Como se repite desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Sánchez creó nuevo conflicto con la propuesta, en contexto de voracidad recaudatoria, de subir las cotizaciones a los trabajadores autónomos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, propuso alzas escalonadas entre los próximos años 2026, 2027 y 2028; pivotarían estas subidas entre los 17 € y 206 € al mes. Horas después del anuncio ministerial se rectificó tras pactar su colega de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente Sánchez congelar las cuotas de los que ingresen menos y subir el 2,5% a quienes cobran más. La clave del populismo estaría detrás de tal decisión.
El rechazo ante la decisión ministerial fue aplaudido hasta por los socios de Gobierno (Sumar y Podemos). Son conscientes en la izquierda que pymes y autónomos son esenciales en el voto urbano y de proximidad. El electoralismo decide medidas gubernamentales que se dictan en los aparatos de los partidos.
Los agravios
Son relevantes las graves diferencias que privilegian a los asalariados frente a los trabajadores autónomos. Estas basculan sobre carga impositiva, flexibilidad y estabilidad laboral y el marco legal. Lo explicamos: mientras los asalariados tienen menos precariedad y derechos consagrados por el Estatuto de los Trabajadores, los autónomos soportan más incertidumbre en su cotidiano e ingresos periódicos.
No obstante, Pepe Álvarez -líder de UGT- repite que los autónomos “ganan mucho dinero”. El prisma del sindicalismo de salón que vive de las subvenciones necesita nueva óptica. Hace años que la inmensa mayoría de autónomos sobreviven forzados en el mileurismo tras descontar de sus ingresos cuotas, gastos profesionales y suministros.
Un ejemplo lo ilustra la brecha entre asalariados y autónomos a la hora de jubilarse tras una vida laboral con igual de años y meses cotizados. Según datos, del pasado septiembre, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la diferencia es nada menos que del 31%. Es decir, hablamos de unos 358 € de media al mes.
La prestación que percibe el autónomo al jubilarse es sobre una base de cotización más allá del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual unos 878 euros. Los asalariados sobran unos 1.236 euros cada mes jubilados.
Los autónomos, además, durante su vida laboral asumen y añaden más riesgo personal, patrimonial y empresarial. Pagan al mes el 29,80 % de su base de cotización sin conocer cuáles serán sus ingresos mes a mes. De igual modo, si su actividad exige más inversión para auto financiarse o pagar deudas, créditos, suministros, etc. Si fracasa cualquier autónomo, pierde o mutila su patrimonio personal y familiar. Pero si quiebra su empleador, los asalariados sólo aplazan el cobro de nóminas determinados meses.
Estos sueldos los avala el estado vía Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Tal ente paga 20 días de sueldo por año trabajado, con máximo de 12 meses. Los autónomos ante su fracaso laboral están reportados a vivir de ahorros, rentas preexistentes o el siempre socorrido apoyo familiar.
Los agravios tienen especial impacto entre las mujeres autónomas. Desde hace años se exigen bonificaciones de cuota para cuidados de menores, dependientes o los permisos de lactancia. La discriminación que sufren estas esforzadas trabajadoras es literalmente inaceptable.
Vayamos al pago de las cuotas mensuales de los autónomos. Oscilan entre poco más de 200 € y los 690 €. A cambio, los servicios y prestaciones que perciben estos trabajadores son mínimos si los comparamos con otros regímenes de la Seguridad Social.
Los ‘sindicatos’ de los autónomos vieron, unánimemente, en las palabras de la ministra Saiz un nuevo ‘sablazo’ contra unos ‘cuentapropistas’ (así llaman en Cuba a los autónomos) que percibirán, repetimos, menos pensiones por jubilación y por bajas (siguen pagando cuota hasta el tercer mes) que sus homólogos asalariados. La orfandad y agravio del autónomo son insólitos en España. No hallamos siquiera referentes o estatus similar en otros países de la Unión Europea o del mundo, como veremos.
Luces y sombras
En España hay más autónomos que nunca. Representan un 16% de los cotizantes a la Seguridad Social (TGSS). Desde diciembre de 2024 se censan 3.394.261 afiliados, de los que un 37% son mujeres. Son más en número que los empleados públicos, que suman 2.965.946, según datos en julio de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Otros números del Ministerio de Trabajo y Economía Social de enero de 2025 detallan que hay 450.416 (13,3%) con tarifa plana (80€ al mes, sólo el primer año de afiliación), frente al conjunto de 2.934.065 autónomos (86,7%) que carecen de ella por acumular cotizaciones que van más allá del primer año de afiliación.
