La actualidad sobre el “caso Koldo” ha presentado hoy un nuevo giro con la citación judicial del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por orden del juez de la Audiencia Nacional, quien se apoya en el último informe de la UCO que detalla presuntos vínculos económicos entre ambos y otras personas investigadas. La citación se basa en nuevas pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que sostiene que existen movimientos financieros cuestionables relativos a adquisiciones de material sanitario durante la pandemia, entre otras cuestiones que se deben dilucidar.
El juez considera que existen “consistentes indicios” de que los patrimonios de Ábalos y García presentan “significativas zonas de intersección”, con Koldo realizando pagos recurrentes por importes “verdaderamente significativos” en beneficio del exministro sin contrapartida explícita. Entre estos pagos se incluyen pensiones alimenticias, cuotas hipotecarias, nóminas de empleada doméstica, viajes y regalos.
Según el informe de la UCO, Ábalos habría contado con “una fuente de ingresos no declarada” entre 2014 y 2024, gestionada a través de un sistema de “contabilidad B” que manejaban Koldo García y su entonces esposa Patricia Úriz. Los investigadores han descubierto que el exministro ingresó más de 60.000 euros en efectivo sin declarar durante este período, con una evolución creciente a partir de 2017, que alcanzó su punto máximo en 2020 con 14.940 euros.
Ábalos y Koldo tendrán que comparecer y declarar como investigados el próximo 15 y 16 de octubre, respectivamente.
Ábalos defiende la legalidad y Koldo señala a la UCO
En respuesta a la exposición mediática y judicial de estos días, José Luis Ábalos ha defendido públicamente sus actuaciones, negando la existencia de sobresueldos y explicando que los sobres mencionados en la investigación correspondían únicamente a la devolución de gastos anticipados originados en el seno de su actividad dentro del PSOE. Ábalos recalca que no hubo irregularidades salariales, buscando despejar las dudas sobre transparencia y legalidad en el manejo del dinero durante su liderazgo.
Por su parte, Koldo García ha desafiado la fiabilidad del último informe de la UCO, acusando a los agentes de recurrir a “inferencias y conjeturas” y reclamando la entrega de los móviles confiscados para poder defenderse con garantías. García hace énfasis en que la instrucción debe centrarse en hechos probados y no en suposiciones, una postura que apunta a dificultar la progresión del caso en la fase actual.
En paralelo, el Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de Miss Asturias de ser reconocida como víctima dentro del procedimiento, una figura vinculada de forma indirecta a Ábalos y que había intentado personarse en la causa. El Supremo considera que su testimonio no encaja en los supuestos de víctima y, por tanto, su participación en el proceso queda descartada, despejando así parte del ruido mediático que rodeaba sus implicaciones.
Pardo de Vera y Herrero: nueva pesquisa de investigación patrimonial
Otra de las noticias que hemos conocido hoy, también relacionada con las anteriores, ha sido la decisión del juez de ampliar las pesquisas al patrimonio de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha accedido a la petición de la UCO para investigar estas cuestiones. Según la UCO, Pardo de Vera y Herrero habrían actuado como “facilitadores de asistencia” para las adjudicaciones irregulares proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021
Este paso implica solicitar a doce bancos y a Hacienda toda la documentación laboral, financiera y tributaria sobre ambos, ambos vinculados con adjudicaciones de obra pública entre 2018 y 2021.
El auto judicial subraya que no se trata de meras sospechas, sino de “claros indicios” de participación en delitos graves como pertenencia a organización criminal, malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Según la UCO, Ábalos y Koldo habrían recibido contraprestaciones económicas por favorecer a constructoras, con Pardo de Vera y Herrero actuando como facilitadores dentro de su ámbito de responsabilidad en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. La Fiscalía Anticorrupción ha dado su visto bueno para esta ampliación, que podría revelar nuevas ramificaciones y posibles receptores de pagos o beneficios ilícitos.