La investigación judicial sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del PSOE durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez, da un paso más. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe en el que detecta un desfase llamativo en las cuentas personales del político: al menos 95.500 euros de gastos en metálico que no aparecen reflejados en movimientos bancarios ni cuentan con soporte documental suficiente. El hallazgo alimenta la sospecha de que Ábalos pudo haber manejado ingresos en efectivo no declarados en paralelo a sus finanzas oficiales.
El análisis, entregado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se centra en un periodo de diez años, entre 2014 y 2024. Según la UCO, en la primera etapa las cuentas del exministro mostraban un equilibrio razonable entre ingresos y gastos, con entradas derivadas de su salario como diputado y ministro, además de rentas procedentes del alquiler de inmuebles. Sin embargo, a partir de 2017, cuando asume la Secretaría de Organización del PSOE y gana protagonismo político, comienzan a observarse movimientos en efectivo más frecuentes y de difícil explicación.
Sobres, metálico y un lenguaje en clave
Uno de los aspectos más delicados del informe tiene que ver con la supuesta entrega de sobres con dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz. La Guardia Civil ha recopilado mensajes y testimonios que apuntan a que Ábalos y su asesor Koldo García —también investigado y cuya implicación es central en el llamado “caso Koldo”— habrían recibido pagos en efectivo en concepto de liquidaciones de gastos. El propio PSOE reconoció al juez que esos desembolsos se produjeron en parte en metálico, aunque insiste en que todos ellos estaban debidamente justificados como gastos de partido.
Los agentes, sin embargo, subrayan que no todas las entregas cuentan con respaldo documental y que algunas quedan en un terreno gris. A este escenario se suman las conversaciones intervenidas entre Koldo García y su entonces esposa, en las que utilizaban un código para referirse al dinero: “chistoras” para los billetes de 500 euros, “lechugas” para los de 100 y “folios” para los billetes en general. La UCO interpreta este lenguaje como una forma de encubrir el movimiento de efectivo de origen incierto.
El salto en los números
El informe no se limita a reconstruir mensajes y sospechas. También aporta datos contables. Entre 2014 y 2018, las retiradas en efectivo de Ábalos sumaron 19.540 euros, un volumen razonable en comparación con su nivel de ingresos. Pero a partir de 2018 —coincidiendo con su entrada en el Gobierno— dejan de constar disposiciones de metálico hasta 2024, un comportamiento que, según los agentes, resulta llamativo. Pese a ello, durante esos años aparecen pagos relevantes en efectivo que no se corresponden con movimientos bancarios, lo que refuerza la hipótesis de que existía una reserva paralela de dinero en metálico.
En total, los investigadores identifican 95.500 euros de gastos personales que no pueden vincularse a retiradas de sus cuentas, además de otros 20.800 euros en desembolsos cuya procedencia no queda clara. También señalan que parte de esos pagos coincidieron con obligaciones recurrentes como pensiones alimenticias o cuotas hipotecarias, lo que hace pensar que se sufragaban con fondos ajenos a los ingresos declarados.
El papel de Koldo y el PSOE
La figura de Koldo García vuelve a estar en el centro. El exasesor, ya procesado en la Audiencia Nacional por amaños en contratos públicos, aparece en múltiples evidencias como intermediario en la gestión de efectivo. Según la UCO, sufragaba gastos de Ábalos de manera “habitual y continuada”, a la espera de ser compensado posteriormente. Esta relación financiera informal refuerza la sospecha de un circuito paralelo de dinero que escapaba a los canales bancarios.
El PSOE, por su parte, ha intentado restar dramatismo a los hallazgos. En los informes remitidos al juez, la dirección socialista asegura que todas las liquidaciones a Ábalos y a Koldo fueron reconocidas en sus cuentas internas y que no existe ningún desfase entre sueldos, donaciones y cuotas. Añade que fue el propio partido quien informó de que ciertos gastos se abonaban en efectivo y que, por tanto, no se trata de ningún descubrimiento inesperado por parte de la Guardia Civil.
Un caso con recorrido político y judicial
La sombra de las finanzas opacas se suma así a la investigación principal del caso, que busca determinar si Ábalos, Koldo García y el exsecretario de organización Santos Cerdán utilizaron su posición en el Ministerio de Transportes para amañar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Cerdán permanece en prisión preventiva por su implicación en la trama, mientras que Ábalos mantiene su defensa de inocencia y denuncia una persecución política y mediática.
Para la Guardia Civil, los indicios van más allá de simples irregularidades contables. El informe de 285 páginas sostiene que los patrones de ingresos y gastos detectados son “compatibles con la existencia de entradas en efectivo no declaradas”, lo que refuerza la sospecha de un doble sistema de contabilidad en la etapa de mayor relevancia política de Ábalos.
Aunque no se trata todavía de una prueba definitiva, la documentación abre nuevas vías de investigación y plantea serias dudas sobre la transparencia del exministro. El hecho de que parte de los ingresos procedieran, según la UCO, de su propio hijo Víctor Ábalos, añade un componente familiar al caso que el juez Puente deberá valorar.
¿Qué viene ahora?
El procedimiento sigue en curso y el Tribunal Supremo tendrá que decidir si hay indicios suficientes para imputar a Ábalos por delitos relacionados con blanqueo, cohecho o enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en primer plano la cuestión del uso de dinero en metálico en la política española, un terreno que durante décadas ha estado asociado a la opacidad y las prácticas clientelares.
El informe de la UCO no cierra el círculo, pero sí lo aprieta. Ábalos tendrá que dar explicaciones sobre la procedencia de esos casi 100.000 euros que no aparecen en sus cuentas bancarias. En un momento en el que la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa un momento frágil, la exigencia de transparencia no es solo un asunto judicial, sino también político y ético.