También significamos que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el epígrafe oficial de los autónomos en el contexto oficial, acusa vaivenes numéricos de afiliados por la temporalidad laboral. Se calcula que los últimos años entre 600.000 y 700.000 causan altas y bajas según pivote la macroeconomía.
Desde marzo hasta octubre hay más afiliados en el RETA por la temporada turística y el sector servicios. El resto de meses son típicamente de bajas para los autónomos, en cuyo ascenso pierde una media de 9.000 afiliados. La paradoja viene de la mano a la ‘economía sumergida’ en la que fuerzan a militar muchos autónomos por los agravios que señalamos, las obligaciones burocráticas y la pesada carga tributaria.
Son conscientes en la izquierda que pymes y autónomos son esenciales en el voto urbano y de proximidad. El electoralismo decide medidas gubernamentales
Paradójicamente en la mayoría de países europeos ser trabajador autónomo o empresario individual no equivale a pagar cuotas periódicas. La mayoría de estos trabajadores son emprendedores, profesionales y freelancers que no pagan un céntimo por su actividad. Sólo abonan impuestos sobre sus ganancias, no sobre los ingresos que logran. La asistencia médica, incapacidad y jubilación las sufragan aparte.
Surge una pregunta: ¿Quién es autónomo? Lo definiríamos como persona con actividad económica habitual por la que se lucra sin contrato ni empleador. ¿Quiénes son? Emprendedores, profesionales libres, administradores de pymes, de Sociedades Limitadas (SL) unipersonales, dependientes de clientes fijos o periódicos (TRADE) más los encuadrados en el sector agrario, ganadero y de pesca.
Repetimos, los autónomos enfrentan más dificultades que otros trabajadores. Triplican los índices de siniestralidad laboral sobre los asalariados, según estadísticas de UNESPA, patronal de las aseguradoras. El sector servicios, la construcción, agricultura, ganadería y pesca son los segmentos de estos trabajadores que más siniestralidad acusan.
Más. Cuando los números no les salen y les cuesta mantenerse a los autónomos les resulta complejo acceder a la prestación por cese de actividad. Los requisitos para tramitarlas son más estrictos que el desempleo para asalariados. La SS, además, rechaza seis de cada 10 autónomos esta prestación. Y de concederse se limita a un año. Aclaramos que es preceptivo pagar un ‘extra’ al mes que cubre tal contingencia. Antes de bajar la persiana, el autónomo precisa ayuda divina.
A diferencia del Régimen General de la SS, los autónomos de más de 52 años quedan desprotegidos una vez que finalizan su prestación por cese de actividad. Es decir, tras un año quien la cobra carece de ayudas o subsidios que sí pueden tramitar los asalariados. Para las mayores de 52 años, las autónomas que viven en hogares monoparentales con hijos a su cargo esta orfandad asistencial es especialmente sangrante.
El ‘accidente laboral’ también tiene cuota aparte. Quien no la pague se aliaría con la providencia o tener dones para evitar los accidentes en un colectivo con alta siniestralidad. En 2024 se registraron 32.817 siniestros de autónomos con baja médica. De tales accidentes 29.895 fueron leves, 712 graves y 66 mortales.
El Pacto de Toledo, que equipara una protección social cuyo garante es el gobierno, hace aguas con las diferencias existentes entre asalariados y afiliados al RETA. Los agravios son más que palabras sobre el papel.
Colectivos de autónomos
Para mayor abundamiento, la política más sutil se hace patente entre los colectivos que representan a los afiliados al RETA. Pugnan ciertos colectivos por afiliados con mandatos representativos, algunos no exigen ni el pago de cuota. Sólo pretenden sumar afiliados esperando el retorno del dinero público. Estos números terminan, sin pretenderlo el afiliado, en lobbies del dinero, el gobierno de turno y su oposición política.
El grupo más mediático, independiente y de mayor prestigio es ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos). Su líder, el cordobés Lorenzo Amor, hereda el tesón y el cargo de su fallecido padre, que fue pionero en la defensa de los no asalariados. Es también, Lorenzo Amor Jr. vicepresidente 1º de la CEOE, patronal española más representativa.
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) no oculta su empatía con el PSOE al que raramente contraría cuando está en el gobierno. Otros colectivos, UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), AUPA (Autónomos Unidos Para Actuar) y CEAT más grupos locales o autonómicos presumen de una independencia centrada en defender a los autónomos neutralmente.
