma relevante las oportunidades educativas y económicas en España, incluso después de décadas de expansión educativa.

Eso ayuda a entender una sensación cada vez más presente entre amplios sectores de la sociedad,  la impresión de que progresar depende menos del mérito individual de lo que se creía y más de elementos sobre los que nadie tiene capacidad de decisión.

La frustración rara vez adopta formas espectaculares, se manifiesta de manera mucho más discreta,aparece cuando se retrasa la emancipación, cuando se renuncia a tener hijos, cuando comprar una vivienda deja de percibirse como una posibilidad real o cuando los proyectos de futuro se convierten en cálculos permanentes. La gran preocupación de muchas clases medias españolas no es la pobreza, es el estancamiento.

Un reto político que no debería ignorarse

La izquierda ha sido históricamente eficaz identificando las situaciones de vulnerabilidad más visibles. La pobreza, la precariedad o la exclusión continúan exigiendo respuestas contundentes, sin embargo, existe otro espacio político y social que merece una atención creciente, y es el de quienes sostienen buena parte del Estado del bienestar mediante su trabajo, utilizan los servicios públicos, pagan impuestos y, aun así, comienzan a percibir que las oportunidades de progreso se estrechan.

Comprender a las clases medias del siglo XXI exige abandonar algunas fotografías antiguas y observar con atención una realidad mucho más compleja que la de hace treinta años. Porque quizá el principal problema de estas clases medias no sea el miedo a bajar. Lo verdaderamente inquietante es la sospecha de que, por mucho que se esfuercen, cada vez les resulta más difícil seguir subiendo.

Y cuando una sociedad empieza a perder la confianza en que el esfuerzo merece la pena, el problema deja de ser únicamente económico. Se convierte en una cuestión democrática, porque ninguna comunidad mantiene intacta su cohesión durante mucho tiempo si una parte creciente de sus ciudadanos deja de creer en el futuro.