La inesperada presencia de Isabel Díaz Ayuso en la reunión con los diecisiete alcaldes afectados por los devastadores incendios de la Sierra Oeste de Madrid no respondía únicamente a la necesidad institucional de mostrar cercanía ante la catástrofe. En el barro de la contienda política, el viaje a Villa del Prado sirvió como el escenario ideal para ejecutar un clásico movimiento de distracción: envolver un controvertido escándalo patrimonial en la bandera de la solidaridad de emergencia. Frente a la mirada atenta de los regidores y bajo la sombra de un paisaje calcinado de casi veintisiete mil hectáreas de fuego, la presidenta de la Comunidad de Madrid desplegó una estrategia defensiva basada en dos pilares tan antiguos como el propio ejercicio del poder: el populismo del desvío presupuestario y el arte de la evasión técnica.
El escándalo del ático de Chamberí, un inmueble adquirido por la administración regional a través de la empresa pública Planifica Madrid el pasado mes de abril y puesto precipitadamente a la venta tras salir a la luz pública, amenaza con convertirse en una vía de agua en la flotabilidad política del Ejecutivo madrileño. Ante la incomodidad de las preguntas de la prensa sobre los sobrecostes, las comisiones y los verdaderos motivos de una compra tan repentina como opaca, la mandataria optó por una pirueta populista: proclamar que la recaudación resultante de esa venta relámpago se destinará íntegramente a la reconstrucción de los municipios devastados por las llamas. El movimiento buscaba anestesiar la crítica moral.
Populismo de emergencia
La instrumentalización de una tragedia natural para neutralizar un problema de imagen institucional no es una innovación de la política madrileña, pero la contundencia de la maniobra resulta insólita. Al afirmar que «no se entendería» que la Comunidad se quedara con un inmueble de esas características en un momento de necesidad extrema en los pueblos del Alberche, Ayuso no solo intentó lavar la cara a una operación inmobiliaria cuestionada, sino que pretendió convertir un error de gestión en un acto de generosidad sobrevenida. La narrativa ofrecida a la opinión pública sugiere que la venta del piso no responde al pánico a un desgaste reputacional, sino a un arrebato de empatía presupuestaria ante el desastre de la Sierra Oeste.
Esta forma de populismo financiero encierra un peligroso precedente administrativo. Vincular la venta de activos públicos a la financiación de emergencias puntuales desdibuja la lógica de la hacienda pública y utiliza los recursos del Estado como si fueran fondos de libre disposición para campañas de imagen. La reconstrucción de las infraestructuras devastadas y la ayuda a las localidades afectadas por el fuego no deberían depender de si la Comunidad de Madrid decide o no deshacerse de un ático en un barrio acomodado de la capital; son obligaciones estatutarias y presupuestarias que el Gobierno regional debe asumir con cargo a sus fondos ordinarios. Presentar la desinversión del inmueble como el maná que salvará a la Sierra Oeste es una simplificación tendente a transformar un borrón de opacidad administrativa en una medalla a la eficacia social.
El eco del modelo sanchista
Detrás del anuncio de la donación de los fondos se esconde una segunda línea defensiva mucho más reveladora sobre el estilo de liderazgo de Ayuso: la delegación sistemática de la responsabilidad en terceros. Cuando los periodistas inquirieron sobre las cifras clave de la operación (el precio exacto de compra, el margen de la venta, la comisión abonada y la justificación técnica de la adquisición inicial), la respuesta de la jefa del Ejecutivo fue el vacío informativo. Remitir de forma reiterada a la Consejería de Presidencia y escudarse en que la empresa pública Planifica Madrid compra y vende inmuebles constantemente, alegando que ella desconoce los detalles porque «no es su competencia saberlo», constituye un ejercicio de desconexión del mando que contrasta vivamente con el hiperpresidencialismo del que suele hacer gala.
Resulta paradójico observar cómo Isabel Díaz Ayuso adopta en este episodio la misma arquitectura defensiva que tanto critica en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante situaciones de tensión o sospecha de irregularidades en sus respectivos entornos administrativos, ambos líderes comparten un patrón de conducta idéntico: trasladar la carga de la prueba hacia los escalones inferiores de la estructura directiva, refugiarse en la ambigüedad procedural y proclamar un desconocimiento absoluto de los expedientes incómodos. Decir que la información detallada está en manos de un consejero y que la presidenta de la Comunidad no tiene por qué saber los precios de las transacciones patrimoniales de su propio Gobierno equivale a levantar un muro de contención burocrático para proteger la figura de la cúspide a costa de destruir la credibilidad de los mandos intermedios.
El desgaste de las excusas
La narrativa en torno al ático de Chamberí ha estado sembrada de contradicciones desde el momento en que se hizo pública la transacción. Intentar desvincular la compra de esa propiedad de las inminentes obras de remodelación de la Real Casa de Correos (que obligarán a trasladar temporalmente parte de los espacios de trabajo del Ejecutivo autonómico a partir de otoño) requiere un esfuerzo de credulidad que la oposición y los medios no están dispuestos a conceder. Aunque la presidenta insista en que sería «muy poco inteligente» buscar una residencia oficial secreta de la que no podría esconderse a estas alturas de su trayectoria política, las fechas y las urgencias encajan con demasiada precisión como para dudar de la concatenación de los hechos.
El argumento defensivo según el cual la administración autonómica opera con «menos consejerías, menos gasto público y menos organismos» choca frontalmente con el desembolso de dinero público realizado para una compra que apenas duró veinticuatro horas en el inventario regional antes de que se ordenara su enajenación inmediata. El intento de encuadrar el movimiento en una política general de austeridad y optimización del patrimonio público pierde toda consistencia ante la evidencia de que la orden de venta solo se activó una vez que la información sobre la propiedad se convirtió en titular de prensa. La política del repliegue apresurado deja al descubierto que la gestión de este inmueble carecía de una planificación patrimonial legítima y respondía, más bien, a un diseño apresurado para resolver una necesidad de uso que terminó atragantándose en el plano de la comunicación pública.
Las viejas tácticas del aparato
El episodio ha dejado al descubierto, asimismo, los resortes automáticos del aparato del Partido Popular para cerrar filas en torno a su figura de mayor proyección electoral. La movilización de los diputados de la Asamblea regional para articular una defensa cerrada de la mandataria pone de manifiesto que el nivel de preocupación en las filas conservadoras ante este caso es elevado. El uso de consignas coordinadas y la conversión de un asunto de gestión patrimonial en una batalla de adhesión ideológica confirman que la dirección del partido percibió el asunto del ático como una brecha potencialmente peligrosa en la armadura política de la presidenta.
La evasiva final a la hora de abordar la financiación de sus actividades públicas y sus desplazamientos internacionalescompleta un cua dro de opacidad calculada. Al igual que ocurre en La Moncloa cuando se cuestiona el uso de los recursos del Estado o la agenda de los acompañantes en viajes oficiales, la Casa de Correos se atrinchera en la literalidad de las normas de transparencia para evitar rendir cuentas más allá de lo estrictamente indispensable. Esta convergencia de praxis entre dos modelos políticos supuestamente antagónicos demuestra que, cuando el escrutinio público estrecha el cerco sobre el centro del poder, las diferencias ideológicas se disuelven en favor de una misma estrategia de supervivencia institucional: desviar la atención hacia la tragedia del momento, transferir la responsabilidad al subordinado de turno y esperar a que el ruido del siguiente titular barra el rastro del escándalo anterior.
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