La calle nunca ha sido un espacio neutro. Es el termómetro de la tensión social. El escenario donde los discursos abstractos cobran cuerpo. Pero, sobre todo, es el espejo incómodo que refleja las contradicciones más profundas de la clase política.
La reciente instalación de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol y la convocatoria de una gran concentración ante las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con el decisivo pleno donde se debate la convalidación de los decretos sobre el alquiler, ha vuelto a encender los resortes del alarmismo institucional. Sin embargo, detrás del cruce de acusaciones y de las proclamas sobre la convivencia pacífica, lo que verdaderamente emerge es un ejercicio de amnesia selectiva y cinismo partidista que retrata la profunda asimetría con la que se juzga el derecho a la protesta en España.
Relato hegemónico de la derecha
El relato hegemónico de la derecha parlamentaria y regional no ha tardado en desplegar su artillería verbal contra los colectivos de inquilinos y las plataformas ciudadanas. La criminalización de la protesta social por la vivienda se ha articulado mediante una cuidada narrativa que transforma una movilización en defensa del acceso al techo en una amenaza intolerable contra el orden constitucional y la soberanía popular.
La sola idea de que la ciudadanía acampe en el corazón de la capital o rodee de forma pacífica las Cortes para presionar a los legisladores en una votación crítica ha sido calificada desde el Partido Popular como un chantaje intolerable, un acto de coerción antidemocrática y un atentado contra el normal funcionamiento de las instituciones públicas.
Esta vehemente defensa de la pulcritud institucional contrasta de forma sangrienta con la memoria reciente del debate político español. Las protestas en la sede del PSOE en la calle Ferraz y las masivas concentraciones impulsadas en los aledaños de la Carrera de San Jerónimo contra la tramitación de la ley de amnistía mostraron una cara completamente distinta de esa misma clase política.
En aquel convulso otoño, cuando los cánticos hostiles, el asedio diario a las sedes de los partidos rivales e incluso los intentos explícitos de desbordar los cordones policiales para aproximarse al Palacio de La Moncloa paralizaron el centro de Madrid, el juicio de la derecha fue radicalmente opuesto. Lo que hoy se tilda de coacción extremista se justificó entonces como la legítima y heroica expresión de un pueblo indignado en defensa de la unidad nacional.
Doble vara de medir
Esta asimetría en el discurso público demuestra que la doble vara de medir el derecho de manifestación no responde a un criterio jurídico riguroso, ni al respeto sagrado por el espacio público, sino a un cálculo estrictamente ideológico.
Cuando la protesta callejera la protagonizan sectores afines a las tesis conservadoras o cuando el motivo de la marcha ataca directamente la línea de flotación de un Gobierno progresista, la movilización se eleva a la categoría de deber patriótico. Un ejercicio sagrado de libertad de expresión que no debe ser acorralado por la actuación policial.
Por contra, cuando la protesta nace de las capas populares golpeadas por la especulación inmobiliaria y cuestiona los privilegios del mercado libre, la misma protesta se tipifica como desorden público, coacción y algarada radical. El fenómeno no es nuevo. Pero alcanza en el momento actual una densidad dramática.
El conflicto por el acceso a la vivienda digna ha logrado articular un movimiento transversal que desborda las costuras tradicionales de los partidos políticos. Miles de jóvenes, familias trabajadoras e inquilinos ahogados por rentas inasumibles han decidido que la presión parlamentaria de moqueta es insuficiente. Y que la única forma de torcer el brazo a la especulación es tomar el espacio urbano.
La acampada de la Puerta del Sol no representa una amenaza armada contra el Parlamento, sino la visibilización física de una emergencia social que los despachos oficiales han sido incapaces de resolver durante décadas.
La táctica del desplazamiento
La estrategia de calificar de asedio lo que es en esencia una vigilia comunitaria responde a una táctica ensayada con éxito en otras etapas históricas: desplazar el foco de atención desde la causa del malestar hacia la forma de la protesta. La estigmatización de los movimientos sociales urbanos busca despojarlos de su legitimidad moral antes de que sus demandas puedan impregnar al conjunto del cuerpo social.
Al presentar a los manifestantes como un elemento desestabilizador o violento, como pretenden hacer desde el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, el poder político evita tener que dar explicaciones sobre por qué un bien de primera necesidad, amparado por el texto constitucional, se ha convertido en un activo financiero inaccesible para la mayoría salarial del país.
Por su parte, el Gobierno y los partidos de la izquierda parlamentaria tampoco quedan libres de la tentación de utilizar la calle de forma instrumental. El uso partidista del descontento ciudadano se manifiesta cuando los ejecutivos aplauden las marchas mientras sirven de contrapeso a la oposición, pero muestran un acusado nerviosismo cuando esa misma presión social se dirige contra sus propias insuficiencias legislativas.
El dilema de la izquierda gubernamental estriba en conciliar su simpatía teórica hacia el movimiento inquilino con la responsabilidad institucional de gestionar los cuerpos de seguridad y mantener la disciplina del Parlamento en jornadas de máxima tensión.
La trampa del debate contemporáneo
La trampa del debate político contemporáneo reside en esta perversa clasificación de las movilizaciones entre protestas legítimas y desórdenes punibles en función de la filiación de quien enarbola la pancarta. Si la toma de la calle por parte de la derecha se ampara bajo el paraguas inviolable de la libertad civil, resulta jurídicamente insostenible y políticamente deshonesto pretender acallar el clamor de los inquilinos cuando acuden a las puertas del Congreso a exigir que no se negocie con su futuro.
El derecho a la protesta en la democracia española no puede ser un privilegio que se concede o se retira según el color del Gobierno de turno. O el sesgo ideológico del manifestante. A medida que se acerca la votación decisiva sobre los decretos de vivienda, la tensión acumulada entre las carpas de la Puerta del Sol y la escalinata de los leones del Congreso actúa como un poderoso indicador de la salud democrática del país.
Mientras la política institucional insista en mirar para otro lado ante el problema del alquiler, la calle seguirá siendo el único altavoz de los excluidos. Y mientras la derecha continúe aplicando un filtro ideológico para decidir qué manifestante es un ciudadano patriota y cuál un peligroso agitador, la conversación pública seguirá atrapada en esa hipocresía estructural donde la ley se interpreta, siempre, a conveniencia del poder.
Porque al final, la calle no miente. Solo refleja lo que el poder prefiere no ver.
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