Isabel Díaz Ayuso, en un discurso realizado en los últimos días, abordó la inmigración no como una política pública sujeta a datos, planificación y cooperación internacional, sino como un vector de descomposición nacional, una herramienta deliberada de ingeniería social utilizada por el gobierno para alterar el equilibrio político, cultural y electoral de España. Es aquí donde el discurso abandona definitivamente el terreno del análisis complejo para adentrarse en un relato de sustitución, reconocible para cualquiera que haya seguido la evolución de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos.
Ayuso comienza desde una premisa aparentemente moderada: la inmigración puede funcionar cuando es “escalonada”, “vinculada al trabajo” y orientada a la integración. Esta fórmula inicial cumple una función retórica clásica: establecer una posición de razonabilidad que le permita, acto seguido, legitimar una deriva mucho más alarmista. La inmigración deja de ser un fenómeno social con múltiples causas (guerras, desigualdad global, cambio climático, dinámicas económicas) y pasa a convertirse en una decisión consciente del poder político para generar caos, tensión e inseguridad. Es decir, exactamente el mismo relato de Donald Trump.
A partir de ese punto, el discurso introduce un elemento clave del marco del gran reemplazo: la idea de que la inmigración masiva no es un efecto colateral de la globalización ni de crisis estructurales, sino una estrategia deliberada del gobierno para alterar el cuerpo electoral. Ayuso afirma que el Ejecutivo “quiere borrar gente de los censos y sustituirla”, sugiriendo que los flujos migratorios sirven para reemplazar a ciudadanos “nativos” por poblaciones más dóciles, dependientes o políticamente manipulables. Este planteamiento reproduce casi palabra por palabra el argumento central de la teoría conspirativa del gran reemplazo: la sustitución demográfica como instrumento de poder.
El paso siguiente es aún más significativo. Ayuso no se limita a denunciar una supuesta irresponsabilidad en la gestión migratoria. Acusa al Gobierno de desear activamente el conflicto, de buscar una inmigración que “no se mezcle”, que colapse servicios públicos y genere inseguridad. Aquí la inmigración deja de ser un desafío a gestionar y se convierte en una amenaza funcional, un mecanismo para erosionar la cohesión social y justificar un estado de excepción permanente. Es el mismo marco que Donald Trump utilizó al describir la frontera sur de Estados Unidos como una “invasión” alentada por los demócratas para ganar elecciones.
La referencia a la eliminación de controles, a la tolerancia con mafias y a la supuesta indiferencia ante antecedentes penales refuerza este esquema. No se aportan datos ni comparativas europeas, no se distingue entre solicitantes de asilo, migración laboral o reagrupación familiar. Todo queda subsumido en una narrativa binaria: orden frente a caos, nación frente a sustitución, libertad frente a disolución. La complejidad desaparece porque la complejidad estorba a los relatos movilizadores.
El punto más delicado del discurso llega cuando Ayuso introduce la dimensión cultural y religiosa. Al afirmar que están “en contra de la islamización de Europa y de España” porque supone un proyecto “teocrático totalitario” incompatible con los derechos de la mujer, la inmigración deja de ser solo un problema de gestión para convertirse en una amenaza civilizatoria. Este argumento, recurrente en la extrema derecha europea, desplaza el foco desde comportamientos concretos o políticas de integración hacia identidades colectivas esencializadas, donde millones de personas quedan reducidas a un bloque homogéneo, incompatible y peligroso.
De nuevo, el paralelismo con Trump es evidente. Como en el veto migratorio a países de mayoría musulmana o en la retórica del “they’re not sending their best”, el discurso de Ayuso construye una frontera moral entre un “nosotros” portador de valores universales y un “ellos” definido por una supuesta incompatibilidad estructural. La defensa de la mujer, la libertad o la igualdad se instrumentaliza así no como un compromiso universal, sino como un arma discursiva de exclusión.
El resultado final es una transformación profunda del debate migratorio. La inmigración ya no es un reto que exige inversión, planificación urbana, políticas educativas y cooperación internacional, sino una conspiración desde el poder, una amenaza existencial que justificaría medidas excepcionales como las rafias del ICE y una polarización permanente. Como en el trumpismo, el miedo sustituye al diagnóstico, y la sospecha reemplaza al análisis.
Este desplazamiento no es casual. Al encuadrar la inmigración como parte de una “batalla por la libertad” frente a un enemigo interno y externo, Ayuso integra este fenómeno en un relato más amplio de decadencia nacional provocada, donde el Estado de derecho, la alternancia política y la identidad colectiva estarían bajo asedio. El inmigrante deja de ser sujeto de derechos y deberes para convertirse en símbolo, en pieza de una narrativa de reemplazo que no necesita demostración empírica porque opera en el plano emocional.
Así, el discurso no dice explícitamente “gran reemplazo”, pero activa todos sus resortes: sustitución demográfica, manipulación electoral, amenaza cultural y colapso inducido. Como en Trump, Orbán o Le Pen, la inmigración funciona como el espejo donde se proyectan todos los miedos de una sociedad en crisis, canalizados no hacia soluciones complejas, sino hacia un relato simple, movilizador y profundamente polarizante.