La extrema derecha no irrumpe como un accidente ni como una anomalía pasajera. Su avance, tanto en distintos países europeos como en España, responde a un proceso más lento y profundo, en el que se van acumulando tensiones sociales, frustraciones económicas y una sensación cada vez más extendida de que el sistema no responde como debería. No se trata únicamente de ideología, ni siquiera de estrategia política en sentido estricto. Se trata, sobre todo, de un terreno que se ha ido preparando con el tiempo. Porque ese terreno existe, y conviene mirarlo de frente.
En los últimos años se ha instalado en amplios sectores de la sociedad una percepción persistente de incertidumbre. No es una idea abstracta, sino algo que atraviesa la vida cotidiana como dificultades para acceder a la vivienda, empleos que no garantizan estabilidad, servicios públicos que funcionan con tensión, expectativas de futuro cada vez más difusas. Cuando esas condiciones se prolongan, dejan de ser coyunturales y pasan a formar parte de la experiencia habitual. Ahí es donde empieza a abrirse un espacio político nuevo.
La extrema derecha no crea ese malestar, pero sí sabe interpretarlo y, sobre todo, canalizarlo. Lo hace simplificando, señalando, reduciendo problemas complejos a causas aparentemente claras. En ese proceso, convierte inquietudes legítimas en relatos cerrados, donde siempre hay responsables identificables y soluciones inmediatas. No es un análisis riguroso, pero tiene algo que a menudo le da ventaja: resulta comprensible y emocionalmente eficaz. Y eso pesa.
Porque frente a la complejidad, la simplificación funciona. Frente a la incertidumbre, la promesa de orden ofrece una sensación de control que, aunque sea parcial o ilusoria, resulta atractiva. El problema es que ese tipo de respuestas no resuelve las causas de fondo, sino que las desplaza, las reconduce hacia otros lugares, muchas veces hacia colectivos que poco tienen que ver con el origen del problema. En ese desplazamiento hay un elemento clave: el cambio en el marco del debate.
Cuestiones que durante años habían quedado fuera de los márgenes aceptables empiezan a incorporarse con naturalidad a la conversación pública. No de golpe, sino a través de pequeñas grietas. Un discurso que deja de sorprender, una idea que se repite hasta normalizarse, una línea que se mueve apenas unos centímetros cada vez. Cuando se quiere reaccionar, el punto de partida ya no es el mismo. En España, este proceso tiene matices propios, pero no escapa a esa lógica general.
Durante mucho tiempo se dio por hecho que el consenso construido tras la transición actuaba como un límite suficiente. Sin embargo, ese marco ha ido perdiendo capacidad de contención. La entrada de la extrema derecha en las instituciones no solo ha supuesto un cambio en la representación política, sino también en la forma de discutir determinados temas y en el tipo de propuestas que se consideran legítimas. No es únicamente una cuestión de votos, sino de clima.
Se ha ido instalando una manera de entender la política en la que la confrontación desplaza al acuerdo, en la que la identidad pesa más que las condiciones materiales y en la que los problemas complejos se presentan como si admitieran soluciones rápidas. Esa dinámica no surge de forma aislada, sino que se alimenta de un contexto en el que la política convencional ha tenido dificultades para ofrecer respuestas claras a situaciones cada vez más exigentes. Y ahí aparece una de las claves del problema.
Cuando una parte de la sociedad siente que las instituciones no están resolviendo cuestiones básicas, la confianza se resiente. No desaparece de golpe, pero se debilita. Y en ese debilitamiento se abre la puerta a opciones que prometen eficacia, aunque esa eficacia se construya sobre bases frágiles o directamente problemáticas.
El señalamiento de colectivos, la construcción de enemigos internos o la idea de que los derechos son un obstáculo forman parte de ese repertorio. No son elementos secundarios, sino piezas centrales de un discurso que necesita simplificar para funcionar.
Lo preocupante no es solo que ese discurso exista, sino que encuentre resonancia.
Y esa resonancia tiene que ver con algo que no siempre se aborda con suficiente claridad: la sensación de desprotección. Cuando la democracia no logra traducirse en mejoras tangibles, cuando no consigue reducir desigualdades o garantizar un mínimo de estabilidad, deja de percibirse como un instrumento útil y pasa a ser vista como algo distante, incluso ajeno.
Limitar la respuesta a una confrontación discursiva resulta insuficiente. Señalar los riesgos es necesario, pero no cambia por sí mismo las condiciones que permiten ese crecimiento. Si el malestar sigue ahí, encontrará otras vías de expresión, con nombres distintos o con formatos diferentes. La cuestión de fondo pasa por otro lado.
Tiene que ver con la capacidad de la política para volver a conectar con la vida cotidiana, para ofrecer respuestas que no se queden en el plano declarativo, para reducir esa distancia entre lo que se promete y lo que realmente se experimenta. No es una tarea sencilla, ni rápida, pero es difícil imaginar una alternativa que no pase por ahí.