Hay algo que nuestra clase política domina con una habilidad extraordinaria: convertir cualquier problema en una batalla electoral. Da igual que se trate de la vivienda, la sanidad, los impuestos, un problema de frontera o la electricidad. Siempre aparece un culpable al que señalar, una dimisión que exigir o una declaración incendiaria con la que ocupar unos minutos de televisión, pidiendo que regrese el tiempo de las cañoneras. Resolver el problema ya es otra cuestión, bastante menos vistosa y, por lo que parece, también menos rentable electoralmente.
Mientras España continúa sumergida en esa competición por ver quién grita más y quién consigue colocar la próxima ocurrencia en las redes sociales con la ayuda de sus bots, los dirigentes europeos se reunieron los días 15 y 16 de octubre para abordar una preocupación bastante más importante: el elevado coste de la energía y sus consecuencias para la economía europea. Porque, por mucho que nuestros representantes se empeñen en demostrar lo contrario, las empresas no funcionan con discursos ni las familias pueden pagar la luz con las promesas del último mitin.
Bruselas propone, pero la factura sigue llegando
El Consejo Europeo ha reconocido que los precios energéticos perjudican seriamente la competitividad industrial y ha reclamado actuaciones coordinadas para aliviar la situación. Entre las propuestas figuran prolongar determinadas ayudas públicas a las industrias más afectadas, mejorar la eficiencia de las refinerías, facilitar las compras conjuntas voluntarias de energía y estudiar nuevas medidas temporales. Todo bastante razonable, aunque conviene aclarar algo antes de que algún ministro, consejero o aspirante a salvador de la patria se apresure a anunciar una rebaja histórica: Bruselas no ha aprobado un descuento general en la factura eléctrica. Ha señalado un problema y ha marcado prioridades, pero las soluciones todavía deben concretarse.
En nuestro país, donde hemos convertido la presentación de proyectos en una especialidad política y la inauguración de obras inacabadas casi en una manifestación cultural, sabemos perfectamente que entre anunciar una solución y aplicarla pueden transcurrir años, varias elecciones y un número considerable de fotografías oficiales.
La panadería no paga la luz con discursos
Una panadería de Barcelona necesita encender sus hornos, un taller de Burgos debe alimentar sus máquinas y una pequeña industria de Tarazona tiene que calcular si podrá seguir fabricando sin que los costes se coman sus beneficios. A todos ellos les importa bastante poco quién haya ganado el último enfrentamiento parlamentario. Necesitan saber cuánto pagarán el próximo mes y si podrán mantener su actividad.
Además, la factura eléctrica es más complicada de lo que sugieren los titulares. Existen contratos distintos, costes regulados, impuestos y condiciones comerciales que determinan su importe final. Una bajada del precio mayorista no garantiza el mismo ahorro para todos, como tampoco una ayuda destinada a grandes industrias tiene por qué beneficiar al pequeño empresario.
Por eso, cuando se habla de abaratar la energía, la pregunta verdaderamente importante no es quién podrá atribuirse el mérito político, sino quién se beneficiará realmente, cuánto, cuándo y a costa de quién. Preguntas poco apropiadas para un mitin, desde luego, pero imprescindibles para gobernar.
Mucho sol, mucho viento, mucha agua y demasiada propaganda
España dispone de abundantes recursos solares y eólicos, pero continúa expuesta a las oscilaciones de los mercados internacionales y al precio de los combustibles fósiles. El funcionamiento del mercado eléctrico europeo explica parte de esta contradicción: cuando las centrales de gas son necesarias para cubrir la demanda, su coste puede condicionar el precio mayorista de la electricidad.
Necesitamos mejores redes eléctricas, almacenamiento, interconexiones y una planificación que permita aprovechar nuestros recursos. Pero estas soluciones requieren inversiones, tiempo y continuidad institucional, tres elementos que encajan bastante mal con la política del titular inmediato. Resulta mucho más sencillo proclamar la soberanía energética desde un atril que conseguir que una empresa pueda conectarse a la red en condiciones razonables. Y, sin embargo, es esto último lo que determina si una industria se instala, crece o termina marchándose.
Las ayudas europeas pueden resultar necesarias, pero también exigen transparencia y controles. Defender la industria no significa repartir dinero público sin comprobar quién lo recibe y qué resultados produce. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar esa vieja costumbre caciquil de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Campaña electoral que nunca termina
Mientras Europa intenta equilibrar competitividad, seguridad energética e intervención pública, nuestra política continúa instalada en una confrontación permanente. Los que gobiernan presentan sus anuncios como conquistas históricas; los que aspiran a sustituirlos describen cualquier dificultad como la antesala del apocalipsis. Cambian los protagonistas, pero el espectáculo continúa. Entretanto, apenas discutimos seriamente cómo reducir los costes energéticos, mejorar la productividad o impedir que nuestras industrias pierdan competitividad.
La cumbre de Bruselas no resolverá por sí sola estos problemas. Habrá que concretar las propuestas, aprobar las medidas correspondientes y comprobar sus efectos. Lo razonable sería que nuestros dirigentes aprovecharan el debate para explicar qué necesita España, qué inversiones deben priorizarse y cómo conseguir una energía realmente competitiva. Pero eso exigiría sustituir la propaganda por resultados y la obsesión electoral por una mínima voluntad de gestionar el interés general.
Porque, al final, hay algo que ningún argumentario de partido puede modificar: la factura eléctrica llega puntualmente, gobierne quien gobierne, vote cada cual lo que vote y gane quien gane la última bronca parlamentaria.
Los ciudadanos necesitan soluciones, no más ruido. Aunque, pensándolo bien, si algún día conseguimos transformar en electricidad toda la energía que nuestros políticos desperdician insultándose, probablemente España se convierta en el primer país energéticamente autosuficiente de Europa y sin necesidad de instalar un solo molino más.
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