Hasta ahora, la instrucción del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, en el caso Ábalos estaba siendo impecable. Pero acaba de cometer un error con trascendencia política. Ha citado a declarar al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una trabajadora de la secretaría de organización el próximo 29 de octubre para que expliquen los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y a Koldo García. La fecha es una carga de profundidad porque este interrogatorio va a ser utilizado por la derecha para acusar a los socialistas de financiación irregular, su gran objetivo desde que Pedro Sánchez presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y, además, en Génova matan varios pájaros de un tiro. Al día siguiente, el presidente del gobierno comparecerá en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y, con toda seguridad, el interrogatorio versará sobre el contenido de la declaración judicial de los dos empleados del partido. Pero es que, además, todos estos hechos, que van a tener gran repercusión mediática, coinciden con una fecha significativa, el primer aniversario de la Dana con los consiguientes actos en los que se van a pedir la dimisión y responsabilidades penales para el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su nefasta gestión en la catástrofe. Puente no ha podido escoger una fecha más oportuna y en los juzgados las casualidades no existen. El magistrado ha quedado señalado.
Y para colmo de despropósitos, el considerado como principal conseguidor de la trama de mordidas que se está investigando, Víctor de Aldama, ha cumplido su amenaza y ha entregado en el Supremo un contrato de la compra de un local situado en los bajos de la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia que fue adquirido, según él, por debajo de su coste real, en torno a veinte mil euros, cantidad cuya procedencia el empresario atribuye a un pago en negro de Ferraz aunque deja claro, como siempre, que carece de pruebas. Esa es la famosa advertencia que efectuó el pasado fin de semana a Koldo cuando el asesor de Ábalos se quejaba de su puesta en libertad mientras Santos Cerdán permanece en Soto del Real.
Tampoco era para tanto. Aldama ha declarado ante el juez Puente que el presidente es el cabecilla de una trama que recibió cuatro millones de euros procedentes de las mordidas. Según su relato ante el juez, y luego en los medios de comunicación conservadores, Koldo García acudía “todos los viernes” a Ferraz para recoger partidas en efectivo. “Se ha demostrado que no solo daban sobres a Koldo y Ábalos El propio presidente ha dicho que recibía dinero en efectivo y que otros altos cargos también lo hacían”. No se sabe bien de dónde se saca el comisionista tales aseveraciones porque lo cierto es que el mismo ha reconocido que “no las puede probar”.
Puente va a preguntar a los dos trabajadores de Ferraz por este dinero que, según la versión del principal imputado en el caso Hidrocarburos, en libertad por decisión del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, circulaba con fluidez en el aparato burocrático socialista. Hay que recordar que el famoso informe de la UCO en el cual se sustentan las acusaciones de la derecha conservadora de financiación ilegal sólo muestra unos sobres con membrete del partido y unos billetes. Sería una torpeza que si se quiere entregar dinero en B se haga de esta manera. En el PSOE han justificado las entregas en concepto de abono de las facturas de gastos presentadas por los investigados.
Ahí se ha generado la primera polémica ya que es bastante habitual que las empresas y los organismos, incluidos los públicos, paguen en efectivo los gastos generados por sus empleados. De hecho, en el Senado han decidido que, a partir de ahora, las dietas se liquidarán mediante transferencia bancaria. Víctor de Aldama tiene su propia tesis: tanto José Luis Ábalos como Koldo García utilizaban esos fondos “para reingresarlos en el partido” mediante gastos justificados. “Koldo iba recopilando los justificantes para poder demostrar más gastos y así recibir más dinero en efectivo”. Todo ello sin pruebas que sustenten tales versiones.
Calumnia que algo queda. Esta es la consecuencia de todas estas manifestaciones que, el 29 de octubre, se van a convertir en el centro del interrogatorio del juez Puente a los testigos. La derecha intentará demostrar la existencia de una caja B en el PSOE con la que el partido no sólo financiaba sus gastos. También pagaba sobresueldos a sus dirigentes, según la versión de Aldama. Lo que pasa es que aquí no hay una libreta como la de Bárcenas, ni ningún papel que demuestre entregas de efectivo a “P.S.” como sucedió en la Gürtel con “M. Rajoy”. En el Partido Popular quieren dar a los socialistas la misma medicina que utilizaron el 25 de mayo de 2018. Lo que ocurre es que los tribunales de justicia pudieron demostrar, entonces, la existencia de pagos de las obras de la sede central de la calle Génova con dinero no declarado. Y eso bastó para condenar al PP. Ahora sólo se investiga la presunta existencia de una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras y servicios en la cual, de momento, sólo se señalan a dos exaltos cargos del partido y a un afiliado que fue asesor de uno de ellos. Por lo demás, sólo hay un grupo de imputados, todos ellos comisionistas profesionales, entre los que se encuentra Víctor de Aldama, y una serie de empresas, algunas que operan en el Ibex 35, que se prestaron al juego de pagar comisiones a cambio de quedarse con obras y servicios.
Y eso es lo que volverá a surgir el 29 y el 30 de octubre mientras en Valencia los familiares de las víctimas de la Dana pedirán responsabilidades penales a Carlos Mazón en el primer aniversario de la catástrofe. El aparato propagandístico del Partido Popular ya está preparado para lanzar toda su artillería contra la “corrupción socialista” para eclipsar la demanda ciudadana hacia uno de sus significados militantes al cual Núñez Feijóo ha decidido proteger por encima de todo. Que hayan elegido esos días para atacar a Sánchez parlamentariamente forma parte de su estrategia para blanquear la gestión del presidente de la Generalitat valenciana. Lo que no cuadra muy bien es que el juez haya elegido también esos días para echar gasolina al fuego. Leopoldo Puente lo estaba haciendo bien. Pero ahora ya hay un borrón en su historial profesional.