Más curioso es que el autónomo que nunca enferma, ni se da de baja, trabaja más de ocho horas cualquier día de la semana, no tiene vacaciones, paga la cuota mensual del RETA desconozca a tales colectivos. ATA refiere tener sobre 850.000 miembros, sería el grupo mayoritario; UPTA no confiesa su censo de afiliados, pero repite en su web los del sector.
Es de agradecer la unanimidad que existe entre los autónomos no afiliados a colectivo alguno. Encuestas al efecto indican el rechazo de promesas, permanentemente incumplidas sobre su estatus, los días electorales. Y sobre la palabrería de políticos más los ‘sablazos’ que les endilgan, antes y después de pedir el voto a este grupo de trabajadores.
Los autónomos pesan mucho. Representan casi el 20% de la población laboral española, incluyendo familiares y empleados. Las pymes las lideran, imperativamente, los afiliados al RETA. Desde hace años no pueden crearse nómina como asalariados de su propio negocio.
No debemos olvidar que los autónomos son un colectivo con sensibilidad especial. Suelen compartir aversión a lo oficial que plasma la elevada cuota social que llega a su cuenta cada mes con apenas retorno. Su estatus requiere una atención específica por parte de las autoridades. Esta no pasa por obligarles a pagar más impuestos y llevar menos dinero a casa.
La cuestionables mutuas
Estas asociaciones empresariales sin ánimo de lucro (algo, sumamente, paradójico) colaboran con la Seguridad Social. Gestionan prestaciones para accidentes de trabajo (AT), enfermedades profesionales (EP) y pagan a los autónomos las Bajas médicas. Su proceder merece un aparte. Desde hace años pagan también Bajas a los asalariados por delegación de la SS. Persiguen el fraude en estos períodos impeditivos lejanos a la salud laboral. Operan este empeño desde hace lustros, cuando el entonces ministro de Trabajo Javier Arenas (PP) les endilgó tal responsabilidad. Desde que cesó Arenas en el Ministerio, en 1999, las mutuas reforzaron con vaivenes su papel supervisor del absentismo y de fraude de las Bajas Médicas.
Curiosamente aumentaron conflictos entre sus médicos y peritos con los de la sanidad pública. Los primeros creen en el milagro de las curaciones y recuperaciones, despachan ‘altas’ como churros bajo el mantra del ahorro de costes; los médicos de Familia y especialistas hospitalarios dictaminan patologías impeditivas que, para AT y EP, acaban en juzgados. Las Mutuas deniegan pensiones casi por norma.
Llama la atención que, cuando las baja es de un autónomo, el énfasis denegatorio es mayor. Expertos consultados concurren en pensar que las grandes mutuas consideran a las empresas de alta plantilla ’clientes’ a los que mimar. Mientras tanto, a los autónomos podrían considerarlos más vulnerables y dignos del agravio con los asalariados. Para el economista Daniel Lacalle la visión es como “si fuesen [los autónomos] defraudadores natos y privilegiados”.
Es más, las licitaciones que publican las mutuas para contratar detectives que documentan el fraude del absentismo, AT y EP o Bajas consideran precios de saldo y contrarios a un mínimo de calidad cuando el resultado es ‘negativo’ sobre el ’positivo’; es decir, cuando se fundamenta el fraude de quien está de baja.
Primar con dinero público (las mutuas reciben fondos de la SS) resultados a priori ‘interesa’ y hace parcial al detective que logra una licitación cobrando por resultados en pro del ‘alta’. Este preocupante hecho ajeno a la neutralidad de todo proveedor debe al estado entraña causa de nulidad en incontables demandas de mutuas contra autónomos en pleitos procesados en Juzgados de lo Social (antiguas magistraturas de trabajo).
Hay más. Agencias de investigadores privados consultadas admiten que se subcontratan servicios a detectives noveles o recién licenciados. Raramente persiguen el fraude frente a asalariados que están de baja con sospecha de fraude. Preguntamos entonces: ¿Los autónomos son los únicos que ‘defraudan’?. Paradójicamente, la mayoría de los detectives que operan estos servicios suelen ‘militar’ en el RETA.
El conjunto diferencial y de agravios entre autónomos y asalariados en España regala pensar que los primeros son quienes pagan más por menos o nada. Son los invitados, callados y obedientes, que sostienen la Seguridad Social sin tener retornos objetivos y proporcionados. A las claras, son los ‘pagafantas’ que financian el lánguido estado del bienestar. Y quien suscribe tiene décadas cotizadas como pagador de cuotas al RETA. Felizmente, los autónomos tienen quien les escriba.