El discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre la supuesta “colonización de la justicia” por parte de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los ejes más repetidos de la política española reciente. Sin embargo, la contundencia de esa denuncia contrasta de forma llamativa con su silencio absoluto ante uno de los procesos más evidentes de intervención política en un sistema judicial occidental: la reconfiguración del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la órbita de Donald Trump.
No se trata de una omisión menor ni de un matiz irrelevante. Se trata de una contradicción estructural que vacía de contenido su discurso sobre el Estado de derecho. Mientras Ayuso eleva el tono en España hasta niveles de alarma institucional, ignora deliberadamente un caso donde la discusión sobre la politización de la justicia no es retórica, sino empírica: archivo masivo de casos, redefinición de prioridades penales y presión interna sobre fiscales de carrera.
La cuestión no es si Ayuso desconoce estos hechos, algo difícilmente sostenible en una dirigente que hace de la política internacional un elemento constante de su narrativa, sino por qué decide callarlos. La respuesta es incómoda pero evidente: su discurso no busca coherencia, sino utilidad política. La justicia no aparece como un principio a defender, sino como un instrumento retórico para desgastar al adversario.
Este uso selectivo del concepto de independencia judicial revela una lógica profundamente oportunista. Cuando la supuesta interferencia proviene de un gobierno ideológicamente opuesto, se convierte en una amenaza existencial; cuando procede de un aliado político, desaparece del radar. No hay aquí un criterio jurídico, sino un cálculo político.
El contraste resulta aún más crudo cuando se analizan los hechos. En España, el debate sobre la relación entre Ejecutivo y Poder Judicial se mueve en el terreno de interpretaciones, equilibrios institucionales y tensiones propias de cualquier democracia. En Estados Unidos, en cambio, la intervención en el sistema judicial ha adoptado formas mucho más tangibles y cuantificables, con decisiones que afectan directamente a miles de procedimientos y al funcionamiento interno de la institución.
Y, sin embargo, Ayuso guarda silencio. No una matización, no una crítica, no una advertencia. Nada. Ese silencio no es neutral: es una toma de posición. Supone aceptar implícitamente que la politización de la justicia es tolerable cuando sirve a determinados intereses.
Esta doble vara de medir tiene consecuencias. Debilita la credibilidad y la legitimidad política, porque transmite la idea de que los principios no son universales, sino contingentes. Que la independencia judicial no es un valor en sí mismo, sino una herramienta que se activa o se desactiva según convenga.
En este contexto, la ofensiva verbal contra Sánchez pierde gran parte de su fuerza analítica. No porque carezca necesariamente de base (las tensiones entre política y justicia existen), sino porque queda deslegitimada por la falta de consistencia de quien la formula. Un argumento que se aplica solo a conveniencia deja de ser un argumento y se convierte en propaganda.
Más aún, la estrategia de Ayuso contribuye a un fenómeno más amplio: la banalización del concepto de Estado de derecho. Cuando se utiliza de forma indiscriminada y selectiva, pierde su capacidad de señalar problemas reales y se diluye en el ruido de la confrontación política.
El caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo Donald Trump no es un detalle menor que pueda ignorarse sin coste, tal y como venimos analizando en Diario Sabemos en los últimos días. Es, precisamente, el tipo de situación que pondría a prueba la coherencia de cualquier defensor genuino de la independencia judicial. Y es ahí donde el discurso de Ayuso se derrumba.
Porque al final, lo que queda no es una defensa del Estado de derecho, sino su instrumentalización. Una retórica inflamada en el ámbito nacional y un silencio calculado en el internacional. Una combinación que no fortalece las instituciones, sino que las convierte en piezas de un juego político donde la coherencia es prescindible y la confrontación, imprescindible.