La reciente y alarmante secuencia de acontecimientos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde la policía israelí impidió el acceso al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Tierra Santa, para oficiar la misa del Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro, ha abierto una herida profunda en la diplomacia religiosa internacional. Este suceso, calificado por el Patriarcado Latino como un grave precedente sin parangón en siglos de historia, no solo representa un atropello a la libertad de culto, sino que pone de manifiesto una contradicción política ensordecedora en España. En el centro de este vacío analítico y moral se encuentra la figura de Isabel Díaz Ayuso, cuya habitual beligerancia en defensa de los valores cristianos parece haberse disuelto en un calculado y gélido silencio ante las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, al igual que buena parte de la extrema derecha occidental, ha construido su identidad política sobre la base de una defensa férrea de la civilización judeocristiana, presentándose como el último baluarte contra lo que ella denomina el "laicismo agresivo" o el "borrado de las tradiciones de Occidente". Sin embargo, ante la imagen de un cardenal de la Iglesia Romana siendo detenido y bloqueado por fuerzas de seguridad extranjeras en el lugar más sagrado del cristianismo, la Puerta del Sol ha optado por una mudez que resulta, como poco, analíticamente sospechosa. Este mutismo no es una simple omisión de agenda; es una declaración de principios geopolíticos que subordina la fe católica a la alianza estratégica con el ala más dura del sionismo internacional.
El incidente en el Santo Sepulcro no fue un malentendido logístico, a pesar de las tibias excusas de la oficina de Netanyahu que apelaban a una supuesta "seguridad" frente a la amenaza de Irán. Fue una medida manifiestamente irrazonable que ignoró la naturaleza privada y no procesional del acto que pretendía realizar el Cardenal Pizzaballa. El hecho de que se haya utilizado la guerra como pretexto para clausurar espacios sagrados y restringir el derecho al rezo de miles de millones de personas constituye un ataque directo a la libertad religiosa, ese concepto que Isabel Díaz Ayuso suele invocar en cada festividad de la Almudena o en sus ataques al Gobierno de la nación.
La ausencia de una condena, o siquiera de una expresión de preocupación por parte de la lideresa madrileña, revela una asimetría moral preocupante. Ayuso ha demostrado ser una experta en la instrumentalización de los símbolos cristianos cuando estos sirven para confrontar con la izquierda doméstica, pero se muestra incapaz de defender esos mismos símbolos cuando el agresor es un aliado político de su espectro ideológico. Este fenómeno sugiere que, para el ayusismo, la religión no es un fin en sí mismo ni un conjunto de valores universales a proteger, sino una herramienta de movilización identitaria que se guarda en el cajón cuando los intereses de Israel entran en conflicto con la liturgia de la Iglesia.
Mientras el Patriarcado Latino denunciaba un "desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas", Ayuso mantenía su perfil bajo, evitando cualquier declaración que pudiera interpretarse como un roce con Tel Aviv. Este silencio es especialmente sangrante si se considera que los cristianos en Tierra Santa son una minoría asediada que sobrevive en un equilibrio precario. Al no elevar la voz, la presidenta de Madrid está validando tácitamente la tesis de que la seguridad del Estado de Israel justifica el atropello a los derechos fundamentales de los católicos.
La contradicción es flagrante porque es incomprensible que alguien que se define como defensora de la libertad permitir que se prohíba la oración en el día más sagrado del calendario cristiano sin emitir un solo reproche. La respuesta reside en la construcción de un bloque de poder donde Israel opera como la vanguardia de un Occidente militarizado, y donde cualquier crítica a sus métodos, incluso si estos afectan a la propia Iglesia Católica, es vista como una debilidad o una concesión al "enemigo". En este esquema, el Cardenal Pizzaballa y los fieles de Jerusalén se convierten en daños colaterales de una narrativa política que Ayuso ha abrazado de forma absoluta.
Todo ello apunta a una desmitificación de su papel como protectora de la fe. Durante años, Ayuso ha cargado contra cualquier intento de secularización de las instituciones madrileñas, defendiendo la presencia de belenes, procesiones y la enseñanza religiosa. Sin embargo, su indiferencia ante el bloqueo del Domingo de Ramos demuestra que su catolicismo es, fundamentalmente, un catolicismo de escaparate, útil para la batalla cultural interna pero irrelevante cuando se trata de la defensa real de los cristianos perseguidos o limitados en su culto por potencias extranjeras aliadas.
Este comportamiento también pone en evidencia la fractura dentro del propio conservadurismo español. Mientras sectores del catolicismo social y eclesiástico observan con horror cómo se normaliza la violencia institucional contra sus jerarcas en Jerusalén, el ala trumpista que encarna Ayuso prefiere mirar hacia otro lado. El riesgo para la presidenta es perder esa pátina de autenticidad que la caracteriza; su silencio la retrata no como una líder de principios inamovibles, sino como una política pragmática que sacrifica la trascendencia religiosa en el altar de la conveniencia diplomática.
Es imposible no contrastar la reacción de Ayuso ante este ataque con sus vehementes críticas a cualquier restricción que sufriera la Iglesia durante la pandemia en España. En aquel entonces, cualquier limitación de aforo era leída como un ataque frontal a la libertad individual y espiritual. No obstante, cuando Israel impone limitaciones de menos de 50 personas para procesiones históricas y detiene a cardenales bajo la excusa de un plan de seguridad inexistente, la presidenta de Madrid no encuentra palabras para la protesta. Esta doble vara de medir socava su credibilidad y revela que su concepto de libertad es selectivo y dependiente del interlocutor.
El incidente del Santo Sepulcro debería haber sido una oportunidad para que Ayuso demostrara que su defensa de los valores occidentales incluye la protección de los pilares de la fe cristiana en su origen. Al no hacerlo, ha permitido que el relato sea secuestrado por la lógica de la guerra, donde el derecho al rezo se considera una concesión secundaria. La falta de empatía con el Patriarcado Latino, que se vio obligado a retransmitir las ceremonias telemáticamente mientras la policía patrullaba las puertas de la basílica, es un borrón en la trayectoria de una líder que aspira a representar la esencia de una España católica y tradicional.