El discurso internacional de Isabel Díaz Ayuso sobre América Latina no resiste un análisis mínimamente riguroso. Su insistencia en calificar como “narcoestados” a países como México o Brasil no solo simplifica realidades complejas, sino que evidencia un uso abiertamente instrumental y selectivo de una etiqueta de enorme gravedad política. Ha abandonado la mínima coherencia que se exige a una líder política porque su narrativa está guiada por afinidades ideológicas y no por hechos verificables.
La contradicción es especialmente evidente cuando se observa su silencio ante casos mucho más incómodos para ese relato. Honduras constituye un ejemplo difícil de ignorar: su expresidente, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos antes de ser indultado por Donald Trump. Si el criterio de Ayuso fuera consistente, este episodio debería ocupar un lugar central en su denuncia de los llamados narcoestados. No es el caso. El silencio, en este contexto, no parece casual, sino revelador.
Esa misma lógica de doble rasero se extiende a otros escenarios internacionales donde las vulneraciones de derechos o las prácticas autoritarias han sido ampliamente documentadas. Ayuso evita atacar la actuación de Israel en el conflicto de Gaza, pese a las acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad por los que Benjamin Netanyahu está en busca y captura internacional. Tampoco cuestiona a Estados Unidos bajo la presidencia de Trump en materia de crímenes de guerra, ni su política migratoria a través del ICE, denunciada por organizaciones internacionales.
En Iberoamérica, la selectividad resulta aún más evidente. La deriva autoritaria de El Salvador bajo Nayib Bukele no ha merecido reproche alguno en su discurso. Tampoco los escándalos de corrupción que rodean a Argentina con Javier Milei, ni la situación en Ecuador, donde el propio Daniel Noboa ha reconocido el papel del país en el circuito global de la cocaína. En todos estos casos, la crítica desaparece. La contundencia se diluye. El relato se acomoda.
Lo que emerge no es una posición firme contra el narcotráfico o la corrupción, sino una estrategia de señalamiento ideológico selectivo. Ayuso no denuncia sistemas, denuncia adversarios. No analiza realidades, construye enemigos políticos. Y lo hace utilizando conceptos que, por su gravedad, deberían manejarse con responsabilidad y rigor, no como herramientas retóricas de confrontación.
La contradicción alcanza su punto más evidente cuando la presidenta madrileña invoca la supuesta “hermandad de los pueblos hispanoamericanos”. Esa apelación, en apariencia integradora, se revela profundamente excluyente en la práctica. La hermandad, según su discurso, no es cultural ni histórica: es ideológica. Solo incluye a aquellos gobiernos que encajan en su marco político. El resto queda automáticamente deslegitimado, etiquetado o directamente ignorado.
Este enfoque no solo erosiona la credibilidad de su discurso, sino que contribuye a banalizar conceptos clave del análisis internacional. Convertir términos como “narcoestado” en armas políticas implica vaciarlos de contenido y reducirlos a consignas. El resultado es un debate empobrecido, donde la complejidad desaparece en favor de la simplificación interesada.
El posicionamiento de Ayuso no aporta claridad ni rigor, sino más ruido. Su discurso no describe el mundo: lo distorsiona. Y en esa distorsión, la coherencia es la primera víctima.