Los debates sobre la fiscalidad suelen presentarse como una disyuntiva sencilla entre el alivio inmediato al bolsillo del contribuyente y el tamaño de la administración. Sin embargo, cuando los ciclos electorales cambian y una nueva mayoría aspira a reforzar las redes de protección social, emerge la dimensión estructural de las decisiones tributarias previas.
Según los análisis económicos recogidos sobre la situación financiera de Estados Unidos tras las recientes elecciones de mitad de mandato, la nueva mayoría del Partido Demócrata en el Capitolio se enfrenta a un grave problema que trasciende las fronteras norteamericanas y que permite trazar un paralelismo directo con los debates fiscales en España. Particularmente, en torno al modelo aplicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con los diagnósticos presupuestarios elaborados en Washington, la ambición de la nueva generación de legisladores demócratas choca frontalmente con una arquitectura contable diseñada para limitar el margen de gasto futuro. Pretenden blindar la asistencia sanitaria de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), revertir los recortes en programas alimentarios como SNAP y Medicaid y desplegar ayudas al cuidado infantil.
Los analistas señalan que la doctrina fiscal iniciada hace cuatro décadas con Ronald Reagan y profundizada durante el mandato de Donald Trump mediante la ley fiscal OBBBA ha dejado una deuda federal superior a los 40 billones de dólares, más del 120% del Producto Interior Bruto y un déficit estructural del 6,2%. Esta situación obliga al Tesoro estadounidense a destinar un billón de dólares anuales exclusivamente al pago de intereses. Una cifra que supera el presupuesto de defensa y reduce al mínimo el margen financiero para cualquier expansión del Estado del bienestar.
El paralelismo con el modelo Ayuso
Los analistas de las políticas conservadoras en Estados Unidos describen esta dinámica bajo el concepto técnico de estrangulación presupuestaria. La lógica de esta estrategia consiste en ejecutar rebajas impositivas de gran calado durante los periodos de gobierno conservador. El objetivo es comprimir la capacidad recaudatoria del Estado, forzar un escenario de escasez de recursos o endeudamiento y condicionar, atar de manos, a cualquier gobierno progresista posterior que intente ampliar la inversión social sin asumir el desgaste político de subir impuestos.
Este mismo mecanismo constituye el eje central de la polémica política en España respecto al modelo fiscal de la Comunidad de Madrid. Desde las filas de la oposición progresista, los sindicatos y diversos centros de análisis económico se sostiene que la política sostenida de deflactaciones del tramo autonómico del IRPF responde a una filosofía equivalente a la doctrina neoliberal estadounidense, junto con las bonificaciones en impuestos patrimoniales y de sucesiones impulsadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Según estas lecturas críticas, al reducir de forma estructural los ingresos propios de la hacienda autonómica, se limita el margen financiero disponible para reforzar la sanidad pública, la educación o el parque de vivienda protegida y se traslada el peso de la financiación hacia las transferencias del Estado o se incentiva el recurso a servicios privados.
Por el contrario, tanto los defensores de las políticas fiscales republicanas en Washington como el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular rechazan de plano este diagnóstico. Defienden la eficacia de los bajos impuestos como motor de prosperidad. Desde esta perspectiva liberal-conservadora, se argumenta que mantener una presión fiscal moderada incentiva la inversión empresarial, atrae capitales, dinamiza el consumo y genera una mayor actividad económica que, a medio plazo, permite sostener la recaudación sin asfixiar a las familias ni a las empresas. Para los partidarios del modelo de Ayuso, la capacidad de atracción económica de la región demuestra que la contención tributaria no equivale al desmantelamiento de los servicios públicos, sino que equivale a una gestión más eficiente de los recursos frente a lo que califican como el afán recaudatorio de la izquierda.
El coste político de revertir los recortes
La comparación entre ambos escenarios revela una constante en las democracias occidentales. Resulta mucho más sencillo aprobar una rebaja fiscal que revertirla posteriormente para financiar el gasto social. En Estados Unidos, los datos comparados muestran que la recaudación fiscal total apenas alcanza el 26% del PIB, es decir, se sitúa nueve puntos por debajo del Reino Unido, doce puntos y medio por detrás de Alemania y dieciséis puntos por debajo de Suecia.
Los analistas estadounidenses advierten de que deshacer los recortes de la era Trump y restaurar los subsidios sanitarios entre 2030 y 2039 costaría 2,66 billones de dólares adicionales. Mientras, el fondo de la Seguridad Social encara un posible recorte automático del 22% en seis años. Dejar expirar los beneficios fiscales temporales aprobados por Trump aportaría 1,2 billones de dólares en una década, pero exige a los demócratas afrontar la acusación conservadora de elevar la carga fiscal sobre las clases medias.
En el debate político español, a escasas semanas de la cita electoral del 29 de noviembre, esta misma tensión define los programas económicos de los dos grandes bloques en liza. Mientras los partidos de la izquierda plantean la necesidad de armonizar la fiscalidad autonómica y elevar la contribución de las grandes fortunas y rentas altas para sufragar el escudo social, la vivienda y la sanidad pública, denunciando el efecto de dumping fiscal atribuido a Madrid, el bloque conservador convierte la bajada de impuestos y la defensa de la autonomía fiscal en su principal bandera electoral.
Tanto en el Capitolio de Washington como en España, la disyuntiva que enfrentan los gobiernos que aspiran a expandir o blindar el Estado del bienestar es de naturaleza eminentemente aritmética. Las promesas de reconstrucción social, protección frente a los cambios tecnológicos o ampliación de derechos habitacionales dependen de la disponibilidad real de recursos en las arcas públicas.
La experiencia norteamericana tras las elecciones de mitad de mandato ilustra hasta qué punto las decisiones tributarias adoptadas en una legislatura condicionan la viabilidad de los proyectos políticos de la siguiente. Ya sea mediante el endeudamiento masivo en Estados Unidos o a través de la reducción de ingresos autonómicos en España, el debate sobre cómo financiar los servicios públicos sin comprometer la estabilidad financiera ni perder el respaldo de las clases medias se consolida como la prueba definitiva de la política económica contemporánea.
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